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jueves, 24 de mayo de 2007

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA

DECRETO NÚMERO 872*

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE SINALOA

TÍTULO I
DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES

CAPÍTULO I
DE LAS ACCIONES

Art. 1. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién (sic )quien?) tenga interés en que un órgano jurisdiccional de¬clare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus representan¬tes o apoderados, el Ministerio Público y aquéllos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales.

(Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 2. La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción.

Art. 3. Por las acciones reales se reclamarán: la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria.

Art. 4. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil.

Art. 5. El tenedor de la cosa puede declinar la responsabilidad del juicio, designando al poseedor que lo sea a título de dueño.

Art. 6. El poseedor que niegue la posesión la perderá en beneficio del demandante.


Art. 7. Pueden ser demandados en reivindicación, aunque no posean la cosa, el poseedor que para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejó de poseer y el que está obligado a restituir la cosa, o su estimación si la sentencia fuere condenatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa puede ejercitar a su vez la reivindicación.

Art. 8. No pueden reivindicarse las cosas que están fuera del comercio; los géneros no determinados al entablarse la demanda; las cosas unidas a otra por vía de accesión, según lo dispuesto por el Código Civil, ni las cosas muebles perdidas, o robadas que un tercero haya adquirido de buena fe en almoneda, o de comerciante que en mercado público se dedica a la venta de objetos de la misma especie, sin previo reembolso del precio que se pagó. Se presume que no hay buena fe, si de la pérdida o robo se dio aviso público y oportunamente.

Art. 9. Al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que el poseedor de mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos prescritos en el Código Civil. Igual acción le compete contra el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviera su título registrado y el actor no.

Art. 10. Procederá la acción negatoria para obtener la declaración de libertad, o la de reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o anotación en el Registro de la Propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que caucione el respeto de la libertad del inmueble. Sólo se dará esta acción al poseedor a título de dueño, o que tenga derecho real sobre la heredad.

Art. 11. Compete la acción confesoria al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico que contraría el gravamen, para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de los derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios, en su caso, y se haga cesar la violación. Si fuere la sentencia condenatoria el actor puede exigir del reo que afiance el respeto del derecho.

Art. 12. Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una hipoteca; o bien para obtener el pago, o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de fijada y registrada la cédula hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del predio, con éste continuará el juicio.

Art. 13. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o ab intestado, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o cesionario de éste y contra el que no alega título ninguno de posesión de bien hereditario o dolosamente dejó de poseerlo.


Art. 14. La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus acciones, (sic )accesiones?) sea indemnizado y le rindan cuentas.

Art. 15. El comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario, o ley especial. No puede sin embargo, transigir ni comprometer en árbitros el negocio, sin consentimiento unánime de los demás condueños.

Art. 16. Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación o contra el que a sabiendas y directamente, se aproveche de ella y contra el sucesor del despojante. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor, y que el demandado afiance no volver a perturbar y sea conminado con multa, o arresto para el caso de reincidencia.

La procedencia de esta acción requiere: que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho; que se reclame dentro de un año y el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos.

Art. 17. El que es despojado de la posesión jurídica, o derivada de un bien inmueble, debe ser ante todo restituido y le compete la acción de recobrar contra el despojador, contra el que ha mandado el despojo, contra el que a sabiendas y directamente se aprovecha del despojo y contra el sucesor del despojante. Tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del demandado que afiance su abstención y a la vez conminarlo con multa y arresto para el caso de reincidencia.

Art. 18. La acción de recuperar la posesión, se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos, o vías de hecho causantes del despojo. No procede en favor de aquél que, con relación al demandado poseía clandestinamente, por la fuerza o a ruego; pero sí contra el propietario despojante que transfirió el uso y aprovechamiento de la cosa por medio del contrato.

Art. 19. Al poseedor de predio, o derecho real sobre él, compete la acción para suspender la conclusión de una obra perjudicial a sus posesiones, su demolición o modificación, en su caso, y la restitución de las cosas al estado anterior a la obra nueva. Compete también al vecino del lugar cuando la obra nueva se construye en bienes de uso común.

Se da contra quien la mandó construir, sea poseedor, o detentador de la heredad donde se construye.

Para los efectos de esta acción por obra nueva, se entiende por tal, no sólo la construcción de nueva planta, sino también la que se realiza sobre edificio antiguo, añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta.


Art. 20. La acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana, que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo; y su finalidad es la de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezcan el mal estado de los objetos referidos; obtener la demolición total o parcial de la obra, o la destrucción del objeto peligroso. Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso.

Art. 21. Compete acción a un tercero para coadyuvar en el juicio seguido contra su codeudor solidario. Igual facultad corresponde al tercero cuyo derecho dependa de la subsistencia del derecho del demandado o del actor. El deudor de obligación indivisible que sea demandado por la totalidad de la prestación, puede hacer concurrir a juicio a sus codeudores, siempre y cuando su cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado.

Art. 22. El tercero obligado a la evicción, deberá ser citado a juicio oportunamente para que le pare perjuicio la sentencia.

Art. 23. El tercero que, aduciendo derecho propio, intente excluir los derechos del actor y demandado, o los del primero solamente, tiene la facultad de concurrir al pleito aún cuando ya esté dictada sentencia ejecutoria.

Art. 24. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, perjudican aun a los que no litigaron.

Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute contra cualquier perturbador.

Art. 25. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto.

Art. 26. El enriquecimiento sin causa, de una parte con detrimento de otra, presta mérito al perjudicado para ejercitar la acción de indemnización en la medida en que aquélla se enriqueció.

Art. 27. El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente.

Art. 28. En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, sean reales o personales, se observarán las reglas siguientes:

I. Si no se ha nombrado interventor ni albacea, puede ejercitarlas cualquiera de los herederos o legatarios;

II. Si se ha nombrado interventor o albacea, sólo a éstos compete la facultad de deducirlas en juicio, y sólo podrán hacerlo los herederos o legatarios, cuando requeridos por ellos, el albacea o el interventor, se rehúsen a hacerlo.

Art. 29. Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a quien compete, o por su representante legítimo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo; y excitado éste para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. El tercero demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito.

Las acciones derivadas de derechos inherentes a la persona del deudor, nunca se ejercitarán por el acreedor.

Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a su deudor ejercitarán las acciones pertenecientes a éste, en los términos en que el Código Civil lo permita.

Art. 30. Las acciones que se trasmiten contra los herederos no obligan a éstos sino en proporción a sus cuotas, salvo en todo caso la responsabilidad que les resulte cuando sea solidaria su obligación con el autor de la herencia, por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos.

Art. 31. Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda; por el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras.

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza, corresponden a jurisdicciones diferentes.

Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente acciones contrarias, o contradictorias.

Art. 32. A nadie puede obligarse a intentar, o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes:


I. Cuando alguno públicamente se jacte de que otro es su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor, o aquél de quien se dice que es deudor puede ocurrir al juez de su propio domicilio, pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que afirme tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo designado se tendrá por desistido de la acción que ha sido objeto de la jactancia. Este juicio se substanciará sumariamente. No se reputa jactancioso al que en algún acto judicial, o administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona, o sobre alguna cosa. La acción de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha en que tuvieren lugar los dichos y hechos que la originan;

II. Cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez menor, por cuantía mayor de la que fija la ley para los negocios de su competencia, se hayan remitido los autos a otro juzgado y el tercer opositor no concurra a continuar la tercería;

III. Cuando alguno tenga acción, o excepción que dependa del ejercicio de acción de otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego y si excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél.

Art. 33. Las acciones duran lo que la obligación que representan, menos en los casos que la ley señala distintos plazos.

Art. 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la ley lo permita por hechos supervenientes.

El actor podrá desistirse de su demanda, mientras no haya sido emplazado a juicio el demandado, sin que por ello se le pueda fincar condena alguna. Una vez emplazado a juicio el demandado, el actor podrá desistirse de la instancia, pero requerirá para ello el consentimiento de aquél. Tanto el desistimiento de la demanda como el de la instancia, producirán el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la presentación de la demanda.

El desistimiento de la pretensión extingue ésta, sin que para ello se requiera el consentimiento del demandado. El actor que se desista de la instancia o de la pretensión, será condenado a restituir al demandado los gastos y costas que hubiere legítimamente erogado, así como al pago de los daños y perjuicios que en su caso se le hubieren causado, salvo convenio en contrario.

Se tendrá por abandonado un proceso y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, en cualquier instancia, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el último día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. La caducidad en la segunda instancia, dejará sin efecto los actos procesales verificados en este grado del conocimiento, quedando firme la resolución impugnada.

La caducidad en cualquier grado o instancia, será declarada de oficio por el tribunal, debiendo contarse el plazo para la consumación de la misma, a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se ha hecho la última promoción, lo que ocurra en último término. La caducidad en ningún caso operará una vez que el litigio se encuentre en estado de citación para sentencia, sea en primera o en segunda instancia.


Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda al impulso de la secuela procesal. (F. de E., P.O. No. 007 de 15 de enero de 2001).

(Ref. por Dec. 433, publicado en el P.O. No. 153, de 20 de Diciembre de 2000)


CAPÍTULO II
DE LAS EXCEPCIONES

Art. 35. Son excepciones dilatorias las siguientes:

I. La incompetencia del Juez;

II. La litispendencia;

III. La conexidad por causa;

IV. La falta de personalidad o capacidad en el actor;

V. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción intentada;

VI. La división;

VII. La excusión;

VIII. Las demás a que dieren ese carácter las leyes. (Decreto N1 81 de 29-VI-1984, P. O. Núm. 78 de 29 VI 1984).

Art. 36. En los juicios ordinarios sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento la incompetencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de personalidad. En los juicios sumarios sólo impide el curso del juicio la excepción de incompetencia. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 37. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o por inhibitoria que se substanciará conforme al Capítulo III, Título III.


Art. 38. La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce ya del mismo negocio sobre el cual es demandado el reo. El que la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio. Del escrito en que se oponga se dará traslado por tres días a la contraria, y el juez dictará resolución dentro de las 24 horas siguientes, pudiendo previamente mandar inspeccionar el primer juicio. Si se declara procedente, se remitirán los autos al juzgado que primero conoció del negocio cuando ambos jueces se encuentren dentro de la jurisdicción del mismo tribunal de apelación. Dará por concluido el procedimiento si el primer juicio se tramita en juzgado que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación.

Art. 39. La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone al juzgado que primeramente previno en el consentimiento (sic )conocimiento?) de la causa conexa. Hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas; y cuando las acciones provengan de una misma causa.

Art. 40. No procede la excepción de conexidad:

I. Cuando los pleitos están en diversas instancias;

II. Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferentes.

Art. 41. La parte que oponga la excepción de conexidad acompañará con su escrito copia autorizada de la demanda y contestación que iniciaron el juicio conexo, y con esta prueba y la contestación de la parte contraria, que producirá dentro del tercer día, el juez fallará dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 42. En las excepciones de litispendencia y conexidad, la inspección de los autos será también prueba bastante para su procedencia.

Procedente la excepción de conexidad, se mandarán acumular los autos del juicio al más antiguo para que, aunque se sigan por cuerda separada, se resuelvan en la misma sentencia.

Art. 43. Las excepciones de falta de personalidad y capacidad se substanciarán como incidentes.


TÍTULO II
REGLAS GENERALES

CAPÍTULO I
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD

Art. 44. Todo el que, conforme a la ley, esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer en juicio.

Art. 45. Por los que no se hallen en el caso del artículo anterior comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Título XI, Libro Primero del Código Civil.

Art. 46. Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés con que se actúa en juicio, dejará de ser parte quien lo haya transmitido y lo será quien lo adquiera.

Estas transmisiones no afectan al procedimiento judicial, excepto en los casos en que hagan desaparecer, por confusión substancial de intereses, la materia del litigio. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 46 Bis. En cualquier momento que se acredite en juicio el fallecimiento o la extinción de una de las partes, el proceso quedará interrumpido por el tiempo indispensable para que se apersone en el mismo el causahabiente de la desaparecida o su representante.

También se interrumpe el proceso cuando muere el representante procesal de una parte. En este caso, la interrupción cesa al vencimiento del plazo señalado por el Tribunal para la substitución del representante procesal desaparecido, siendo a perjuicio de la parte si no prove (sic )provee?) a su representación en el juicio. (Decreto N1 795 de 19 IV 1¬989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 47. El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad; no obstante, el litigante tiene el derecho de impugnarla cuando tenga razones para ello. Contra el auto en que el Juez desconozca la personalidad procede el recurso de apelación. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 48. El que no estuviere presente en el lugar del juicio, ni tuviere persona que legítimamente lo represente, será citado en la forma prescrita en el Capítulo IV de este Título; pero si la diligencia de que se trata fuere urgente o perjudicial la dilación, a juicio del tribunal, el ausente será representado por el Ministerio Público.

Art. 49. En el caso del artículo anterior, si se presentare por el ausente una persona que pueda comparecer en juicio, será admitida como gestor judicial.

Art. 50. La gestión judicial es admisible para representar al actor o al demandado.

El gestor debe sujetarse a las disposiciones de los artículos 1780 y 1793 del Código Civil y gozará de los derechos y facultades de un procurador.

Art. 51. El gestor judicial antes de ser admitido debe dar fianza de que el interesado pasará por lo que él haga y de pagar lo juzgado y sentenciado e indemnizar los perjuicios y gastos que se causen. La fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad.

Quien esté unido en matrimonio podrá comparecer como gestor de su cónyuge sin necesidad de otorgamiento de fianza, ya sea que la demanda se intente por o en contra de alguno de los cónyuges en lo personal o de la sociedad conyugal. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 52. El fiador del gestor judicial renunciará todos los beneficios legales, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 2731 y 2736 del Código Civil.


Art. 52 Bis. Las partes pueden nombrar para que las representen en juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados.

Para este efecto, bastará que la designación se haga en escrito privado dirigido al juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de los nombrados. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 53. Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, deberán litigar unidas bajo una misma representación. A este efecto deberán, dentro de tres días, nombrar un procurador judicial que los represente a todos, con las facultades necesarias para la continuación del juicio, o elegir de entre ellos mismos un representante común. Si no nombraren procurador ni hicieren la elección de representante, o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados. El procurador nombrado tendrá las facultades que en su poder le hayan concedido. El representante común tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de transigir y comprometer en árbitros, a menos de que expresamente le fueren también concedidas por los interesados.

Art. 54. Mientras continúe el procurador o representante común en su encargo, los emplazamientos, notificaciones y citaciones de todas clases que se le hagan, tendrán la misma fuerza que si se hicieren a los representados, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éstos.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES

Art. 55. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento.

Art. 56. Las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspon¬diente traducción al castellano. Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

Art. 57. En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas. Toda corrección o enmienda, deberá ser anotada y salvada al final del acta. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 58. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto.


Art. 59. Las audiencias en los negocios serán públicas, exceptuándose las que se refieren a divorcio, nulidad de matrimonio y las demás en que a juicio del tribunal convenga que sean secretas.
El acuerdo será reservado.

Art. 60. Los jueces y magistrados a quienes corresponda recibirán por sí mismos las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba, bajo su responsabilidad.

Art. 61. Los jueces, magistrados y secretarios tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarden el respeto debido.

El incumplimiento a lo mandado por este precepto se sancionará mediante la imposición de correcciones disciplinarias, según las reglas establecidas en las fracciones I y II del Artículo 62. Pueden también emplear el uso de la fuerza pública.

Cuando la infracción llegare a tipificar delito se procederá conforme a la legislación penal. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 62. Se entenderá corrección disciplinaria:

I. El apercibimiento o amonestación;

II. La multa, que será hasta de treinta días del salario mínimo general vigente en el Estado, cuando la impongan los jueces menores; hasta de ciento veinte días del mismo salario mínimo en los Juzgados de Primera Instancia y hasta de ciento ochenta días de salario mínimo, cuando sea impuesto por el Supremo Tribunal de Justicia; las que podrán duplicarse en caso de reincidencia;

III. La suspensión que no exceda de un mes. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 63. Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se le impuso, podrá ésta pedir al juez que la oiga en justicia; y se citará para la audiencia dentro del tercero día, en la que, se resolverá sin más recurso que el de queja.

Art. 64. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles los que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado determine.

Se entienden horas hábiles las que medien desde las seis hasta las dieciocho horas. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando ésta y las diligencias a practicarse. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).


Art. 65. Las copias simples de los documentos que se presenten, confrontadas y autorizadas por el Secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el Tribunal, donde podrán verlos la parte contraria si lo pidiere.

Los interesados pueden presentar una copia simple de sus escritos, a fin de que se les devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación, sellada y firmada por el empleado que la reciba en el tribunal.

Una vez que el negocio se encuentre identificado por su número en el juzgado o tribunal, en los escritos que se presenten deben las partes proporcionar esa numeración, el nombre de los contendientes y la clase de juicio.

No se dará curso a promoción alguna, en tanto el interesado proporciona al Tribunal los datos que hagan posible la identificación del negocio en que se promueve. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 66. En la recepción de los escritos se hará constar el día y la hora en que se presenten dándose cuenta con los mismos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes bajo pena de multa en los términos del Artículo 62, fracción II, de este Código. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 67. Los secretarios cuidarán de que los expedientes sean exactamente foliados, al agregarse cada una de las hojas; rubricarán todas éstas en el centro de los escritos y pondrán el sello de la Secretaría o del Tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras.

Art. 68. El promovente de diligencias de jurisdicción voluntaria, así como los litigantes, podrán designar un notario que desempeñe las funciones que este Código asigna al secretario. En las testamentarías e intestados, la designación podrá hacerse por el albacea.

La remuneración del notario no se regulará en las costas, sino cuando fuere designado de común acuerdo.

Art. 69. Sólo se entregarán los autos a las partes para formar o glosar cuentas y para que tomen apuntes antes de alegar, o cuando de común acuerdo lo pidieren. Los autos y copias en su caso se entregarán por el secretario directamente a las partes, por medio de conocimiento que deberán firmar éstas. Las frases "dar vista" o "correr traslado", sólo significan que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, o para que se entreguen las copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público.

Art. 70. Los autos que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal.


La reposición se substanciará sumariamente; y sin necesidad de acuerdo judicial, el secretario hará constar desde luego la existencia anterior y falta posterior del expediente.

Quedan los jueces facultados para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidos, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho.

Art. 71. Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, se requiere decreto judicial, atendiendo lo que prevé el Artículo 324 de este Código. El Juez podrá mandarlas adicionar con las constancias que considere pertinentes.

Cuando la parte que exhibió un decumento (sic )documento?) en el juicio pidiere la devolución del original, se devolverá éste anotado con las indicaciones necesarias para identificar el juicio en que fué (sic )fue?) presentado, y si está pendiente o resuelto en definitiva. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 72. Los tribunales desecharán de plano los recursos e incidentes notoriamente frívolos e improcedentes, consignando en su caso el hecho al Agente del Ministerio Público que corresponda. Contra el auto que deseche la admisión de un incidente cabe la apelación en efecto devolutivo. (Decreto N1 602 de 4 VII 1995, P.O. de 21 VII 1995, Núm. 87).

Art. 73. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden indistintamente y sin sujetarse a orden alguno, emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: (Decreto N1 602 de 4 VII 1995, P.O. de 21 VII 1995, Núm. 87).

I. La multa hasta por las cantidades a que se refiere el Artículo 62, fracción II, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia;

II. El auxilio de la fuerza pública;

III. El cateo por orden escrita;

IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. (Decreto N 94 de 25-VI-1996, P. O. Núm. 80 de 3-VII-1996).

Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.

Art. 75. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra.


Art. 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.

Art. 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.

Art. 78. Sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, los demás supuestos en que la ley expresamente lo determine, y aquellos en que el juez, atendiendo a la naturaleza del caso, lo considere pertinente. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva. (Decreto N1 602 de 4 VII 1995, P.O. de 21 VII 1995, Núm. 87).

Art. 79. Las resoluciones judiciales son:

I. Sentencias, cuando deciden el fondo del debate;

II. Interlocutorias, las que dirimen una cuestión incidental controvertida entre las partes;

III. Autos, los que entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, denegación de prueba, procedencia e improcedencia de demanda y de reconvención, así como cuando preparan el conocimiento y decisión del negocio;

IV. Decretos, los no comprendidos en las anteriores. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 80. Todas las resoluciones judiciales serán autorizadas con la firma entera de los Magistrados, Jueces o Secretarios que intervengan.

Art. 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Art. 82. Quedan abolidas las antiguas fórmulas de las sentencias y basta con que el juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional.


Art. 83. Los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.

Art. 84. Tampoco podrán los jueces y tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto o suplir cualquiera omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio.

Estas declaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte presentada dentro del día siguiente al de la notificación.

En este último caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicita la aclaración.

Art. 85. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación.

Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena, a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.

Art. 86. Las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el objeto del pleito.

Art. 87. Las sentencias deben dictarse dentro de ocho días desde que expiró el plazo para alegar en los juicios que se tramitaren por escrito.

En los juicios tramitados oralmente, según su naturaleza, los puntos resolutivos pueden dictarse en las audiencias mismas de pruebas y alegatos, debiéndose en este caso engrosar dentro de los cinco días siguientes. El tribunal podrá disfrutar de los ocho días a que se refiere el primer párrafo para dictar sentencia.

Art. 88. En los juicios sumarios pueden dictarse los puntos resolutivos en la audiencia de pruebas y alegatos y en este caso el engrose se hará dentro del quinto día. Si no se dictaren los puntos resolutivos en la audiencia se sentenciará dentro de los cinco días siguientes a la misma sin perjuicio de lo que dispone el artículo 424.

Art. 89. Los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente.

Art. 90. Los decretos, los autos y las sentencias serán pronunciados necesariamente dentro del término que para cada uno de ellos establece la ley.


Art. 91. Toda sentencia tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma prescrita por el derecho, con conocimiento de causa y por juez legítimo con jurisdicción para darla.

Art. 92. La sentencia firme produce acción y excepción contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente al juicio.

Art. 93. La cosa juzgada sólo podrá ser materia de contradicción mediante juicio de nulidad por terceros afectados en un derecho dependiente del que ha sido materia de sentencia, si ésta fue producto de dolo o colusión en su perjuicio.

El juicio de nulidad no suspende los efectos de la cosa juzgada que haya sido impugnada, sino hasta que recaiga sentencia firme que la declare nula.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 94. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva.

Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Art. 95. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:

11. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro;

21. El documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona;

31. Una copia en papel común del escrito y de los documentos cuando haya de correrse traslado al colitigante. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 96. También deberá acompañarse a toda demanda o contestación, el documento o documentos en que la parte interesada funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales.


Se entenderá que el actor tiene a su disposición los documentos y deberá acompañarlos precisamente a la demanda, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo público del que pueda pedir y obtener copias autorizadas de ellos.

Art. 97. La presentación de documentos de que habla el artículo anterior cuando sean públicos, podrá hacerse por copia simple, si el interesado manifestare que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquella ningún efecto si durante el término de prueba o en la audiencia respectiva no se presentare una copia del documento con los requisitos necesarios para que haga fe en juicio.

Art. 98. Después de la demanda y la contestación no se admitirán ni al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:

l1. Ser de fecha posterior a dichos escritos;

21. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia;

31. Los que no hayan sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada, siempre que haya hecho oportunamente la designación expresada en el párrafo 21. del Artículo 96.

En cualquier otro caso, serán inadmisibles y al declararlo así el tribunal ordenará devolverlos al promovente. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 99. No se admitirá documento alguno después de la citación para sentencia en los juicios escritos, o durante la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en los juicios correspondientes. El juez repelerá de oficio los que se presenten, mandando devolverlos a la parte, sin ulterior recurso.

Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad que tienen los tribunales de investigar la verdad sobre los puntos controvertidos de acuerdo con las reglas generales de prueba.

Art. 100. De todo documento que se presente después de la demanda o la contestación, por el actor o demandado, respectivamente, se dará traslado a la otra parte para que dentro del tercer día manifieste lo que a su derecho convenga. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 101. Cuando la impugnación del documento nuevo se refiera a su admisión, por no hallarse en ninguno de los casos expresados en el artículo 98, de ser atendible, el juez procederá en los términos del último párrafo de dicho precepto, en cuyo caso la resolución será apelable en efecto devolutivo.

Si la objeción se fundare en causa distinta, la resolución de lo que se estime procedente se reservará para la definitiva.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 102. Las copias de los escritos y documentos se entregarán a la parte o partes contrarias al notificarles la providencia que haya recaído en el escrito respectivo, o al hacerles la citación o emplazamiento que proceda.

Art. 103. Por regla general cuando se prevea la exhibición de copias para la parte contraria, en el evento de que no se acompañaren el juez señalará un término de tres días para que sean presentadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo el escrito o documento correspondiente no será admitido, sin que contra tal inadmisión proceda recurso alguno. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

CAPÍTULO IV
DE LOS EXHORTOS Y DESPACHOS

Art. 104. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades judiciales del Estado, se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija, necesariamente, mayor tiempo.

Art. 105. Las diligencias que no puedan practicarse en el Distrito en que se sigue el juicio, deberán encomendarse precisamente al tribunal de aquél en que han de ejecutarse.

También puede un tribunal aunque una diligencia deba practicarse dentro de su propia jurisdicción, encomendarla a otro de inferior categoría del mismo Distrito, si por razón de la distancia fuere más obvio que éste la practique.

Art. 106. Los tribunales superiores pueden, en su caso, encomendar la práctica de diligencias a los jueces inferiores de su jurisdicción.

Art. 107. En los despachos y exhortos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido, por ordenarla la ley de su jurisdicción, como requisito para obsequiarlos.

Para que los exhortos de los tribunales de las demás Entidades de la Federación, sean diligenciados por los del Estado, no será necesaria la legalización de las firmas de los funcionarios que los expidan.

Art. 108. Los exhortos que se remitan al extranjero o se reciban de él, se sujetarán, en cuanto a sus formalidades, a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedi¬mientos Civiles.

Art. 109. Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de devolverlos con lo que se practicare, si por su conducto se hiciere la devolución.



CAPÍTULO V
DE LAS NOTIFICACIONES

Art. 110. Los notificadores deberán practicar las notificaciones dentro de los tres días siguientes al en que reciban el expediente o las actuaciones correspondientes, salvo que el juez o la ley dispusieren otra cosa.

Las infracciones de estas (sic )esta?) disposición, serán sancionadas en los términos del Artículo 62. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 111. Las notificaciones podrán ser:

I. Personales;

II. Por instructivos o cédula;

III. Por lista de acuerdos y por estrados;

IV. Por edictos;

V. Por correo y telégrafo.

Las diversas formas de notificación se ajustarán a las reglas que prevé este Código. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 112. Los litigantes en su primer escrito o diligencia deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; también harán esa designación al notificárseles la determinación en la que se les haga saber el nuevo lugar donde se mande pasar el negocio, haciéndosele saber el nombre del tribunal de la nueva radicación.

Igualmente, deben designar el domicilio en que ha de hacerse la notificación a la persona o personas contra quienes se promueva.

Si no cumplen con las prevenciones a que se refiere el primer párrafo las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deben hacerse personalmente, se harán por lista de acuerdos, en los términos del Artículo 116. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).


Art. 113. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, en su caso a los representantes o procuradores, por el Secretario o Actuario del Juzgado que lo ordene, en su casa habitación o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y finalmente donde se encuentre el interesado. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, que la casa señalada como domicilio del destinatario es realmente su habitación, le dejará instructivo en el que hará constar: el nombre y apellido del promovente, el Juez o Tribunal que manda practicar, la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole su firma en la razón que se levantará del acto que se agregará a las diligencias. La notificación de que se trata, en el caso de personas morales, se entenderá con sus representantes. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 114. Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare al destinatario, se le dejará citatorio con las personas a las que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, para hora hábil del día siguiente.

Previamente a dejar citatorio o practicar el emplazamiento, el notificador, bajo su estricta responsabilidad y en forma fehaciente, mediante el dicho de quien se encuentra en el domicilio o en su defecto de los vecinos inmediatos, deberá de cerciorarse de que el lugar donde se actúa es el domicilio de la persona que se busca, debiendo de exponerse en el acta los medios por los cuales se enteró de esa circunstancia.

Si en el domicilio señalado no se encontrare persona alguna o se negare a recibir el citatorio, éste se fijará en la puerta del domicilio, una copia se le entregará al vecino más inmediato para que la haga llegar al interesado y otra se agregará al expediente.
No (sic )Si no?) obstante el citatorio el interesado no espera, se le hará la notificación por instructivo la que se entregará en el caso de que este (sic )de este?) artículo y del anterior, a los parientes, empleados o cualquier otra persona que ahí habite que sea mayor de catorce años, según su propio dicho, o a juicio del notificador.

El instructivo, que contendrá los requisitos prevenidos en el artículo anterior, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, junto con una copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con la demanda y una copia del mismo se agregará al expediente.

Si en el domicilio designado para el emplazamiento se negasen (sic )a?) recibir el instructivo, no se encontrase ninguna de las personas señaladas o el mismo se encontrase cerrado, la diligencia se entenderá con el vecino más inmediato, y a partir de este momento se tiene por hecho el emplazamiento.


En este caso y en el del párrafo siguiente, será obligación del notificador fijar copia del instructivo en la puerta del domicilio, en los estrados del Juzgado y en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio donde se practique la notificación y por último se le enviará a dicho domicilio copia del instructivo por pieza postal certificada con acuse de recibo, debiéndose de agregar al expediente el comprobante de envío de la pieza postal, a más tardar el día siguiente de practicada la diligencia.

Si no hubiere vecinos o éstos se negaren a recibir el instructivo y las copias del traslado, dichos documentos quedarán a disposición del interesado en la Secretaría del Juzgado que practicó la diligencia y el emplazamiento comenzará a surtir efectos después de cinco días de la fecha de envío del instructivo por correo, salvo que dentro de dicho término el demandado comparezca al local del Juzgado a recibir la notificación, en cuyo caso, el emplazamiento surtirá sus efectos el día de su realización.

La notificación de la demanda a las personas morales, se hará por conducto de su legítimo representante; si los representantes fueren varios, el emplazamiento será válido cuando se haga a cualquiera de ellos y si la representación corresponde a una junta o cuerpo colegiado, bastará que se haga a uno de ellos. Si no se encontrare, se procederá en los términos expuestos en este artículo. (Decreto N1 158 de 7-II-1985, P.O. Núm. 19 de 13-II-1985).

Art. 115. Las notificaciones distintas a las personales se harán por lista de acuerdos, en los términos del Artículo 116 y surten sus efectos al día siguiente de su publicación. (Decreto N1 158 de 7-II-1985, P.O. Núm. 19 de 13-II-1985).

Art. 116. La lista numerada de los negocios acordados o resueltos, se publicará diariamente en la tabla de avisos antes de las catorce horas, designándose en ella solamente los nombres y apellidos de los interesados y la naturaleza del procedimiento judicial. Dicha lista irá autorizada con el sello y la firma del Secretario correspondiente. En ella no se inscribirán las resoluciones judiciales que tengan por objeto el depósito de personas, el requerimiento de pago, los embargos precautorios, el aseguramiento de bienes u otras diligencias semejantes de carácter reservado a juicio del juez. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 117. Si se probare que no se hizo la notificación personalmente, compareciendo la parte al Tribunal con ese objeto, será responsable el Secretario o la persona que debió hacer aquélla, de los daños y perjuicios y se le impondrá además, cualquiera de las sanciones que prevé el Artículo 62. (Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P.O. de 3 V 1989).

Art. 118. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes:

I. El emplazamiento del demandado y del reconvenido y la primera notificación aunque sean diligencias preparatorias;

II. El auto que mande abrir el juicio a prueba;

III. El auto que admita o deseche un incidente, así como el que admita o niegue la admisión de un recurso; (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

IV. El auto que ordena la cita para absolución de posiciones o reconocimiento de documentos;

V. El acuerdo que entrañe un apercibimiento o prevención, así como el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

VI. La sentencia de fondo e interlocutorias;

VII. El acuerdo que mande hacer saber el envío del expediente a otro tribunal o surecepción; (sic )su recepción?)

VIII. La primera resolución que se dicte, cuando se dejare de actuar por seis meses por cualquier motivo;

IX. El auto que apruebe o desapruebe el remate; y

X. En los demás casos que la Ley o el Juez así lo dispongan. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 118 Bis. Salvo el emplazamiento para contestar demanda, las notificaciones a que se refiere el artículo anterior se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 113 en el domicilio señalado para el efecto. No encontrándose el interesado o su autorizado, la misma se hará por instructivo que se entregará a las personas a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 114, sin que sea necesario dejar citatorio previo.

Si la casa, despacho o domicilio señalado para recibir notificaciones por las partes no existe, está desocupado o permanece cerrado después de dos búsquedas en días sucesivos y en horas de despacho, se hará constar dicha circunstancia y las notificaciones personales surtirán efectos por medio de instructivo fijado en la tabla de avisos del juzgado.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 119. Cuando se ignore el lugar y la habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o notificada, pero tenga representante o apoderado jurídicos, a éstos debe hacerse la notificación, si careciera de ellos, la primera notificación se hará por medio de edictos publicados por dos veces en el Periódico "El Estado de Sinaloa" y en algún otro periódico de mayor circulación a juicio del Juez, sin perjuicio de entregar una copia de la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha tenido su última residencia, o si ésta se ignora, donde haya nacido, si también éste se desconoce, la copia se entregará a la Procuraduría de Justicia del Estado.


En los casos a que se refiere el presente artículo la notificación surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha su última publicación y la entrega. Si el destinatario no compareciera, se le harán las demás notificaciones en los términos del artículo 115 de este Código. (Decreto N1 311 de 27 II 1956, P. O. de 3 III 1956).

Art. 119 Bis. La forma de la publicación de los edictos, se regirá por las reglas siguientes:

I. Cuando la ley ordene la publicación de varios edictos dentro de un periodo determinado, sólo se requerirá que entre la primera y la última publicación no haya transcurrido más tiempo del plazo legalmente señalado, sin necesidad de que los intervalos de su publicación se dividan en espacios regulares.

II. Cuando la finalidad de la notificación sea conceder un plazo para el ejercicio de un derecho procesal, éste empezará a correr al día siguiente de la última publicación de los edictos.

III. Si la notificación es con el propósito de dar a conocer la celebración de una audiencia o la práctica de una diligencia judicial, sólo será necesario que la publicación del último edicto se haya realizado con anticipación de tres días hábiles a la fecha señalada para tal efecto.

(Adic. por Dec. 433, publicado en el P.O. No. 153 de 20 de diciembre de 2000)

Art. 120. Cuando el demandado resida en el extranjero, se ampliará el término del emplazamiento a todo el que el Juez considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Art. 121. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquéllas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esta circunstancia.

Art. 122. En los casos de notificación por lista de acuerdos, se pondrá en los autos razón del número y la fecha con que se haya listado el acuerdo respectivo. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 123. Cuando haya de notificarse a una persona fuera de la jurisdicción del juez de la causa, la notificación se hará por medio de oficio dirigido a la autoridad judicial correspondiente, para que ésta la mande practicar en los términos de ley.

Si el proveído o mandato se dirige a una autoridad, dependencia u órgano oficial, sea dentro o fuera del Estado, el juez podrá enviar directamente el oficio comunicando su resolución.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 124. Cuando variare el personal de un tribunal, no se proveerá decreto haciendo saber el cambio, sino que al margen del primer proveído que se dictare, después de ocurrido el cambio, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios.

Art. 125. Cuando se trate de citar peritos y testigos, se les notificará en sus domicilios en los términos del artículo 113.

También podrá notificárseles por instructivo utilizando el correo con acuse de recibo; por telégrafo agregando copia del telegrama en autos, debiendo asentarse la forma y fecha en que se practique la notificación.

El juez podrá ordenar que las citaciones de que trata este artículo se hagan por conducto de la parte que la haya solicitado y mediante instructivo, debiendo de recabarse la firma de recibido del testigo o perito en la copia que al efecto se expedirá, apercibiendo al interesado que de no hacer la citación será declarada desierta la prueba. Para ordenar la práctica de esta forma de notificación, el Juez hará uso de su prudente arbitrio, considerando las constancias de autos y la conducta procesal de las partes razonando así su resolución. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P. O. de 3-V-1989).

Art. 126. Las partes tienen facultad para autorizar una o varias personas para que reciban notificaciones. En tanto no se revoque dicha designación, las resoluciones que se notifiquen a los autorizados surten los mismos efectos que si fueren practicadas directamente al interesado. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 127. El incidente de nulidad de actuaciones se substanciará ante el mismo juzgado o tribunal que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará la nulidad correspondiente desde la actuación de que se trate. Si no estuviere conforme, y en caso de que el incidente exigiere prueba, previa solicitud de parte se convocará a una audiencia para su recepción, que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días. Celebrada la audiencia o de no haberse requerido prueba, el juez resolverá lo que proceda dentro del término de tres días. En caso de que se declare la nulidad, se impondrá al responsable cualesquiera de las sanciones previstas por el artículo 62. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 128. Cuando por culpa del actor, no se emplace personalmente al demandado se impondrá al responsable una multa de conformidad con lo previsto por la fracción II del artículo 62, sin perjuicio de la sanción que corresponda por los delitos que resultaren cometidos. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

CAPÍTULO VI
DE LOS TÉRMINOS JUDICIALES

Art. 129. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación.

Art. 130. Cuando fueren varias las partes y el término común, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas.


Art. 131. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la Ley. (Decreto N1 251 de 26-I 1983, P.O. de 2 II 1983, Sección Segunda).

Art. 132. DEROGADO. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 133. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse; salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.

Art. 134. Siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de personas que estén fuera del lugar del juicio, para que concurran ante el tribunal, se debe fijar un término en el que se aumente al fijado por la Ley un día más por cada doscientos kilómetros o fracción que exceda de la mitad, salvo que la Ley disponga otra cosa expresamente, o que el juez estime que debe ampliarse. Si el demandado residiere en el extranjero, el Juez ampliará el término de emplazamiento a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. (Decreto N1 795 de 19 IV 1¬989, P.O. de 3 V 1989).

Art. 135. Los términos que por disposición expresa de la ley o por la naturaleza del caso no son individuales, se tienen por comunes para las partes.

Art. 136. Para fijar la duración de los términos los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.

Art. 137. Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

I. Ocho días para apelar de sentencia definitiva; (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

II. Cinco días para apelar de interlocutorias o autos; (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

III. Tres días para la celebración de juntas, reconocimientos de firmas, exhibición de documentos, dictamen de peritos; a no ser que por circunstancias especiales creyere justo el juez ampliar el término, lo cual podrá hacer por tres días más;

IV. Tres días para todos los demás casos.

Art. 138. Todos los términos serán improrrogables, salvo cuando expresamente autorice la ley lo contrario.

No se concederá prórroga alguna sino con la audiencia de la parte contraria y siempre que haya sido pedida antes, de que expire el término señalado. En ningún caso podrá exceder la prórroga de los días señalados como término legal.

CAPÍTULO VII
DE LAS COSTAS

Art. 139. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia, o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio.

Art. 140. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva; en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la del patrono, sino cuando fueren abogados recibidos.

Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas, sino cuando estén autorizados legalmente para ejercer su profesión y haya reciprocidad internacional con el país de su origen en el ejercicio de la abogacía.

Art. 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados.

II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados;

III. El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;

V. El que promueva acciones o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia; y


VI. El que promueva recursos o incidentes notoriamente improcedentes, con el fin de entorpecer el proceso. (Decreto N1 545 de 12 VII 1944, P.O. del 1 VIII 1944, Decreto N1 795 de 19 IV 1989, P. O. de 3 V 1989).

Art. 142. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.

De esta decisión, si fuere apelable, se admitirá el recurso en el efecto devolutivo.

Art. 143. Cuando entablada la demanda, el demandado al ser requerido, cumpla la obligación, las costas sólo comprenderán los honorarios del abogado y los gastos que el demandante justifique haber erogado hasta el acto en que el demandado se allane al cumplimiento.

En caso de desistimiento de alguna de las partes, los gastos y costas se causarán teniendo en cuenta el estado del negocio hasta la actuación que hubiere probado (sic )aprobado?) el desistimiento.

Art. 144. En los negocios ante los Jueces Menores no se causarán costas cualquiera que sea la naturaleza del juicio.

Art. 145. Si los honorarios de los peritos no estuvieren determinados por el arancel y fueren impugnados, se oirá a otros dos individuos de su profesión. No habiéndolos en el lugar de la residencia del tribunal o juez que conozca de los autos, podrá recurrirse a los de las poblaciones inmediatas.

Art. 146. Siempre que se haga condenación en costas por causas de temeridad o mala fe o en el caso de la fracción II del artículo 141, serán responsables de ellas solidariamente el interesado y su patrono, a quien, además, podrá el Juez imponerle la sanción que establece la fracción II del artículo 62. Si el interesado no hubiere tenido patrono en los casos que este Código autoriza y comprobare haber seguido consejo de persona no titulada, ésta será también responsable solidariamente con el interesado del pago de las costas y además, en todo caso, se le impondrá la multa referida. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).


TÍTULO III
DE LA COMPETENCIA

CAPÍTULO I

Art. 147. Toda demanda debe formularse ante juez competente.

Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que apoya su incompetencia.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en este Código para los casos de excusas.

Si el juez deja de conocer por recusación o excusa conocerá el que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 148. Es juez competente aquél de los señalados en el artículo 153 ante quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.

Hay sumisión expresa, cuando los interesados renuncian terminantemente el fuero que la ley les concede y designan con precisión el juez a quien se someten.

Art. 149. Se entienden sometidos tácitamente:

I. El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda, ya sea al ejercitar una acción, o contestando la reconvención que se le opusiere;

II. El demandado, por oponer excepciones, por contestar la demanda en cuanto al fondo, o por reconvenir a su colitigante;

III. El que, habiendo promovido la incompetencia del juez, se desiste de ella;

IV. El tercer opositor o el que por cualquier motivo viniere al juicio en virtud de incidente.

Art. 150. Ni por sumisión expresa ni por tácita, se puede prorrogar jurisdicción sino a juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga.

Art. 151. Los litigantes sólo pueden promover la competencia cuando no se hayan sometido a una jurisdicción, expresa o tácitamente.

El juez que, por resolución expresa haya reconocido la jurisdicción de otro, no puede promoverle competencia. Si la jurisdicción ajena ha sido reconocida, no por acto propio, sino cumplimentando un exhorto, el tribunal que así lo haya hecho no estará impedido para entablar competencia sosteniendo su jurisdicción.

Art. 152. Es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, exceptuándose los casos de incompetencia por razón de jurisdicción territorial o por convenio de las partes sobre la validez de lo actuado; así como también si se trata de incompetencia sobrevenida o de casos declarados por la ley. La nulidad de que trata este artículo, es de pleno derecho y por tanto no requiere declaración judicial.

Los tribunales declarados competentes harán de oficio que las cosas se restituyan al estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas; salvo que la ley disponga lo contrario.

CAPÍTULO II

REGLAS PARA LA FIJACIÓN DE LA COMPETENCIA

Art. 153. Es juez competente:

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago;

II. El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no sólo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad;

III. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando estuvieren comprendidos en dos o más distritos, será a prevención;

IV. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios será competente el Juez del domicilio que escoja el actor. (sic );?)

V. A falta de domicilio fijo será competente el Juez del lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal y el de la ubicación de la cosa, cuando la acción sea real. (sic );?)

VI. En los juicios hereditarios, el Juez en cuya comprensión haya tenido en (sic) su último domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia, y su (sic )si?) estuviere en varios distritos el Juez de cualquiera de ellos a prevención; y a falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia;

VII. Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer:

a). De las acciones de petición de herencia;

b). De las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes;

c). De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria;

VIII. En los concursos de acreedores el Juez del domicilio del deudor;


IX. En los actos de jurisdicción voluntaria el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de bienes raíces, lo será el (sic )el del?) lugar donde estén ubicados;

X. En los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, el Juez de la residencia de éstos, para la designación del tutor, y en los demás casos el del domicilio de éste;

XI. En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes;

XII. Para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad de matrimonio, lo es el del domicilio conyugal;

XIII. En los juicios de divorcio, el Tribunal del domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar el del domicilio del cónyuge abandonado;

XIV. En los juicios de alimentos, el del domicilio del actor; y (Ref. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

XV. En los juicios especiales de pérdida de patria potestad, el Juez del domicilio de la institución de asistencia social, sea pública o privada, que haya acogido a la persona menor de edad. (Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 154. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor. Los réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella.

Art. 155. Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se tratare de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo.

Art. 156. En las contiendas sobre propiedad o posesión de un inmueble, la competencia se determinará por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la cosa misma. Pero de los interdictos conocerán siempre los jueces de primera instancia de la ubicación de la cosa.

Art. 157. De las cuestiones sobre estado o capacidad de las personas, sea cual fuere el interés pecuniario que de ellas dimanare, conocerán los jueces de primera instancia.

Art. 158. En la reconvención, es Juez competente el que lo sea para conocer de la demanda principal aunque el valor de aquella sea inferior a la cuantía de su competencia; si de la demanda principal conoce un Juez menor y la reconvención es de mayor cuantía a su competencia, pasará el negocio al Juez competente. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).


Art. 159. Las cuestiones de tercería deben substanciarse y decidirse por el juez que sea competente para conocer del asunto principal. Cuando el interés de la tercería que se interponga exceda del que la ley somete a la competencia del juez que está conociendo del negocio principal, se remitirá lo actuado en éste y la tercería al que designe el tercer opositor y sea competente para conocer de la cuestión por razón de la materia, del interés mayor y del territorio.

Art. 160. Para los actos preparatorios del juicio, será competente el juez que lo fuere para el negocio principal.

En las providencias precautorias regirá lo dispuesto en el párrafo anterior. Si los autos estuvieren en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria el juez que conocióo' de ellos en primera instancia. En caso de urgencia, puede dictarla el del lugar donde se hallen la persona o la cosa objeto de la providencia y efectuado se remitirán las actuaciones al competente.

Art. 161. Cuando en el lugar hubiere varios jueces competentes, cualquiera podrá conocer del negocio. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 162. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, se entenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley en casos excepcionales.

CAPÍTULO III
DE LA SUBSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Art. 163. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos.

La declinatoria se propondrá ante el tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. El juez remitirá los autos a su inmediato superior, emplazando a los interesados para que en un término de cinco días comparezcan ante éste, el cual, en una audiencia en que se reciban las pruebas y alegatos de las partes y del Ministerio Público, resolverá la cuestión mandando sin retardo los autos al juez que estime competente, quien debe hacerlo saber a los litigantes. En este caso la demanda y la contestación se tendrán como presentadas ante éste. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

En ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia; pero el juez que se estime incompetente puede inhibirse del conocimiento del negocio, siendo apelable en ambos efectos su resolución y el tribunal de alzada fijará definitivamente la competencia.


Art. 164. Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se desechará de plano, conti¬nuando su curso el juicio.

También se desechará de plano cualquiera competencia promovida que no tenga por objeto decidir cuál haya de ser el juez o tribunal que deba conocer de un asunto.

Art. 165. Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte a quien perjudique ocurrirá al superior a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer, que le envíen los expedientes en que se contengan sus respectivas resoluciones.

Una vez recibidos los autos por dicho tribunal, citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de pruebas y alegatos, que se efectuará dentro del tercer día, y dentro de los tres siguientes pronunciará su resolución.

Art. 166. El juez ante quien se promueva la inhibitoria, mandará librar si lo estima procedente, oficio requerido (sic )requiriendo?) al juez que se estime competente para que se abstenga de conocer del negocio. El auto que niegue el requerimiento es apelable.

Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la inmediata suspensión del procedimiento, y dentro del tercer día decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, se remitirán los autos al requirente. En cualquier otro caso, remitirá los autos al Supremo Tribunal o al superior común, comunicándolo al competidor para que haga igual cosa, y ambos emplazarán a las partes ante el propio tribunal superior común.

Recibidos los autos en el tribunal que deba decidir la competencia, se citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia de alegatos, que se verificará dentro de los tres días siguientes a la citación y dentro de los tres siguientes se pronunciará la resolución.

Resuelta la competencia, se enviarán los autos al juez declarado competente, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al juez contendiente.

Art. 167. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro; tampoco podrá emplearlo sucesivamente.

Cuando no proceda la inhibitoria debe pagar las costas el que la promovió y la sanción que establece la fracción II del artículo 62. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 168. Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que expida la inhibitoria, o luego que en su caso la reciba. Igualmente suspenderá sus procedimientos al promoverse la declinatoria.


Art. 169. La infracción del artículo anterior producirá la nulidad de lo actuado y la responsabilidad del juez. En este caso, el tribunal será responsable de los daños y perjuicios originados a las partes.

TÍTULO IV
DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y EXCUSAS

CAPÍTULO I
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

Art. 170. Todo Magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:

I. En negocio en que tenga interés directo o indirecto;

II. En los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en la línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo;

III. Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados, haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre;

IV. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad, del abogado o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II de este artículo;

V. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes;

VI. Si ha hecho promesas o amenazas, o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;

VII. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él diere o costeare alguno de los litigantes, después de comenzado el pleito, o si tiene mucha familiaridad con alguno de ellos, o vive con él, en su compañía, en una misma casa;

VIII. Cuando después de comenzado el pleito, haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes;


IX. Si ha sido abogado o procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate;

X. Si ha conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión, en la misma instancia o en otra;

XI. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados, de los colaterales dentro del segundo, o de los afines en el primero, siga contra alguna de las partes, o no haya pasado un año, de haber seguido un juicio civil o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas;

XII. Cuando alguno de los litigantes o de sus abogados es o ha sido denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, de su cónyuge o de alguno de sus expresados parientes, o se ha constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellos;

XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su cónyuge o alguno de sus expresados parientes sea contrario a cualquiera de las partes en negocio administrativo que afecte a sus intereses;

XIV. Si él, su cónyuge o alguno de sus expresados parientes sigue algún proceso civil o criminal en que sea juez, Agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;

XV. Si es tutor o curador de alguno de los interesados, o no han pasado tres años de haberlo sido.

Art. 171. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo anterior o cualquiera otra análoga, aun cuando las partes no los recusen.

Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código deben dictar, tienen la obligación de inhibirse inmediatamente que se aboquen al conocimiento de un negocio de que no deben conocer por impedimento, o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que origina el impedimento o de que tengan conocimiento de él.


Art. 172. Si alguna de las partes estimare que la excusa está legalmente fundada o que no es cierto el motivo o el impedimento en que se pretende apoyarla, lo manifestará así dentro de tres días, al funcionario de que se trate, quien remitirá dentro de veinticuatro horas el expediente a la autoridad que deba conocer de dicha excusa, acompañando un informe sobre el particular. Recibidos los autos por el Tribunal correspondiente, se tramitará el asunto por el procedimiento incidental, en el que por vía de prueba pueden articularse posiciones al funcionario que propone la excusa. Resuelta ésta, si lo es confirmándola, se remitirán los autos al Juez que deba seguir conociendo del negocio. En caso diverso se devolverán al Tribunal de su origen y se impondrá cualquiera de las sanciones que establece el artículo 62 en su fracción II. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 173. Tratándose de excusas de los secretarios, el funcionario, jefe del tribunal de que se trate, conocerá de ella en caso de oposición de alguna de las partes y también se resolverá en procedimiento incidental.

Art. 174. En todo caso, la resolución que decida una excusa es irrevocable, así como la imposición de la multa cuando proceda.

CAPÍTULO II
DE LA RECUSACIÓN

Art. 175. Cuando los magistrados, jueces o secretarios no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en causa legal.

Art. 176. En los concursos sólo podrá hacer uso de la recusación el representante legítimo de los acreedores en los negocios que afecten al interés general; en los que afecten al interés particular de alguno de los acreedores, podrá el interesado hacer uso de la recusación; pero el juez no quedará inhibido más que en el punto de que se trate. Resuelta la cuestión, se reintegra al principal.

Art. 177. Cuando en un negocio intervengan varias personas antes de haberse nombrado albacea, interventor o representante común conforme a la ley, se tendrán por una sola para el efecto de la recusación. Habiendo representante común, sólo él puede usar de ella. No habiéndolo, la recusación se admitirá únicamente cuando la propongan la mayoría de los interesados en cantidades. No habiendo mayoría se desechará la recusación.


CAPÍTULO III
NEGOCIOS EN QUE NO TIENE LUGAR LA RECUSACIÓN

Art. 178. No se admitirá recusación:

I. En los actos prejudiciales;

II. Al cumplimentar exhortos o despachos;

III. En las demás diligencias cuya práctica se encomiende por otros jueces o tribunales;

IV. En las diligencias de mera ejecución;


V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción, ni importen conocimiento de causa;

VI. En todos los otros casos en que así lo disponga la ley.


CAPÍTULO IV
DEL TIEMPO EN QUE DEBE PROPONERSE LA RECUSACIÓN

Art. 179. En los procedimientos de apremio y en los juicios sumarios que empiezan por ejecución no se dará curso a ninguna recusación, sino practicado el aseguramiento, hecho el embargo o desembargo en su caso, o expedida y fijada la cédula hipotecaria. Tampoco se admitirá la recusación empezada la audiencia de pruebas y alegatos.

Art. 180. Las recusaciones pueden interponerse durante el juicio desde que se fije la controversia hasta antes de la citación para definitiva o, en su caso, de dar principio a la audiencia en que puede resolverse, a menos que, comenzada la audiencia o hecha la citación, hubiere cambiado el personal del juzgado.


CAPÍTULO V
DE LOS EFECTOS DE LA RECUSACIÓN

Art. 181. Entre tanto se califica o decide, la recusación suspende la jurisdicción del tribunal o del juez pero sin perjuicio de que prosiga la mera ejecución.

Art. 182. Declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del magistrado o juez, o la intervención del secretario en el negocio de que se trate.

Art. 183. Una vez interpuesta la recusación, la parte recusante no podrá alzarla en ningún tiempo, ni variar la causa a menos que sea superveniente.

Art. 184. Si se declara improcedente o no probada la causa de recusación que se hubiere alegado, no se volverá a admitir otra recusación, aunque el recusante proteste que la causa es superveniente o que no había tenido conocimiento de ella, a menos cuando hubiere variación en el personal, en cuyo caso podrá hacerse valer la recusación respecto al nuevo magistrado, juez o secretario.


CAPÍTULO VI
DE LA SUBSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LA RECUSACIÓN

Art. 185. Los tribunales desecharán de plano toda recusación:


I. Cuando no estuviere hecha en tiempo;

II. Cuando no se funde en alguna de las causas enumeradas anteriormente.

Art. 186. Toda recusación se interpondrá ante el juez o tribunal que conozca del negocio, expresándose con claridad y precisión la causa en que se funde.

Los jueces de primera instancia decidirán las recusaciones de los jueces menores y el Supremo Tribunal de Justicia, por medio de la sala respectiva, las de los jueces de primera instancia y las de los magistrados.

Art. 187. En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos por este Código y además la confesión del funcionario recusado y la de la parte contraria.

Art. 188. Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación, son irrecusables para sólo este efecto.

Art. 189. Si se declarare improcedente o no probada la causa de la recusación se impondrá al recusante la sanción que establece el artículo 62, fracción II.

No se dará curso a ninguna recusación si no exhibe el promovente el billete de depósito por el máximo de la sanción. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 190. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se remitirán los autos al juzgado que corresponda, dándose aviso al recusado. En el tribunal quedará el magistrado recusado separado del conocimiento del negocio y se completará la sala en la forma que determina la ley.

Art. 191. Las recusaciones de los secretarios, se substanciarán ante los funcionarios con quienes actúen, resolviendo de plano.


TÍTULO V
ACTOS PREJUDICIALES

CAPÍTULO I
MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO EN GENERAL

Art. 192. El juicio podrá prepararse:

I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquél contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia;


II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar;

III. Pidiendo el legatario o cualquiera otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre varias, la exhibición de ellas;

IV. Pidiendo el que se crea heredero, coheredero o legatario, la exhibición de un testamento;

V. Pidiendo el comprador al vendedor o el vendedor al comprador, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;

VI. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder;

VII. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones, y no pueda deducirse aún la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía;

VIII. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior;

IX. Pidiendo que, con motivo justificado y con citación de la parte contraria posible, el Tribunal de fé (sic )dé fe?) del estado en que se encuentra determinado bien, mueble o inmueble. El Tribunal podrá auxiliarse de peritos en esas actuaciones. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 193. Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme.

Art. 194. El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos.

Contra la resolución que concede la diligencia preparatoria no habrá ningún recurso. Contra la resolución que la niegue habrá el de apelación en ambos efectos, si fuere apelable la sentencia del juicio que se prepara o que se teme.


Art. 195. La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II, III y IV del artículo 192 procede contra cualquiera persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan.

Art. 196. Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la diligencia se practicará en el oficio del notario o en la oficina respectiva, sin que en ningún caso salgan de ellos los documentos originales.

Art. 197. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones II a IV, VII y VIII del artículo 192 se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de la prueba testimonial.

Art. 198. Promovido el juicio, el tribunal, a solicitud del que hubiere pedido la preparación, mandará agregar las diligencias practicadas para que surtan sus efectos.

Art. 199. Si el tenedor del documento o cosa mueble fuere el mismo a quien se va a demandar, y sin causa alguna se negare a exhibirlos, se le apremiará por los medios legales, y si aun (sic. )aún?) así resistiere la exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además, sujeto a la responsabilidad criminal en que hubiere incurrido. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibición se le oirá en forma incidental.


CAPÍTULO II
MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO EJECUTIVO

Art. 200. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad y el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso, el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el objeto de la diligencia, la cantidad que se reclama y la causa del deber.

Si el deudor no fuere hallado en su habitación, se entregará la cédula, conteniendo los puntos a que se refiere el párrafo anterior, al pariente más cercano que se encontrare en la casa.
Si no comparece a la primera citación, se le citará por segunda vez bajo apercibi¬miento de ser declarado confeso.

Si después de dos citaciones no compareciere ni alegare justa causa que se lo impida, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda.

Art. 201. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, dará mérito para que el juez ordene el requerimiento de pago como preliminar del embargo que se practicará en caso de no hacerse aquél en el acto de la diligencia; pero siempre será necesario que previamente se intime al deudor para que reconozca su firma ante el actuario en el mismo acto. Cuando intimado dos veces rehúse contestar si es o no es suya la firma se tendrá por reconocida. Si la reconoce y confiesa la deuda no habrá lugar a condenarlo a costas.

Art. 202. Puede hacerse el reconocimiento de documentos firmados ante notario público, ya en el momento del otorgamiento, o con posterioridad, siempre que lo haga la persona directamente obligada, su representante legítimo o su mandatario con poder bastante.

El notario hará constar el reconocimiento al pie del documento mismo, asentando si la persona que reconoce es apoderado del deudor y la cláusula relativa.

Art. 203. Si es instrumento público o privado reconocido y contiene cantidad ilíquida, puede prepararse la acción ejecutiva siempre que la liquidación pueda hacerse en un término que no excederá de nueve días.

La liquidación se hace sumariamente con un escrito de cada parte y la resolución del juez, sin ulterior recurso más que el de responsabilidad.

CAPÍTULO III
SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL
(Decreto N1 24 de 9 V 1975, P. O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21 V 1975).

Art. 204. El que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación al Juez de Primera Instancia correspondiente. (Decreto N1 24 de 9-V 1975, P. O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21 V 1975).

Art. 205. Sólo los Jueces de Primera Instancia pueden decretar la separación de que habla el artículo anterior, a no ser que por circunstancias especiales no pueda ocurrirse al Juez competente, pues entonces el Juez del lugar podrá decretar la separación provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente. (Decreto N1 24 de 9-V 1975, P. O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21 V 1975).

Art. 206. La solicitud puede ser escrita o verbal, en la que se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso, si las hubiere. (Decreto N1 24 de 9-V 1975, P. O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21 V 1975).

Art. 207. El Juez podrá, si lo estima conveniente, practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar la resolución. (Decreto N1 24 de 9-V 1975, P. O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21 V 1975).


Art. 208. Presentada la solicitud, el Juez sin más trámite, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia y si la concediere, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, N1 61 de 21-V-1975).

Art. 209. El Juez podrá variar las disposiciones decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo que los cónyuges, de común acuerdo o individualmente le soliciten, si lo estima pertinente según las circunstancias del caso. (Decreto N1 24 de 9 V 1975, P. O. Tomo LXVII, N1 61 de 21 V 1975).

Art. 210. En la resolución se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda o la acusación, que podrá ser hasta de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la separación. A juicio del Juez, podrá concederse por una sola vez una prórroga por igual término. (Decreto N1 24 de 9 V 1975, P. O. Tomo LXVII, N1 61 de 21 V 1975).

Art. 211. En la misma resolución ordenará la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge, bajo apercibimiento de procederse en su contra en los términos a que hubiere lugar. (Decreto N1 24 de 9 V 1975, P. O. Tomo LXVII, N1 61 de 21 V 1975).

Art. 212. El Juez determinará la situación de los hijos menores atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el artículo 165 del Código Civil, y las propuestas, si las hubiere de los cónyuges. (Decreto N1 24 de 9 V 1975, P. O. Tomo LXVII, N1 61 de 21 V 1975).

Art. 213. Cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere este capítulo, se resolverá incidentalmente, sin ulterior recurso. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 214. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al Juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, quedando obligado el cónyuge a regresar al domicilio conyugal dentro de las 24 horas siguientes. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 215. El cónyuge que se separó, tendrá en todo tiempo el derecho de volver al domicilio conyugal. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 216. Si el Juez que decretó la separación no fuere el que deba conocer del negocio principal, remitirá las diligencias practicadas al que fuere competente, quien confirmará, en su caso, la decisión dictada con motivo de la separación, siguiendo el juicio su curso legal. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 217. DEROGADO. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).


Art. 218. DEROGADO. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).


CAPÍTULO IV
DE LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ARBITRAL

Art. 219. Cuando en escritura privada o pública sometieren los interesados las diferencias que surjan a la decisión de un árbitro y no estando nombrado éste, debe prepararse el juicio arbitral por el nombramiento del mismo por el juez.

Art. 220. Al efecto, presentándose el documento con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados, citará el juez a una junta dentro del tercer día para que se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía.

Si la cláusula compromisoria forma parte de documento privado, al emplazar a la otra parte a la junta a que se refiere el artículo anterior, el actuario la requerirá previamente para que reconozca la firma del documento, y si se rehusare a contestar a la segunda interrogación, se tendrá por reconocida.

Art. 221. En la junta procurará el juez que elijan árbitro de común acuerdo los interesados y, en caso de no conseguirlo, el mismo juez hará la designación, de preferencia un abogado titulado.

Lo mismo se hará cuando el árbitro nombrado en el compromiso renunciare y no hubiere sustituto designado.

Art. 222. Con el acta de la junta a que se refieren los artículos anteriores, se iniciarán las labores del árbitro, emplazando a las partes como se determina en el título relativo.


CAPÍTULO V
DE LOS PRELIMINARES DE LA CONSIGNACIÓN

Art. 223. Si el acreedor rehusare recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.

Art. 224. Si el acreedor fuere cierto y conocido se le citará para día, hora y lugar determinado, a fin de que reciba o vea depositar la cosa debida. Si la cosa fuere mueble de difícil conducción, la diligencia se practicará en el lugar donde se encuentre, siempre que fuere dentro de la jurisdicción territorial; si estuviere fuera, se le citará y se librará el exhorto o el despacho correspondiente al juez del lugar para que en su presencia el acreedor reciba o vea depositar la cosa debida.

Art. 225. Si el acreedor fuere desconocido se le citará por los periódicos y por el plazo que designe el Juez.

Art. 226. Si el acreedor estuviere ausente o fuere incapaz, será citado su representante legítimo.

Si el acreedor no comparece en el día, hora y lugar designados, o no envía procurador con autorización bastante que reciba la cosa, el juez extenderá certificación en que consten la no comparecencia del acreedor, la descripción de la cosa ofrecida y que quedó constituido el depósito en la persona o establecimiento designado por el juez o por la ley.

Art. 227. Si la cosa debida fuese cosa cierta y determinada que debiera ser consignada en el lugar en donde se encuentra y el acreedor no la retirara ni la transportara, el deudor puede obtener del juez la autorización para depositarla en otro lugar.

Art. 228. Cuando el acreedor no haya estado presente en la oferta y depósito debe ser notificado de esas diligencias entregándole copia simple de ellas.

Tratándose de consignación de dinero en pago de rentas de fincas destinadas para habitación, comercio o industria, el deudor deberá acompañar copia de su escrito para corrérsele traslado al acreedor, a fin de que en el término de tres días exprese lo que a su derecho convenga. Si no lo hace, el Juez, sin más trámite, aprobará la consignación declarando extinguida la obligación hasta por el monto de la cantidad consignada, pero si dentro del término fijado comparece oponiéndose a la consignación, el Juez citará a una audiencia que se fijará para el tercer día hábil siguiente en la que oyendo a las partes dictará sentencia.

(Ref. por Decreto No. 358, publicado en el P.O. No. 097 de 13 de Agosto de 2003)

Art. 229. La consignación del dinero puede hacerse exhibiendo el certificado de depósito, en la institución autorizada por la ley para el efecto.

Art. 230. La consignación y el depósito de que hablan los artículos anteriores puede hacerse por conducto de notario público.

Art. 231. Las mismas diligencias se seguirán si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos. Este depósito sólo podrá hacerse bajo la intervención judicial y bajo la condición de que el interesado justifique sus derechos por los medios legales.

Art. 232. Cuando el acreedor se rehusare en el acto de la diligencia a recibir la cosa, con la certificación a que se refieren los artículos anteriores, podrá pedir el deudor la declaración de liberación en contra del acreedor mediante juicio sumario.

Art. 233. El depositario que se constituya en estas diligencias será designado por el juez si con intervención de él se practicaren. Si fueren hechas con intervención del notario, la designación será bajo la responsabilidad del deudor.


CAPÍTULO VI
DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS


Art. 234. Las providencias precautorias sólo pueden dictarse:

I. Para impedir que una persona se ausente del lugar donde ha de ser o ha sido demandada, sin dejar apoderado instruido y expensado que conteste la demanda y siga el juicio hasta su terminación;

II. Para impedir que un deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra;

III. Para asegurar el éxito de una acción que se funde en un título ejecutivo, que constituya prueba preestablecida de acuerdo con la ley;

IV. Para ordenar la suspensión o destrucción de una obra nueva o peligrosa;

V. Para retener la posesión.

Art. 235. En el primer caso del artículo anterior, basta la petición del actor para que se notifique al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar apoderado instruido y expensado.

Se entenderá como expensado el procurador que esté en aptitud de efectuar por el poderdante el pago o cumplimiento de la obligación y el de sus accesorios.

Art. 236. El apoderado que se presente instruido y expensado quedará obligado solidariamente con el deudor a la ejecución de la sentencia. En el caso de que, no obstante su afirmación, resultare que no está expensado, incurrirá en la pena de los que se producen con falsedad en declaraciones judiciales.

Art. 237. En el caso de la fracción II del artículo 234 el embargo se pedirá expresando el valor de la demanda o la cosa que se reclame, designando ésta con toda precisión; y el juez lo decretará de plano, fijando la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia y los bienes en que deba ejecutarse.

En los casos de la fracción III del precepto acabado de citar, el juez mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, a practicar el embargo en los bienes que éste o el acreedor designen, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo de la ejecución y del embargo.

Art. 238. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, no se llevará adelante la providencia, o se levantará la que se hubiere dictado. Igualmente, cuando la providencia no se haya decretado por virtud de la presentación de un título ejecutivo, si el deudor o ejecutado da fianza bastante, también se levantará la providencia.

Art. 239. Los bienes embargados por providencia precautoria se depositarán en algún establecimiento de crédito o en persona abonada, propuesta por el actor bajo su responsabilidad.


Art. 240. Cuando el embargo se practique sobre bienes raíces, se comunicará al encargado del Registro Público de la Propiedad del lugar en que aquéllos estén ubicados, para impedir que dichos bienes se vendan, enajenen o graven. Lo mismo se hará en los casos de embargo sobre bienes muebles, cuyo dominio sea susceptible de registro conforme al Código Civil.

Si se tratare de una negociación mercantil, industrial, agrícola o minera, se nombrará un interventor a propuesta del actor y bajo su responsabilidad.

Art. 241. El que pida una providencia precautoria deberá entablar la demanda cuando proceda, dentro de los tres días siguientes a la ejecución de la providencia.

Art. 242. Si el que ha solicitado la providencia no entablare la demanda dentro del término fijado anteriormente; si la providencia fuera revocada, o si entablada la demanda fuere absuelto el reo, pagará por vía de indemnización a su contrario una pena con base en lo que establece el Artículo 62, fracción II, a juicio del Juez, cuando se trate de una providencia de arraigo; o una igual al veinte por ciento del valor de los bienes secuestrados, en los demás casos. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 243. De las providencias precautorias queda responsable el que las pida, y no podrá decretarse sin que el solicitante dé fianza para responder de la indemnización que establece el artículo anterior.

Ni las multas a que se refiere el artículo anterior, ni el requisito de la fianza, podrán exigirse al que promueva el embargo, de acuerdo con la fracción III del artículo 234.

Ni el Ministerio Público ni los agentes fiscales estarán obligados a otorgar fianza.

Art. 244. La providencia de retener la posesión da fin, por sí misma, a la materia de la precautoria, concluyendo al ser notificado el mandamiento de retener dictado por el juez, debiendo el promovente proceder conforme al artículo 241. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

La providencia de obra peligrosa, sin perjuicio de poder promoverse como acto prejudicial o después de iniciado el juicio respectivo, puede también, por sí misma, poner fin al objeto de la precautoria.

Art. 245. Puede promover la providencia precautoria de retener la posesión, el que estando en posesión civil o precaria de un bien raíz, de un derecho real o del estado de hijo o padre de una persona, es amenazado grave e ilegalmente de despojo por parte de un tercero y prueba que éste ha ejecutado o hecho ejecutar actos preparatorios que tiendan directamente a una perturbación violenta e inminente de su derecho.

Art. 246. En los casos a que se refiere el artículo 19 los interesados a que el mismo se refiere, podrán promover la providencia precautoria relativa a obra nueva.


En estos casos, la providencia tendrá por objeto impedir la continuación de la obra, entretanto que se resuelve definitivamente el juicio correspondiente.

Art. 247. No se puede denunciar la obra que alguno hiciere reparando o limpiando los caños y acequias donde se recojan las aguas de sus edificios o heredades, aunque algún vecino suyo se tenga por agraviado por el perjuicio que reciba por mal olor o por causa de los materiales que se arrojen en su predio o en la calle. En estos casos, se observarán los reglamentos gubernativos.

Art. 248. En los casos de obra nueva o peligrosa, el tribunal nombrará un perito para que dentro de un plazo que no exceda de tres días, examine la obra y rinda dictamen sobre el perjuicio que ocasione o pueda ocasionar en los intereses del promovente, del Estado o del público. Si el dictamen confirmare la amenaza denunciada, se tomarán las medidas prudentes o las que marque la ley, para evitar el peligro.

En vista del dictamen rendido por el perito, y estando justificado el derecho del actor para gestionar, previo el otorgamiento de la fianza a que se refiere el artículo siguiente, el secretario se trasladará al lugar donde se esté construyendo la obra nueva o peligrosa, y dando fe de su existencia y pormenorizando las circunstancias en que se halle, notificará la suspensión provisional.

Art. 249. Para que sea hecha la notificación a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el interesado deberá dar fianza bastante a juicio del juez, para responder de los daños y perjuicios que se sigan al dueño de la obra, bien porque el juicio no sea promovido dentro del término legal, o porque en el que se promueva sea absuelto el demandado.

La obra deberá suspenderse luego que se notifique el auto al dueño, al encargado de la obra o a los que la estén ejecutando.

Art. 250. El dueño de la obra tiene derecho a pedir autorización para continuarla, mientras no se resuelve el juicio sobre la suspensión definitiva o su demolición, siempre que otorgue fianza bastante, que será calificada por el tribunal con audiencia del que obtuvo la providencia, para responder de la demolición y de los daños y perjuicios que se sigan en sus respectivos casos.

Art. 251. El que haya obtenido la providencia de suspensión provisional de una obra nueva, debe promover el juicio sobre suspensión definitiva y demolición de lo construido, en su caso, dentro del término de tres días, contados desde que se haya notificado la suspensión de la obra.

Cuando el que solicite la providencia, estimare que las medidas urgentes adoptadas para el caso de obra peligrosa, no fueren bastantes para prevenir definitivamente el riesgo, puede promover juicio para obtener la demolición de la obra o la destrucción del objeto o árbol que ofrece los riesgos.


Art. 252. El tribunal investigará por medio de un perito oficial, la existencia y magnitud del peligro denunciado; y, en su caso, decretará inmediatamente las medidas oportunas para procurar la debida seguridad. En este caso, compelerá a la ejecución de ellas, por su orden, al dueño o a su administrador o apoderado, o al inquilino por cuenta de rentas. En defecto de éstos puede ejecutarlas el solicitante de la providencia, el Estado o el Municipio, con reserva de sus derechos para reclamar el importe de los gastos que se ocasionen.

Art. 253. Para dictar una providencia precautoria se guardará reserva y no se notificará a la persona contra quien se pida. En su ejecución no se admitirá excepción alguna.

Art. 254. La persona contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de la sentencia definitiva.

Igualmente puede reclamar la providencia un tercero, cuando alegue que los bienes secuestrados, o parte de ellos, le corresponden en propiedad, o por lo menos que los posee legalmente.

Art. 255. Reclamada la providencia, la oposición se tramitará en la forma que para los incidentes establece la ley. La resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo.

Art. 256. Las fianzas a que se refiere este Capítulo se otorgarán ante el juez de los autos.


TÍTULO VI
DEL JUICIO ORDINARIO

CAPÍTULO I
DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

Art. 257. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada en este Código tramitación especial, se ventilarán en juicio ordinario.

Art. 258. Toda contienda judicial principiará por demanda en la cual se expresará:

I. El tribunal ante el que se promueva;

II. El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones;

III. El nombre del demandado y su domicilio;

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios;

V. Los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa;

VI. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables;


VII. En su caso el valor de lo demandado.

Art. 259. Presentada la demanda con los documentos y copias necesarias, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se intente, emplazándolas para que la contesten dentro de nueve días. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 260. Si el juez encuentra que la demanda es obscura o irregular, prevendrá al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalándole en concreto sus defectos, y una vez corregida le dará curso. El juez hará esta prevención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso podrá el promovente interponer el recurso de apelación. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 261. Los efectos de la presentación de la demanda son: interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo.

Art. 262. Los efectos del emplazamiento son:

I. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace;

II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambie de domicilio, o por otro motivo legal;

III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo su derecho de provocar la incompetencia;

IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado;

V. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.

Art. 263. Siempre que conforme a la Ley deba denunciarse el juicio a un tercero para que le perjudique la sentencia que en él se dicte, el demandado, dentro de los tres días siguientes a su emplazamiento, pedirá al Juez que se haga la denuncia, señalando el domicilio donde deba ser notificado el tercero. Con la petición presentará copia del escrito de denuncia, así como de la demanda y de los documentos de que se le corrió traslado.

De la petición y de los documentos dichos el Juez mandará notificar al tercero, emplazándolo para que en el término de cinco días salga al juicio y apercibiéndolo que de no hacerlo le perjudicará la sentencia que se dicte.


En estos casos el término, concedido al demandado, para contestar la demanda, se ampliará por todo el término concedido al tercero para el mismo efecto, debiendo en su caso observarse las disposiciones relativas al nombramiento de un representante común. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 264. Transcurrido el término concedido al tercero para contestar la demanda, continuará el juicio por sus trámites legales.

Art. 265. El demandado formulará la contestación observando en lo conducente lo que se previene para la demanda.

Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes.

En la misma contestación propondrá la reconvención en los casos en que proceda.

Art. 266. Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia.

Art. 267. Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia.

Art. 268. Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se sustanciarán dejando en suspenso el principal. Resueltas que sean, continuará en su caso el curso del juicio. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 269. Si fueren varios los demandados y propusieren diferentes excepciones dilatorias, todas ellas se tramitarán y resolverán en un mismo incidente.

Art. 270. Cuando en la sentencia definitiva se declare procedente alguna excepción dilatoria que no fuere de previo pronunciamiento, se abstendrá el Juez de fallar la cuestión principal, reservando el derecho al actor.

Art. 271. Transcurrido el término del emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará la declaración de rebeldía, sin que sea necesario que medie petición de parte, se mandará recibir el negocio a prueba y se observarán las reglas del Título Undécimo, Capítulo I.

Para hacer la declaración de rebeldía, el Juez examinará escrupulosamente si las citaciones y emplazamientos fueron hechos al demandado conforme a derecho.


Si el Juez encontrare que el emplazamiento no se hizo correctamente, mandará reponerlo e impondrá al notificador alguna de las correcciones disciplinarias que prevé el Artículo 62.

Se presumen confesados los hechos de la demanda que se dejó de contestar.

Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo, cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, excepto el caso previsto por el Artículo 665 de este Código. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 272. El demandado que oponga reconvención o compensación lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después; y se dará traslado del escrito al actor, para que conteste en el término de nueve días, observándose respecto de éste y del demandado, las mismas reglas que quedan establecidas en los Artículos 265 y siguientes. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 273. Las excepciones supervenientes se harán valer hasta antes de la sentencia y dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento de ellas la parte que las proponga. Se sustanciarán en incidente, por cuerda separada y su resolución se reservará para la definitiva.

Art. 274. Confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, previa citación, se pronunciará sentencia.

Tratándose de asuntos que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, si el demandado se allana a la demanda, el Juez ordenará que los escritos de demanda y de contestación sean ratificados ante él, procediendo en su caso en los términos del párrafo anterior.

Si las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho y no de hecho, se pondrán los autos a disposición de las partes para que aleguen, y oportunamente se pronunciará la sentencia.

No será condenado en costas quien se allane a la demanda, excepto en los casos de juicios ejecutivos e hipotecarios, en los que las costas se calcularán al cincuenta por ciento de lo que establece la Ley de Aranceles para los abogados. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).


CAPÍTULO II
REGLAS GENERALES DE LA PRUEBA

Art. 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral.


Art. 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad.

Art. 277. Los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por comparecer o exhibir cosas, serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas si el Juez procedió de oficio, sin perjuicio de hacer la regulación de costas en su oportunidad.

Art. 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

Art. 279. El que niega sólo estará obligado a probar:

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;

III. Cuando se desconozca la capacidad;

IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción.

Art. 280. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables.

Art. 281. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, o en usos o costumbres. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 282. Después de la contestación de la demanda o, en su caso, de contestado el escrito en que se proponga compensación o reconvención, el juez recibirá el pleito a prueba, en el caso de que los litigantes lo soliciten o de que él lo estime necesario.

Del auto en que se ordene que el negocio se reciba a prueba, no habrá más recurso que el de responsabilidad; aquél en que se niegue será apelable en ambos efectos si lo fuere la sentencia definitiva.

Art. 283. El Tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados.

Los autos en que se niegue alguna providencia de prueba, son apelables en ambos efectos; aquéllos en que se conceda, no tienen más recursos que el de responsabilidad.

Art. 284. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos aunque no hayan sido alegados por las partes.


Art. 285. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el Tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste a las preguntas que el Tribunal le dirija, éste debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario, si previo el apercibimiento que se le haga de estos efectos, insiste en su oposición. Lo mismo hará si una de las partes no exhibe a la inspección del Tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder, si la tenencia está acreditada legalmente.

Art. 286. Los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos, o permitir su inspección.

Los Tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a terceros por los medios más eficaces, para que cumplan con esta obligación; en caso de oposición, oirán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso.

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que deben guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que están relacionados. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 287. Las pruebas deberán ser ofrecidas relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y domicilio de los testigos y peritos y pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones.

Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, con los puntos controvertidos, serán desechadas. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 288. Las partes deberán ofrecer sus pruebas dentro de un término fatal de diez días, que comenzará a contarse desde el día siguiente al en que se notifique la resolución que abra el juicio a prueba. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 289. Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. No se admitirán diligencias de prueba contra derecho, contra la moral, o sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles.

Art. 290. La ley reconoce como medios de prueba:

I. Confesión;

II. Documentos públicos;

III. Documentos privados;

IV. Dictámenes periciales;

V. Reconocimiento o inspección judicial;

VI. Declaraciones de testigos;

VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia;

VIII. Fama pública;

IX. Presunciones; y

X. Los demás medios que produzcan convicción en el juzgador.


CAPÍTULO III
DE LA RECEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS

Art. 291. El juez queda facultado al admitir las pruebas ofrecidas para elegir la forma escrita o la forma oral en la recepción y práctica de ellas, a menos que ambas partes la hubieren propuesto con anterioridad.

En la forma escrita las pruebas se recibirán durante el período probatorio a medida que se vayan presentando o el juez lo determine; lo cual puede hacer desde el auto de admisión. La recepción oral de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de admisión de pruebas, señalándose al efecto el día y la hora teniendo en consideración el tiempo para su preparación; nunca podrá citarse para esa audiencia después de los cuarenta días de aquél en que se tuvo por contestada la demanda.


CAPÍTULO IV
DEL TÉRMINO PROBATORIO

Art. 292. El término probatorio es ordinario o extraordinario. El ordinario, que será de veinte días improrrogables, se abrirá por ministerio de ley al día siguiente del en que se notifique el auto de admisión de las pruebas ofrecidas.

Art. 293. Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del Estado, a petición de parte, se concederá un término extraordinario, siempre que se llenen los siguientes requisitos:

I. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas;

II. Que se indiquen los nombres y la residencia de los testigos que han de ser examinados, cuando la prueba sea testifical;


III. Que se designe, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse o de presentarse originales.

El juez, al calificar la admisibilidad de las pruebas resolverá sobre el término extraordinario y determinará el monto de la cantidad que el promovente deberá depositar para asegurar el pago de la multa que se le impondrá en caso de no rendirse la prueba. Sin este depósito no surtirá efectos el término extraordinario concedido.

Art. 294. El litigante a quien se hubiere concedido la dilación extraordinaria y no rindiere las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar que tuvo para ello impedimento bastante, a juicio del Juez, será condenado, al concluir el período probatorio, a pagar a su contraparte una pena por el monto que establece el Artículo 62, fracción II. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 295. El término extraordinario de prueba será:

I. De cincuenta días, si las pruebas para las que se solicitó hubieran de practicarse dentro del territorio nacional y fuera del Estado;

II. De cien días, si hubieren de practicarse en la América del Norte, en la Central o en las Antillas;

III. De ciento veinte días, si hubieren de practicarse en cualquiera otra parte.

Art. 296. Después de concluido el término ordinario, no se recibirá prueba alguna que no fuere aquélla para cuya recepción se concedió el término extraordinario.

El término extraordinario correrá desde el día siguiente al auto que califica las pruebas y concluirá luego que se rindan aquéllas para las que se pidió, aunque no haya expirado el plazo señalado. Esto sin perjuicio de que el ordinario se dé por concluido al finalizar el plazo legal que le corresponde.

Art. 297. Ni el término ordinario ni el extraordinario podrán suspenderse ni ampliarse, ni aun por consentimiento común de los interesados. Sólo causas muy graves, a juicio del juez y bajo su responsabilidad, podrán producir la suspensión.

Art. 298. Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio bajo pena de nulidad y de responsabilidad del juez. Se exceptúan aquellas diligencias que pedidas en tiempo legal no hubieren podido practicarse por causas independientes del interesado, caso fortuito, fuerza mayor o dolo en el colitigante; en estos casos el juez, si lo cree conveniente, podrá mandarlas concluir, dando conocimiento de ellas a las partes y señalando al efecto, por una sola vez, un término prudente.


Art. 298 Bis. Concluído (sic )Concluido?) el término probatorio y agotado por las partes el derecho de pedir se practiquen las pruebas aún no desahogadas, conforme a la parte final del artículo anterior, el Juez a pedimento de parte, examinará bajo su más estricta responsabilidad las causas por las que, en su caso, no se hayan aún practicado.

Si encontrare mala fe o falta de interés en el promovente, desechará las pruebas pendientes.

En caso contrario, fijará nueva fecha para su desahogo y sin (sic )si?) tampoco se pudieren practicar, hara (sic )hará?) declaración de desechar esas pruebas. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 299. La prueba documental que se presente fuera del término, será admitida en cualquier estado del juicio, hasta la citación para sentencia, protestando la parte que antes no supo de ella y dándose conocimiento de la misma a la contraria, quien dentro del tercer día y sumariamente será oída, reservándose la decisión de los puntos que se suscitaren, hasta la definitiva.

Art. 300. Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados, en virtud del requerimiento del juez de los autos, durante la suspensión del término, serán válidas y surtirán sus efectos mientras el requerido no tenga aviso de suspenderlas.

CAPÍTULO V
DE LAS PRUEBAS EN PARTICULAR

SECCIÓN I
DE LA CONFESIÓN

Art. 301. Desde que se abra el período de ofrecimiento de pruebas hasta la citación para definitiva en primera instancia, todo litigante está obligado a declarar bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exigiere el contrario.

En el juicio ordinario la prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las posiciones, sin perjuicio de ampliarlo verbalmente en la audiencia respectiva. La prueba será admisible aunque no se exhiba el pliego pidiendo tan sólo la citación; en este caso, únicamente se desahogará la prueba si el oferente exhibe en el acto de su práctica el pliego correspondiente; de no hacerlo así se desechará.

En el juicio sumario, el pliego deberá exhibirse en la audiencia de pruebas y alegatos. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 302. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar el día anterior al señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso.


Art. 303. La parte está obligada a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula, o cuando el apoderado ignore los hechos.

Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula para hacerlo.

El cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos del inciso que precede.

Por las personas morales absolverán posiciones sus representantes con facultades para ello. No es válido pedir que en nombre de éstas confiesen personas físicas específicamente determinadas.

Si el que debe de absolver posiciones estuviere ausente, el Juez librará el correspondiente exhorto, acompañando cerrado y sellado el pliego en que constan las preguntas; pero del cual deberá sacar previamente una copia que, autorizada conforme a la Ley con su firma y la del Secretario, quedará en la Secretaría del Tribunal.

El Juez exhortado recibirá la confesión, pero no podrá declarar confeso a ninguno de los litigantes, si no fuere expresamente facultado por el exhortante. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 304. Las posiciones deben articularse en términos precisos; no han de ser insidiosas; no han de contener cada una más que un solo hecho y éste ha de ser propio del que declara. Un hecho complejo puede comprenderse en una posición cuando por la íntima relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.

Art. 305. Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto.

Art. 306. Si el citado a absolver posiciones comparece, el juez abrirá el pliego si lo hubiere, e impuesto de ellas, las calificará y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto por los artículos 304 y 305. En seguida el absolvente firmará el pliego de posiciones, antes de procederse al interrogatorio.

Art. 307. Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones y al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo acto, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de absolver después.

Art. 308. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver posiciones esté asistida por su abogado, procurador ni otra persona, ni se le dará traslado ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérprete en cuyo caso el juez lo nombrará.

Art. 309. Las contestaciones deberán ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pudiendo el que las dé, agregar las explicaciones que estime convenientes, o las que el juez le pida.
En el caso de que el declarante se negare a contestar o contestare con evasivas, o dijere ignorar los hechos propios, el juez lo apercibirá en el acto, de tenerlo por confeso sobre los hechos de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes.

Art. 310. DEROGADO. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 311. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de formularlas en el acto, al articulante si hubiere asistido. El tribunal puede, libremente, interrogar a las partes sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

Art. 312. De las declaraciones de las partes se levantarán actas en las que se hará constar la contestación implicando la pregunta, iniciándose con la protesta de decir verdad y las generales.

Esta acta deberá ser firmada al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan las declaraciones producidas por los absolventes después de leerlas por sí mismos si quisieren hacerlo o de que les sean leídas por la Secretaría. Si no supieren firmar se hará constar esa circunstancia.

Art. 313. Cuando el absolvente al enterarse de su declaración manifieste no estar conforme con los términos asentados, el juez decidirá en el acto lo que proceda acerca de las rectificaciones que deban hacerse. Una vez firmadas las declaraciones, no pueden variarse ni en la substancia ni en la redacción. La nulidad proveniente de error o violencia se substanciará sumariamente y la resolución se reserva para la definitiva.

Art. 314. En caso de enfermedad legalmente comprobada del que deba declarar, el tribunal se trasladará al domicilio de aquél, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte si asistiere.

Art. 315. El que deba absolver posiciones será declarado confeso: 11 Cuando sin justa causa no comparezca; 21 Cuando se niegue a declarar; 31 Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativamente o negativamente.

En el primer caso, el juez abrirá el pliego y calificará las posiciones antes de hacer la declaración.

Art. 316. No podrá ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones, si no hubiere sido apercibido legalmente.

La declaración se hará cuando la parte contraria lo pidiere, después de contestada la demanda hasta la citación para sentencia.


Art. 317. El auto en que se declare confeso al litigante o en el que se deniegue esta declaración, puede ser invocado como agravio en la apelación que proceda contra la sentencia.

Art. 318. Se tendrá por confeso el articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones.

Art. 319. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores; pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el tribunal y que no excederá de ocho días. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente afirmando o negando los hechos.


SECCIÓN II
DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL

Art. 320. Son documentos públicos:

I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos, o dependientes del Gobierno Federal, de los Estados o Municipios;

IV. Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes;

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa;

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;


VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobados por el Gobierno Federal o de los Estados, y las copias certificadas que de ellos se expidieren;

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie;

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la Ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de Comercio;

X. Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la Ley. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 321. Los documentos públicos expedidos por autoridades federales o funcionarios de las entidades políticas de la República harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.

Art. 322. Para que hagan fe en el Estado los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que fija el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 323. De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria para que dentro del tercer día manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no dijere nada, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor.

Art. 324. Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un documento, pieza que obre en los archivos públicos, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento.

Art. 325. Los documentos existentes en lugar distinto del en que se siga el juicio, se compulsarán a virtud de exhorto que dirija el juez de los autos, al del lugar en que aquéllos se encuentren.

Art. 326. Los instrumentos públicos que hayan venido al pleito sin citación contraria, se tendrán por legítimos y eficaces salvo que se impugnare expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudiquen. En este caso, se decretará el cotejo con los protocolos y archivos, que se practicará por el secretario, constituyéndose, al efecto, en el archivo o local donde se halle la matriz a presencia de las partes, si concurrieren, a cuyo fin se señalará previamente el día y la hora, salvo que el juez lo decretare en presencia de los litigantes o se hiciere en el acto de la audiencia de pruebas.

También podrá hacerlo el juez por sí mismo cuando lo estime conveniente.

Art. 327. Son documentos privados los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por escribano o funcionario competente.


Art. 328. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma.

Art. 329. Los documentos privados se presentarán originales, y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.

Art. 330. Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento o la constancia, deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimoniada se tomará en el escritorio del establecimiento sin que los directores de él estén obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas, ni a más que a presentar las partidas o documentos designados.

Art. 331. En el reconocimiento de documentos se observará lo dispuesto en los artículos 303, 310 y 315.

Art. 332. Sólo pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda extender o el legítimo representante de ellos con poder o cláusula especial. Se exceptúan los casos previstos en los artículos 1441 y 1443 del Código Civil.

Art. 333. En el procedimiento ordinario, las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde la notificación del auto que ordene su recepción.

En el juicio sumario, la objeción podrá hacerse hasta un día antes de la fecha señalada para la audiencia de pruebas y alegatos.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 334. Podrá pedirse el cotejo de firmas y letras, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento público que carezca de matriz. Para este cotejo se procederá con sujeción a lo que se previene en la Sección III de este capítulo.

Art. 335. La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos indubitados con que deba hacerse, o pedirá al tribunal que cite al interesado para que en su presencia ponga la firma o letras que servirán para el cotejo.

Art. 336. Se considerarán indubitados para el cotejo:

I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo;


II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidas en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III. Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuya la dudosa;

IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique;

V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar.

Art. 337. El juez podrá hacer por sí mismo la comprobación después de oír a los peritos revisores y apreciará el resultado de esta prueba conforme a las reglas de la sana crítica sin tener que sujetarse al dictamen de aquéllos, y aun puede ordenar que se repita el cotejo por otros peritos.

Art. 338. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en pleito, se observarán las prescripciones relativas del Código de Procedimientos Penales. En este caso, no alegarán las partes sino hasta que se decida sobre la falsedad por la autoridad competente. Si el procedimiento penal concluye sin decidir sobre la falsedad o autenticidad del documento, el juez oirá sumariamente a las partes sobre el valor probatorio del instrumento, reservándose la resolución para la definitiva.

SECCIÓN III
PRUEBA PERICIAL

Art. 339. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legalmente regla¬mentados.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, aun cuando no tengan título.

Art. 340. Cada parte dentro de los tres días siguientes de la notificación del auto que ordene el dictamen pericial nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado por el juez.

Art. 341. El juez nombrará los peritos que correspondan a cada parte en los siguientes casos:

I. Si alguno de los litigantes dejare de hacer el nombramiento en el término señalado en el artículo anterior;

II. Cuando el designado por las partes no aceptare dentro de las cuarenta y ocho horas que sigan a la notificación de su nombramiento;


III. Cuando habiendo aceptado no rindiere su dictamen dentro del término fijado o en la diligencia respectiva;

IV. Cuando el que fue nombrado y aceptó el cargo lo renunciare después;

V. Si el designado por los litigantes no se encontrare en el lugar del juicio o en el que deba practicarse la prueba, o no se hubiere señalado su domicilio.

Art. 342. El juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si debe presidirla. En cualquiera otro caso fijará a los peritos un término prudente para que presenten dictamen. Las partes pueden en todo caso formular a los peritos cuestiones que sean pertinentes.

Art. 343. En el caso de la primera parte del Artículo anterior concurrirá el tercero en discordia y se observarán las reglas siguientes:

I. El perito que dejare de concurrir sin justa causa, calificada por el Tribunal, incurrirá en multa que se aplicará en los términos del Artículo 62, fracción II, y será responsable de los daños causados por su culpa, sin perjuicio de lo que previene el Artículo 341;

II. Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados al acto y hacerles cuantas observaciones quieran pero deberán retirarse, para que los peritos discutan y deliberen solos;

III. Los peritos de las partes emitirán inmediatamente su dictamen siempre que lo permita la naturaleza del asunto; de lo contrario, se les señalará un término prudente para que lo rindan. Cuando discordaren los peritos dictaminará el tercero, solo o asociado de los otros. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 344. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigantes, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

I. Consanguinidad dentro del cuarto grado;

II. Interés directo o indirecto en el pleito;

III. Ser socio, inquilino, arrendador o amigo íntimo de alguna de las partes; (sic ).?)


El juez calificará de plano la recusación y las partes deben presentar las pruebas al hacerla valer. Contra el auto en que se admita o deseche la recusación no procede recurso alguno. Admitida, se nombrará nuevo perito en los mismos términos que al recusado.

Art. 345. En caso de ser desechada la recusación se impondrá al recusante una sanción en los términos del Artículo 62, fracción II. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 346. El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró, o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas.

SECCIÓN IV
DEL RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL

Art. 347. El reconocimiento se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose día, hora y lugar.

Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

También podrán concurrir a ella los testigos de identidad o peritos que fueren necesarios.

Art. 348. Del reconocimiento se levantará acta, que firmarán los que a él concurran, asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos y todo lo necesario para esclarecer la verdad.

En cualquier estado del juicio cuando haya peligro de que una cosa desaparezca o se altere y su inspección sea indispensable para la resolución de la controversia, podrá el Tribunal ordenar la recepción de la prueba correspondiente, debiendo citar a la parte contraria.

Cuando fuere necesario se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objeto inspeccionado. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

SECCIÓN V
PRUEBA TESTIMONIAL

Art. 349. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos.


Art. 350. Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos. Sin embargo cuando estuvieren imposibilitados para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad al Juez y pedirán que los cite. El Juez ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta de quince días o multa en los términos de la fracción II del Artículo 62, que aplicará al testigo si éste dejare de comparecer sin justa causa o que se niegue a declarar.

En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto o que el testigo declare no conocer los hechos que se pretende probar o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el proceso, se impondrá al oferente de la prueba y a su abogado o mandatario multa en los términos del Artículo 62, fracción II y se declarará desierta la prueba testimonial. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 351. A las personas de más de sesenta años y a los enfermos podrá el Juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas en presencia de la otra parte, si asistiere. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 352. Al Presidente de la República, a los Gobernadores y Presidentes Municipales, Secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Magistrados, Jueces, Generales en servicio activo, se les pedirá su declaración por oficio, y en esta forma la rendirán. En casos urgentes podrán rendir su declaración personalmente para lo cual el juez se trasladará al lugar en que se encuentren.

Art. 353. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar de que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen.

Art. 354. La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. Interrogará el promovente de la prueba y a continuación los demás litigantes.

Art. 355. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando el testigo resida fuera del lugar del juicio, al ofrecer la prueba deberá el promovente presentar sus interrogatorios con las copias respectivas para la contraria, la que dentro de tres días presentará el pliego de repreguntas correspondiente. Para el examen de los testigos que no residen en el lugar del juicio se librará exhorto en el que se incluirán, en sobre cerrado, las preguntas y repreguntas. La contraparte del oferente puede reservarse el derecho de formular repreguntas directamente ante el juez exhortado. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 356. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado, de alguno de los litigantes; si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación se procederá al examen.


Art. 357. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deben declarar y designará el lugar en que deben permanecer hasta la conclusión de la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 351 a 353. Si no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla al día siguiente.

Art. 358. Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las declaraciones oportunas.

Art. 359. El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los puntos controvertidos.

Art. 360. Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete.

Art. 361. Las respuestas del testigo se harán constar en autos en forma que al mismo tiempo se comprenda el sentido o término de la pregunta formulada. Salvo en casos excepcionales, a juicio del juez, en que permitirá que se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta.

Art. 362. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez deberá exigirla en todo caso.

Art. 363. La declaración una vez firmada no puede variarse ni en la substancia ni en la redacción.

Art. 364. En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes pueden las partes atacar el dicho de aquél por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad cuando esa circunstancia no haya sido ya expresada en sus declaraciones. La petición de tachas se sustanciará incidentalmente por cuaderno separado y su resolución se reservará para definitiva.

Art. 365. No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que hayan declarado en el incidente de tachas.

SECCIÓN VI
FOTOGRAFÍAS, COPIAS FOTOSTÁTICAS Y
OTROS ELEMENTOS TÉCNICOS

Art. 366. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas.


Quedan comprendidas dentro del término fotografías, las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas.

Art. 367. Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del juez.

La parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras.

Art. 368. Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellos, haciéndose especificación exacta del sistema taquigráfico empleado.


SECCIÓN VII
DE LA FAMA PÚBLICA

Art. 369. Para que la fama pública sea admitida como prueba, debe tener las condiciones siguientes:

I. Que se refiera a época anterior al principio del pleito;

II. Que tenga origen de personas determinadas, que sean o hayan sido conocidas, honradas, fidedignas y que no hayan tenido ni tengan interés alguno en el negocio de que se trate;

III. Que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la población donde se supone aconteció el suceso de que se trate;

IV. Que no tenga por fundamento las preocupaciones religiosas o populares, ni las exageraciones de los partidos políticos, sino una tradición racional, o algunos hechos que aunque indirectamente la comprueben.

Art. 370. La fama pública debe probarse con testigos que no sólo sean mayores de toda excepción, sino que por su edad, por su inteligencia y por la independencia de su posición social merezcan verdaderamente el nombre de fidedignos.

Art. 371. Los testigos no sólo deben declarar las personas a quienes oyeron referir el suceso, sino también las causas probables en que descanse la creencia de la sociedad.


SECCIÓN VIII
DE LAS PRESUNCIONES

Art. 372. Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.


Art. 373. Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.

Art. 374. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción.

Art. 375. No se admite prueba contra la presunción legal, cuando la ley lo prohíbe expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar.

Art. 376. Contra las demás presunciones legales y contra las humanas es admisible la prueba.


CAPÍTULO VI
DE LA RECEPCIÓN ORAL DE LAS PRUEBAS

Art. 377. Las pruebas se recibirán en la audiencia a que se refiere el artículo 380. Si hubieren de practicarse algunas en otro lugar, ante juez diferente, se citará para la audiencia de pruebas dentro de los cincuenta días, y si las diligencias de prueba hubieren de practicarse fuera del territorio nacional, se citará a la audiencia en un plazo no mayor de noventa días.

El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas resolverá sobre la fecha de la celebración de la audiencia y determinará el monto de la cantidad que se deposite como multa en caso de no rendirse la prueba. Sobre este particular rigen las mismas disposiciones de los artículos 293 y 294.

Art. 378. Antes de la celebración de la audiencia, las pruebas deberán prepararse con toda oportunidad para que en ella puedan recibirse y al efecto se procederá:

I. A citar a las partes a absolver posiciones que formulen las mismas, bajo el apercibimiento de que si no se presentan a declarar serán tenidos por confesos o de ser conducidos por la policía si el juez lo estima conveniente;

II. A citar a los testigos y peritos bajo el apercibimiento de multa, arresto, o de ser conducidos por la policía, a no ser que la parte que los ofreció se comprometiera a su perjuicio a presentarlos; (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

III. A dar todas las facilidades necesarias a los peritos para el examen de objetos, documentos, lugares o personas para que rindan su dictamen a la hora de la audiencia;

IV. A delegar o exhortar al juez que corresponda para que practique la inspección ocular y las compulsas que tengan que efectuarse fuera del lugar del juicio;


V. A exhortar al juez que corresponda para que reciba la información de testigos cuando esta prueba tenga que practicarse fuera del lugar del juicio;

VI. A mandar traer copias, documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos por las partes, ordenando las compulsas que fueren necesarias.

Art. 379. La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la contestación de la demanda hasta seis días antes de la celebración de audiencia de pruebas y alegatos. La parte que redarguye de falso un documento debe indicar específicamente los motivos y las pruebas; cuando se impugne la autenticidad del documento privado o público sin matriz, deben señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse la prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos se tiene por no redargüido o impugnado el instrumento.

De la impugnación se correrá traslado al colitigante y en la audiencia del juicio se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la impugnación.

Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento impugnado, sin que pueda hacerse declaración alguna general que afecte al instrumento y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiere lugar.

Si en el momento de la celebración de la audiencia se tramitare proceso penal sobre la falsedad del documento en cuestión, el tribunal, sin suspender el procedimiento y según las circunstancias, determinará al dictar sentencia si se reservan los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se demuestre la falsedad o bien puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a la prestación de una caución.

Art. 380. Constituido el tribunal en audiencia pública el día y horas señalados al efecto serán llamados por el juez o el secretario los litigantes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban de intervenir en el juicio y se determinará quiénes deben de permanecer en el salón, quiénes en lugar separado para ser introducidos en su oportunidad y quiénes deben ser inmediatamente citados o traídos para que concurran a la diligencia si no se hallaren presentes.

La audiencia se celebrará concurran o no las partes y estén o no presentes los testigos, peritos, o abogados, con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, señalándose al efecto fecha para su continuación, la que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. En este caso, podrá no seguirse el orden establecido para la recepción de las pruebas. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 381. El secretario o el relator que el juez designare, referirá oralmente la demanda, la contestación y dará lectura al extracto que contenga los puntos controvertidos en la litis. A continuación las pruebas se ejecutarán en el orden fijado en el artículo 290.


Art. 382. La prueba de confesión se recibirá asentando las contestaciones en que vaya implícita la pregunta sin necesidad de asentar ésta. El juez debe particularmente atender a que no se formulen posiciones extrañas a los puntos cuestionados. Las partes pueden hacerse recíprocamente preguntas y formularse posiciones y el juez tiene la facultad de asentar el resultado de este careo o bien las contestaciones conteniendo las preguntas.

Art. 383. En seguida se relatarán los documentos presentados, poniéndose de manifiesto planos, croquis o esquemas. Las partes con sencillez pueden explicar al juez los documentos en que funden su derecho, mostrándolos y leyéndolos en la parte conducente; el juez puede hacer todas las preguntas necesarias sobre el contenido de los instrumentos. No se requiere hacer constar en el acta las exposiciones de las partes sobre los documentos ni las preguntas del tribunal.

Durante la audiencia no se pueden redargüir de falsos ni desconocer documentos que no lo fueron en su oportunidad. Cuando se hubiere hecho la impugnación de falsedad de un documento, de acuerdo con lo que dispone el artículo 379, se recibirán las pruebas y contrapruebas relativas a la objeción, asentándose sólo el resultado de ellas.

Art. 384. Los peritos dictaminarán por escrito u oralmente en presencia del tercero en discordia, si lo hubiere. Las partes y el juez le pueden formular observaciones y hacer preguntas pertinentes.

La prueba pericial se rendirá en la audiencia, reproduciendo los peritos sus dictámenes oralmente en presencia del tercero, y éste dirá su parecer.

Art. 385. Los testigos indicados en el auto de admisión de pruebas serán examinados en la audiencia, en presencia de las partes. El juez puede de oficio interrogar ampliamente a los testigos sobre los hechos objeto de esta prueba, para el mejor esclarecimiento de la verdad. Las partes también pueden interrogar a los testigos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos; y el juez debe impedir preguntas ociosas e impertinentes.

No deben asentarse en el acta literalmente preguntas ni respuestas, y sólo en caso en que excepcionalmente el juez estime prudente hacerlas constar, se asentarán las contestaciones implicando la pregunta. El secretario, bajo la vigilancia del juez, hará un extracto de la declaración de los testigos con relación a los puntos controvertidos, extracto que figurará en el acta de que más adelante se habla.

Art. 386. Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el reo; el Ministerio Público alegará también en los casos en que intervenga.

Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, las que procurarán la mayor brevedad y concisión, limitándose a tratar de las acciones y excepciones a que se contrae el litigio. El juez limitará prudentemente el tiempo que utilice cada una de las partes, evitando en todo caso cualquier disgresión. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 387. Queda prohibida la práctica de dictar los alegatos a la hora de la diligencia. Los alegatos serán verbales y pueden las partes presentar sus conclusiones por escrito.

Art. 388. Los tribunales deben dirigir los debates previniendo a las partes se concreten exclusivamente a los puntos controvertidos, evitando digresiones. Pueden interrumpir a los litigantes para pedirles explicaciones e interrogarlos sobre los puntos que estimen convenientes, ya sobre las constancias de autos o ya sobre otros particulares relativos al negocio.

Cuando se invoquen jurisprudencia, doctrinas o leyes que no sean del Estado, pueden exigir que se presenten en el acto mismo.

Art. 389. Al terminar de alegar las partes, el tribunal según la naturaleza del caso puede dictar los puntos resolutivos de su sentencia, pudiendo retirarse por un término no mayor de una hora a la sala de deliberaciones, con el objeto de estudiar la resolución; dentro del tercer día engrosará el fallo.

De lo contrario dictará resolución dentro de los cinco días que sigan a la celebración de la audiencia, interrumpiéndola con tal objeto.

Art. 390. De esta audiencia, el secretario, bajo la vigilancia del juez, levantará acta desde que principie hasta que concluya la diligencia, haciendo constar el día, lugar y hora, la autoridad judicial ante quien se celebra, los nombres de las partes y abogados, peritos, testigos, intérpretes; el nombre de las partes que no concurrieron, las decisiones judiciales sobre personalidad, competencia e incidentes, declaraciones de las partes en la forma expresada en el artículo 382, extracto de las conclusiones de los peritos y de las declaraciones de los testigos conforme al artículo 385, el resultado de la inspección ocular si la hubo y los documentos ofrecidos como pruebas si no constaron ya en el auto de admisión; las conclusiones de las partes en el debate oral, a no ser que por escrito las hubieren presentado los litigantes, y los puntos resolutivos del fallo.

Los peritos y testigos pueden retirarse de la audiencia después de desempeñar su cometido, firmando al margen del acta en la parte correspondiente a ellos.

Art. 391. Los tribunales, bajo su más estricta responsabilidad al celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, deben observar las siguientes reglas:

I. Continuación del procedimiento de tal modo que no pueda suspenderse ni interrumpirse la audiencia hasta que no haya terminado; en consecuencia, desecharán de plano las recusaciones y los incidentes que pudieran interrumpirla;

II. Los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción de las pruebas y alegatos de las partes. Si por causa insuperable dejare el juez de continuar la audiencia y fuere distinto el que lo sustituyere en el conocimiento del negocio, puede mandar repetir las diligencias de prueba si éstas no consisten sólo en documentos;


III. Mantener la mayor igualdad entre las partes de modo que no se haga concesión a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra;

IV. Evitar digresiones reprimiendo con energía las promociones de las partes que tiendan a suspender o retardar el procedimiento;

V. Siempre será pública la audiencia, excepto en los casos a que se refiere el artículo 59.

Art. 392. Si por causas graves hubiere necesidad de prolongar la audiencia durante horas inhábiles, no se requiere providencia de habilitación.

Cuando haya necesidad de diferirla se continuará en las primeras horas hábiles siguientes.

El hecho de que algunas de las pruebas ofrecidas por las partes no hayan sido debidamente preparadas no será causa suficiente para dejar de celebrar la audiencia, y en este caso el juez podrá mandarlas concluir en audiencia posterior y en un plazo no mayor de quince días, a cuyo efecto deberá ordenar de nuevo su preparación. En esta última audiencia se recibirán las pruebas faltantes, se oirán los alegatos de las partes y se dictará sentencia en los casos que proceda.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 393. En la recepción oral de las pruebas se aplicarán las reglas de la recepción en forma escrita que no se opusieren a lo dispuesto en este capítulo.


CAPÍTULO VII
DEL VALOR DE LAS PRUEBAS

Art. 394. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones:

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;

III. Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio;

IV. Que se haga conforme a las formalidades de la ley.

Art. 395. El declarado confeso sin que haya hecho confesión, puede rendir prueba en contrario siempre que esta prueba no importe una excepción no opuesta en tiempo oportuno.


Art. 396. La confesión judicial expresa que afecte a toda la demanda, engendra el efecto de obligar al juez a otorgar al deudor en la sentencia un plazo de gracia hasta por noventa días después de efectuado el secuestro y a reducir las costas.

Art. 397. La reclamación de nulidad de la confesión por error o violencia, se tramitará incidentalmente por cuerda separada y se decidirá en la definitiva.

Art. 398. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba.

Art. 399. La confesión extrajudicial hará prueba plena si el juez incompetente ante quien se hizo era competente en el momento de la confesión o las dos partes lo reputaban como tal o se hizo en la demanda o contestación.

Art. 400. La confesión extrajudicial hecha en testamento también hace prueba plena, salvo en los casos de excepción señalados por el Código Civil.

Art. 401. La confesión no producirá el efecto probatorio a que se refieren los artículos anteriores, en los casos en que la ley lo niegue y en aquéllos en que venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil o descubran la intención de defraudar a terceros. Debe el juez razonar cuidadosamente esta parte de su fallo.

Art. 402. La confesión judicial o extrajudicial sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no puede dividirse contra el que la hizo, salvo cuando se refiera a hechos diferentes o cuando una parte de la confesión esté probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes.

Art. 403. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde.

Art. 404. Las partidas registradas por los párrocos, anteriores al establecimiento del Registro Civil, no harán prueba plena en lo relativo al estado civil de las personas, sino cotejadas por notario público.

Art. 405. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.

Art. 406. Los documentos privados sólo harán prueba plena, y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente. En el reconocimiento expreso de documentos privados es aplicable lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 394.

Art. 407. El reconocimiento hecho por el albacea hace prueba plena, y también lo hace el hecho por un heredero en lo que a él concierna.


Art. 408. Los documentos simples comprobados por testigos tendrán el valor que merezcan sus testimonios recibidos conforme a lo dispuesto en la Sección de la prueba testimonial.

Art. 409. El documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca.

Art. 410. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena, cuando se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos.

Art. 411. El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio del Juez.

Art. 412. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas.

Art. 413. Las presunciones legales hacen prueba plena.

Art. 414. Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren.

En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y a las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros aunque no hubiesen litigado.

Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.

Art. 415. Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario.

Los jueces apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas.

Art. 416. La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con el presente capítulo, a menos que por el enlace interior de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicción distinta respecto de los hechos materia del litigio. En este caso, deberá fundar el juez cuidadosamente esta parte de su sentencia.


CAPÍTULO VIII
DE LOS ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ESCRITO


Art. 417. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas, se pondrán los autos a disposición de las partes por seis días comunes para que aleguen. Pasado que sea el período de alegatos, se citará el negocio para sentencia, que se pronunciará dentro de ocho días. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).


CAPÍTULO IX
DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA

Art. 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.

Causan ejecutoria por ministerio de Ley:

I. Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no pase del equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en el Estado en la fecha de presentación de la demanda;

II. Las sentencias de segunda instancia;

III. Las que resuelvan el recurso de queja;

IV. Las que dirimen o resuelvan una competencia; y

V. Las demás que se declaren irrevocables por prevención expresa de la Ley y de las que se dispone no haya más recurso que el de responsabilidad. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 419. Causan ejecutoria por declaración judicial:

I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial;

II. Las sentencias de que hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley; y

III. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y término legales o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial.

Art. 420. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la declaración se hará de oficio o a petición de parte, sin necesidad de substanciar artículo. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 421. El auto en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no admite más recurso que el de responsabilidad.



TÍTULO VII
DE LOS JUICIOS SUMARIOS Y DE LA VÍA DE APREMIO

CAPÍTULO I
DE LOS JUICIOS SUMARIOS
REGLAS GENERALES

Art. 422. Se tramitarán sumariamente:

I. Los juicios de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban con el carácter de estabilidad por contrato, por testamento o por disposición de la ley; ya tengan por objeto el pago o sólo el aseguramiento;

II. Los juicios que versen sobre cualquiera cuestión relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, depósito y comodato, aparcería, transportes y hospedaje;

III. Los juicios que tengan por objeto la firma de una escritura, la elevación de minuta a instrumento público o el otorgamiento de documento y el caso del artículo 2114 del Código Civil;

IV. Los cobros judiciales de honorarios debidos a peritos y a los abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente;

V. La calificación de impedimentos de matrimonio y la responsabilidad por incumplimiento de promesa matrimonial;

VI. La constitución necesaria del patrimonio de familia y la oposición de terceros con interés legítimo para que se haga esa constitución y, en general, cualquier controversia que sobre dicho patrimonio se suscitare. No habiendo contienda, todo lo relativo al patrimonio familiar se sustanciará en jurisdicción voluntaria;

VII. Las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes (sic ),?) educación de hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial;

VIII. La rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato imponen esa obligación;

IX. El ejercicio de la acción hipotecaria y los juicios que se funden en títulos ejecutivos;

X. Los interdictos;


XI. La acción rescisoria de enajenaciones pactadas bajo condición resolutoria o con cláusula de reserva del dominio;

XII. La responsabilidad civil que provenga de causa extracontractual, así como la que se origine por incumplimiento de los contratos enumerados en este artículo;

XIII. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común;

XIV. La consignación en pago;

XV. Las acciones relativas a servidumbres legales o que consten en títulos públicos; y

XVI. Las demás en que así lo determine la ley.

Art. 423. Todas las contiendas entre partes cuya tramitación no esté prevista en este título, se ventilarán en juicio ordinario.

Art. 424. En los casos de las fracciones V, VII y XV no se requieren más solemnidades que oír a las partes, primero al denunciante o al actor, en seguida a los demandados, recibir en ese orden sus pruebas en el acto mismo y dictar allí la resolución concisa o dentro de los tres días siguientes a juicio del juez. Si no estuviere el secretario, procederá el juez, con dos testigos de asistencia. Todo el juicio se hará constar en una sola acta cuando termine en un solo día.

Art. 425. El juicio sumario se inicia, por lo general, con el escrito de demanda en que se deben llenar los requisitos a que se refiere el Artículo 258.

Del escrito de demanda se corre traslado al demandado por un término no mayor de siete días para que produzca la contestación. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 426. En la demanda y la contestación las partes ofrecerán las pruebas declarando los nombres de testigos y peritos y señalando los archivos para la compulsa de aquellos documentos que no tuvieren en su poder.

Art. 427. Desde el día en que se mande emplazar al reo se fijará día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, que habrá de verificarse dentro de los veinte días siguientes al del emplazamiento. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).


Art. 428. Principiará la audiencia por la fijación de los puntos cuestionados de acuerdo con los escritos de las partes y, en su caso, verbalmente, a cuyo efecto el juez hará que los litigantes, respectivamente, confiesen, nieguen o expliquen los hechos de la demanda y la contestación, a fin de que quede reducida la prueba al menor número posible de puntos. El silencio y las respuestas evasivas se tendrán como confesión de los hechos a que se refieren. En el acta sólo se harán constar los puntos de controversia y los que fueren confesados.

Art. 429. En la audiencia el juez, después de fijar el debate, recibirá de las pruebas ofrecidas, las que él admita y que estrictamente se relacionen con la controversia. La recepción y práctica de las pruebas se hará oralmente sin necesidad de que los taquígrafos tomen las declaraciones textuales de los testigos.

Los alegatos serán verbales, pudiendo presentar las conclusiones por escrito.

Art. 430. Si en la contestación de la demandada se opusiere la excepción de falta de personalidad, se dará vista al actor por el término de tres días. La audiencia principiará recibiendo las pruebas relativas a esa excepción y su resolución se reservará para dictarse junto con la sentencia de fondo. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 431. La sentencia breve y concisa en cortas proposiciones puede dictarse en la audiencia misma o el juez a su juicio puede disfrutar hasta de cinco días para dictarla, salvo lo que dispone el artículo 424.

Art. 432. En los interdictos, la sentencia debe precisar sus efectos para el mejor éxito de la protección posesoria.

Cuando en el interdicto de obra nueva la protección eficaz se realice con sólo la suspensión de las obras, así lo determinará; pero si dichas obras implican una usurpación de la posesión del demandante, se ordenará la demolición previa fianza que otorgue el actor. Esta misma regla debe tenerse en el interdicto de obra peligrosa.

Art. 433. Las reglas del juicio ordinario y en especial las del capítulo VI del Título Sexto se aplicarán al juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Capítulo.

No puede concederse término extraordinario de prueba en los negocios a que se refiere el artículo 422. Tampoco proceden términos de gracia en ellos, a no ser en los juicios ejecutivos e hipotecarios que tengan por objeto pago de dinero.

No son admisibles la reconvención o la compensación sino cuando las acciones en que se funden estuvieren también sujetas a juicio sumario.

Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza, y las que recaigan en los casos de la fracción VII del artículo 422 son inapelables.


CAPÍTULO II
DEL JUICIO EJECUTIVO


Art. 434. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un título que lleve aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución:

I. La primera copia de una escritura pública expedida por el juez o notario ante quien se otorgó;

II. Las copias ulteriores dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa;

III. Los demás instrumentos públicos que conforme al artículo 326 hacen prueba plena;

IV. Cualquier documento privado, después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender; bastando con que se reconozca la firma, aun cuando se niegue la deuda;

V. La confesión de la deuda hecha ante juez competente por el deudor o por su representante con facultades para ello;

VI. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o de terceros que se hubieren obligado como fiadores, depositarios o en cualquier forma;

VII. Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público;

VIII. El juicio uniforme de contadores, si las partes ante el juez o por escritura pública o por escrito privado reconocido judicialmente, se hubieren sujetado a él expresamente o lo hubieren aprobado.

Art. 435. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución si el interesado no intentare la vía de apremio.

Art. 436. Cuando la confesión judicial se haga durante la secuela del juicio ordinario, cesará éste si el actor lo pidiere y se procederá en vía ejecutiva.

Si la confesión sólo afecta a una parte de lo demandado, se procederá en vía ejecutiva por la parte confesada, si el actor lo pidiere así y por el resto seguirá el juicio ordinario su curso.

Art. 437. La ejecución sólo puede despacharse por cantidad líquida.

Art. 438. Si el título ejecutivo contiene una obligación que sólo sea líquida o cierta y determinada en parte, por ésta se decretará la ejecución, reservándose la parte no determinada para el juicio correspondiente.


Art. 439. Las cantidades que por intereses o perjuicios formen parte de la deuda reclamada y no estuvieren liquidadas al despacharse la ejecución, lo serán en su oportunidad y se decidirán en la sentencia definitiva.

Art. 440. Las obligaciones sujetas a condición suspensiva o a plazo, no serán ejecutivas sino cuando aquélla o ésta se hayan cumplido, salvo lo dispuesto en los artículos 1827 y 1841 del Código Civil.

Art. 441. Si el título ejecutivo contiene obligación de hacer, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el actor exige la prestación del hecho por el obligado o por un tercero, conforme al artículo 1946 del Código Civil, el juez, atendiendo a las circunstancias del hecho, señalará un término prudente para que se cumpla la obligación;

II. Si en el contrato se estableció alguna pena, por el importe de ésta se despachará la ejecución;

III. Pasado el término de que habla la fracción I de este artículo, sin que preste el hecho, o si el actor exige desde luego el pago de los daños y perjuicios, fijará el importe de ellos conforme al Capítulo I de la Sección Primera del Título Cuarto, del Libro Cuarto del Código Civil, relativo a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones.

Art. 442. Cuando el título ejecutivo contenga la obligación de entregar cosas que, sin ser dinero, se estimen por número, peso o medida, se observarán las reglas siguientes:

I. Si no se designa la calidad de la cosa y existieren de varias clases en poder del deudor, se embargarán las de mediana calidad;

II. Si hubiere sólo de calidades diferentes a la estipulada, se embargarán si así lo pidiere el actor, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se hagan los abonos recíprocos correspondientes;

III. Si no hubiere en poder del demandado la cosa objeto del pleito, se despachará ejecución por la cantidad de dinero que señale el actor, debiendo prudentemente moderarla el ejecutor, de acuerdo con los precios corrientes en plaza, sin perjuicio de lo que señale por daños y perjuicios, moderables también.

Art. 443. Cuando la ejecución se ejercite sobre cosa cierta y determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega al demandado no la hace, se pondrá en secuestro judicial.

Si la cosa ya no existe, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y los daños y perjuicios como en las demás ejecuciones, pudiendo ser moderada la cantidad prudentemente por el juzgador.


Art. 444. Si la cosa especificada se halla en poder de un tercero, la acción ejecutiva no podrá ejercitarse contra éste sino en los casos siguientes:

I. Cuando la acción sea real;

II. Cuando se haya declarado judicialmente que la enajenación por la que adquirió el tercero, está en los casos de los artículos 2045 y 2050 del Código Civil y los demás preceptos en que expresamente se establezca esa responsabilidad.

Art. 445. El demandado puede, como en las demás ejecuciones, oponerse a la prestación del hecho o a la entrega de la cosa, al pago de la pena, al de los perjuicios y en su caso, al monto de la cantidad que por importe de éstos se hubiere fijado por el acreedor; pero esto lo hará al contestar la demanda.

Art. 446. Si el crédito que se cobra está garantizado con hipoteca, el acreedor podrá intentar el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario.

Art. 447. Si el título ejecutivo contiene obligaciones recíprocas la parte que solicite la ejecución, al presentar la demanda, hará la consignación de las prestaciones debidas al demandado o comprobará fehacientemente haber cumplido con su obligación.

Art. 448. El contrato de compraventa concertado bajo la condición resolutoria de la falta del pago del precio total o parcial, da lugar a la acción ejecutiva para recuperar la cosa vendida, si el acreedor consigna las prestaciones recibidas del demandado, con la reducción correspondiente al demérito de la cosa, calculada en el contrato o prudentemente por el juez.

Art. 449. Procede también la acción ejecutiva para recuperar, bajo las mismas condiciones indicadas en el artículo anterior, el bien que se enajenó con reserva del dominio hasta la total solución del precio.

Art. 450. Para que procedan en vía ejecutiva las acciones a que se refieren los tres artículos que preceden, se necesita que los contratos se hayan registrado.

Art. 451. Antes de despachar la ejecución, examinará el juez la personalidad del actor y si la encuentra acreditada, dictará el auto de ejecución si el título perteneciere a alguna de las clases enumeradas en este Capítulo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no priva al demandado del derecho de impugnar la personalidad del actor al oponerse a la ejecución, si tuviere razones para ello.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).


Art. 452. El juez despachará o denegará la ejecución sin audiencia del demandado, quedando prohibido correr traslado de la demanda ni aun con la cláusula de "sin perjuicio de lo ejecutivo". El Juez que infrinja esta prohibición será suspenso de tres meses a un año y pagará los perjuicios que cause haciéndose efectivas tales penas en el juicio correspondiente de responsabilidad.

Art. 453. El auto en que se denegare la ejecución admite el recurso de apelación; el que lo conceda sólo el de responsabilidad. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 454. Decretado el auto de ejecución el cual tendrá la fuerza de mandamiento en forma, se requerirá de pago al deudor, y no pagando éste en el acto, se procederá a embargarle bienes suficientes para cubrir la cantidad demandada de (sic )y?) costas. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia.

Art. 455. La ejecución sólo se suspenderá cuando el demandado presente certificado legalmente expedido en que conste que se encuentra declarado su estado de quiebra; pero la suspensión se entenderá respecto de los bienes secuestrados por el concurso, pudiendo continuar la diligencia en los otros bienes del deudor.

También se suspenderá la ejecución cuando el deudor consigne la cantidad reclamada para evitar los gastos y molestias del embargo reservándose el derecho de oponerse y la cantidad se depositará conforme a la ley; si no fuere suficiente para cubrir la deuda principal y las costas, se practicará el embargo por lo que falte.

Cualquiera defensa que se alegue o recurso que se interponga, sólo se hará constar en la diligencia.

Art. 456. Si el deudor no fuere habido al buscársele por primera vez en su domicilio, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente, y si no espera, se practicará la diligencia con cualquiera persona que se encuentre en la casa y en su defecto, o estando ésta cerrada, con uno de los vecinos inmediatos.

Art. 457. Si no se supiere el paradero del deudor ni tuviere casa en el lugar, el requerimiento se hará por medio de los edictos a que se refiere el Artículo 119 de este Código, quedando a salvo el derecho del actor para pedir alguna providencia precautoria. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 458. Verificado el requerimiento de cualquiera de los modos indicados, se procederá al embargo en la forma prevenida en este Código, a no ser que se hubiere ya practicado con el carácter de provisional, pues entonces quedará éste como definitivo.

Art. 459. Practicado el embargo o cuando el actor, por no haberse encontrado bienes en qué trabar ejecución, se reserve el derecho de señalarlos, se emplazará al deudor para que conteste la demanda dentro de cinco días y seguirá el juicio por los demás trámites señalados en el Capítulo anterior. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).


Art. 460. La sentencia deberá declarar siempre si procedió o no la vía ejecutiva y si ha lugar a remate de los bienes embargados. Si decide que no procedió la vía ejecutiva, reservará al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda.


CAPÍTULO III
DEL JUICIO HIPOTECARIO

Art. 461. El juicio sumario que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se sujetará a las disposiciones especiales de este Capítulo.

Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario es requisito que conste en contrato inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a lo prevenido en los Artículos 1841 y 2790 del Código Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 462. Cuando se entable pleito entre los que contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, siendo siempre condición indispensable, para escribir la cédula que esté registrado el bien a nombre del demandado y que no haya inscripción de embargo o gravamen en favor de tercero.

Art. 463. Presentada la demanda con el instrumento respectivo, si el Juez encuentra que se reúnen los requisitos señalados en los Artículos anteriores, dispondrá la expedición, fijación y registro de cédula hipotecaria y el emplazamiento del deudor para que conteste la demanda dentro de un término no mayor de siete días, continuando el procedimiento con sujeción a las demás reglas generales del juicio sumario.

El auto que denegare la admisión de demanda en vía hipotecaria admite el recurso de apelación; el que la admita sólo el de responsabilidad. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 464. Si en el título con que se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores el Juez mandará notificarles personalmente la iniciación del juicio para que usen de sus derechos conforme a la ley. Si se ignora su domicilio, la notificación se les hará por medio de un edicto que se publicará por tres veces, de tres en tres días, en el periódico oficial y en otro periódico diario de mayor circulación, a juicio del Juez, que se publique en el Estado.

Art. 465. Si comenzado el juicio se presentan alguno o algunos acreedores hipotecarios, se procederá como está previsto para las tercerías de este Código.


Art. 466. La cédula hipotecaria contendrá una relación sucinta de la escritura y concluirá en estos términos: "En virtud de las constancias que preceden, queda sujeta la finca .............. de la propiedad de........................... a juicio hipotecario, lo que se hace saber a las autoridades y al público, para que no se practique en la mencionada finca ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del presente juicio o viole los derechos en él adquiridos por el C. (aquí el nombre del actor)".

Art. 467. La cédula hipotecaria se fijará en la puerta principal o en los tableros del juzgado y en un lugar aparente de la finca; y se inscribirá en el Registro Público correspondiente, a cuyo efecto se expedirá por duplicado copia certificada de la cédula. Una copia quedará en el Registro y la otra, ya registrada, se agregará a los autos.

Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se librará exhorto o despacho al Juez de la ubicación para que se haga la fijación de la cédula como se previene en el párrafo anterior.

Art. 468. Desde el día en que se fije la cédula hipotecaria, contrae el deudor la obligación de depositario judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil deban de considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida al (sic )el?) acreedor.

Art. 469. El deudor que no quiera aceptar la responsabilidad de depositario, entregará desde luego la tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre.

Art. 470. Expedida la cédula hipotecaria, no podrá verificarse en la finca hipotecada ninguno de los actos en ella expresados, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la demanda que ha motivado la expedición de la cédula o de la providencia dictada a petición de acreedor de mejor derecho.

Art. 471. Para el avalúo de la finca se observará lo prevenido en el Capítulo V, sección IV, del Título Sexto; pero si el demandado no hace el nombramiento dentro del tercer día de notificada la demanda, puede el actor exigir que se pida certificado a la Oficina de Contribuciones o al Catastro del valor del bien hipotecado, valor que servirá de base para el remate. Si en la oficina correspondiente no hubiere la constancia respectiva el Juez hará el nombramiento que corrresponda hacer al demandado.

Art. 472. El reo podrá alegar todas las excepciones que tuviere, probándolas por los medios que establece este Código; pero las de pago de capital o réditos, las de compensación, reconvención y novación, se justificarán precisamente por confesión judicial o con prueba documental.

Art. 473. La sentencia debe declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y si ha lugar al remate de los bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la vía, reservará al actor sus derechos para que los haga valer en la forma correspondiente, mandará desde luego retirar y cancelar la cédula hipotecaria y, en su caso, que se devuelva la finca al demandado ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en un término que no exceda de treinta días.


Art. 474. En el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 2797 del Código Civil, no habrá lugar a juicio, ni a las almonedas ni a la renta judicial; pero sí habrá avalúo del precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago. La venta se hará de la manera que se hubiere convenido y, a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la venta alegando las excepciones que tuviere y esta oposición se substanciará en forma de incidente.


CAPÍTULO IV
DEL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO

Art. 475. La demanda de desocupación debe fundarse en la falta de pago de dos o más mensualidades y se acompañará con el contrato escrito del arrendamiento cuando ello fuere necesario, para la validez del acto conforme al Código Civil. En caso de no ser necesario el contrato escrito o de haberse cumplido voluntariamente por ambos contratantes sin otorgamiento de documento, se justificará por medio de información testimonial, prueba documental o cualquiera otra bastante como medio preparatorio del juicio. (Decreto N1 103 de 13-V-1948, P.O. de 15-V-1948).

Art. 476. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación, o dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial o dentro de noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere.

Art. 477. Si en el acto de la diligencia justificare el arrendatario con el recibo correspondiente, haber hecho el pago de las pensiones reclamadas o exhibiere su importe, se suspenderá la diligencia asentándose en ella el hecho y agregándose el justificante de pago para dar cuenta al juez. Si se hubiere exhibido el importe, se mandará entregar al actor sin más trámite y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhibiere el recibo de pago, se mandará dar vista al actor por el término de tres días y si lo objeta se citará para la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 480, y en caso de no objetarlo se da por concluida la instancia.

Art. 478. Cuando durante el plazo fijado para el desahucio, exhiba el inquilino el recibo de las pensiones debidas o el importe de ellas, dará el Juez por terminada la providencia de lanzamiento sin condenación en costas.

Si el recibo presentado es de fecha posterior o la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del término señalado para el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenará al inquilino al pago de las costas causadas.


Para los efectos de esta disposición y de la anterior, se equipara al recibo expedido por el propietario sobre el pago de las pensiones y surtirá los mismos efectos el expedido por el importe de las obras ejecutadas en la finca por el inquilino, que hubieren sido ordenadas expresamente por las Autoridades Sanitarias; estos recibos deberán estar visados por la Autoridad Sanitaria que ordenó la obra. (Decreto N1 161 de 23-V-1941, P.O. de 29-V-1941, Tomo XXXIII, Núm. 63).

Art. 479. Los beneficios de los plazos que este artículo concede a los inquilinos, no son renunciables.

Art. 480. En caso de que se opongan otras excepciones por el demandado, se mandará dar vista con ellas al actor citándose para audiencia de pruebas y alegatos dentro de los ocho días siguientes, teniendo en cuenta que esta audiencia debe efectuarse antes del vencimiento del término fijado para el lanzamiento. (Decreto N1 259 de 16-IV-1942, P.O. de 21-IV-1942, Tomo XXXIV, Núm. 46).

Art. 481. La sentencia que decrete el desahucio será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará siempre que el actor otorgue fianza que comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca la sentencia. La que lo niegue será apelable en ambos efectos, si lo permite la cuantía del juicio. (Decreto N1 259 de 16-IV-1942, P.O. de 21-IV-1942, Tomo XXXIV, Núm. 46).

Art. 482. Si las excepciones fueren declaradas procedentes, en la misma resolución dará el Tribunal por terminada la providencia de lanzamiento. En caso contrario, en la misma sentencia, se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado por el artículo 476, y se condenará a pagar la renta que se adeudare hasta el día en que el demandado entregue la finca arrendada. (Decreto N1 259 de 16-IV-1942, P.O. de 21-IV-1942, Tomo XXXIV, Núm. 46).

Art. 483. La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su defecto con cualquier persona de la familia, doméstico, portera o portero, agente de la policía o vecinos, pudiéndose romper las cerraduras de la puerta si necesario fuere. Los muebles u objetos que (sic )que en?) la casa se encuentren, si no hubiere persona de la familia del inquilino que los recoja u otra autorizada para ello, se remitirán por inventario a la oficina de policía correspondiente o al local que designe la autoridad administrativa, dejándose constancia de esta diligencia en autos.

Art. 484. Al hacer el requerimiento que se dispone en el artículo 476, se embargarán y depositarán bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas si así se hubiere decretado. Lo mismo se observará al ejecutarse el lanzamiento.

Art. 485. Para la ejecución del desahucio se tiene como domicilio legal del ejecutado, la finca o departamento de cuya desocupación se trata.
CAPÍTULO V
DEL JUICIO ESPECIAL DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD
(Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis. Tratándose de personas menores de edad que hayan sido acogidas por una institución de asistencia social, sea pública o privada, la pérdida de la patria potestad a que se refiere la fracción IV, del artículo 445 del Código Civil, se tramitará de acuerdo al procedimiento señalado en este Capítulo, correspondiendo tal acción al Ministerio Público. (Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis-1. Admitida la demanda, se emplazará a quienes ejerzan la patria potestad y a las personas referidas en el artículo 415 del Código Civil, para que dentro del plazo de cinco días produzcan su contestación. (Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis-2. Todas las notificaciones se harán de acuerdo a lo ordenado en el Capítulo V, Título II, de este Código, y en caso de domicilio ignorado de la persona que deba ser emplazada, deberán ser publicados edictos, por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@ y algún otro de mayor circulación a juicio del juez, publicación que igualmente se hará en los estrados del juzgado. La notificación así hecha, surtirá sus efectos a partir del tercer día de hecha la última publicación. (Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis-3. Todas las excepciones deberán hacerse valer en el escrito de contestación.

Los incidentes no suspenderán el procedimiento y salvo la excepción de incompetencia, se resolverán hasta la definitiva.

Si la parte demandada no formula su contestación, se le tendrá por contestada en sentido negativo.

En este juicio no es admisible la reconvención.

(Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis-4. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, dentro de los cinco días siguientes, se celebrará una audiencia de pruebas y alegatos, citándose a las partes de manera personal con las prevenciones y apercibimientos de ley correspondientes.

Las pruebas deben ofrecerse en los escritos de demanda y de contestación. Las supervenientes se regirán por lo previsto en este Código.

La audiencia se celebrará concurran o no las partea y estén o no presentes los testigos y demás auxiliares del proceso, con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, señalándose al efecto fecha para su continuación, la que tendrá verificativo por una sola vez y en un plazo no mayor de diez días.

(Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

Art. 485 Bis-5. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes al estado de citación para la misma.

Contra la sentencia procedente el recurso de apelación en ambos efectos.

(Adic. por Dec. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)


TÍTULO VIII
DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

CAPÍTULO I
DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y DEMÁS
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SUPREMO TRIBUNAL

O LOS JUECES DEL ESTADO

Art. 486. La ejecución de sentencia que hubiere causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada la fianza correspondiente, se hará por el juez que conoció del negocio en la primera instancia.

La ejecución de las interlocutorias firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del juez que conozca del principal. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

La ejecución de las transacciones o convenios celebrados en juicios, se hará por el juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública o judicialmente en autos.

Art. 487. El tribunal que dicte sentencia ejecutoria, dentro de los tres días siguientes a la notificación, devolverá los autos al inferior acompañándole la ejecutoria y constancias de las notificaciones. Si se tratare de transacción o convenio remitirá testimonio de los mismos al devolver los autos.

Art. 488. La ejecución de las sentencias arbitrales, se hará por el Juez competente designado por las partes, y, en su defecto, por el Juez del lugar del juicio, si hubiere varios, por el de número más bajo.

Art. 489. La ejecución de las sentencias y convenios, en la vía ejecutiva, se efectuará conforme a las reglas generales de los juicios ejecutivos.

Art. 490. Cuando se pida la ejecución de sentencia, el Juez señalará al deudor el término improrrogable de cinco días para que lo cumpla, si en ella no se hubiere fijado otro término para ese efecto.

Art. 491. Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida, se procederá siempre y sin necesidad de previo requerimiento personal al embargo de bienes en los términos prevenidos para los secuestros.

Art. 492. Sólo hasta después de asegurados los bienes por medio de secuestro, podrán tener efecto los términos de gracia concedidos por el Juez o por la ley.

Art. 493. Pasado el término del artículo 490, sin haberse cumplido la sentencia, se procederá al embargo.

Art. 494. Si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables, en el acto, como efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor inmediatamente después del embargo. Los efectos de comercio y acciones, bonos o artículos de pronta realización, se venderán a costa del obligado.


Art. 495. Si los bienes embargados no estuvieren valuados con anterioridad, se pasará al avalúo y venta en almoneda pública en los términos que previene este Código.

No se requiere avalúo cuando el precio consta en instrumento público o se ha fijado por el consentimiento de los interesados o se determine por otros medios, según las estipulaciones del contrato, a menos que en el curso del tiempo o por mejoras, variare el precio.

Art. 496. Si en el contrato se fijó el precio en que una finca hipotecada debe ser adjudicada al acreedor, con renuncia expresa de subasta, la adjudicación se hará luego que pasen los cinco días señalados en el artículo 490 el (sic )o el?) plazo de gracia.

Art. 497. Del precio del remate se pagará al ejecutante el importe de su crédito y se cubrirán los gastos causados en la ejecución.

Art. 498. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda.

Art. 499. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se le dará vista por tres días a la demandada. Si ésta nada expone dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación, mas si manifestare inconformidad, se dará vista de las razones que alegue, a la promovente por tres días y de lo que se replique por otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez fallará lo que estime justo sin que contra su resolución proceda más recurso que el de responsabilidad.

Art. 500. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse establecido o no en aquélla las bases para la liquidación, el que obtuvo a su favor el fallo presentará con su solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su importe. De esta regulación se correrá traslado al condenado, observándose lo prevenido en el artículo anterior.

Lo mismo se practicará cuando la cantidad ilíquida proceda de frutos, rentas o productos de cualquiera clase.

Art. 501. Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el Juez señalará al que fue condenado, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas.

Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el hecho fuere personal del obligado y no puede prestarse por otro, se le compelerá por los medios de apremio más eficaces sin perjuicio del derecho para exigirle la responsabilidad civil;


II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado, en el término que fije;

III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el Juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía.

Art. 502. Si el ejecutante optare, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo anterior, por el resarcimiento de daños y perjuicios, se procederá a embargar bienes del deudor por la cantidad que aquél señalare y que el Juez moderará prudentemente, sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto. Esta reclamación se sustanciará como el incidente de liquidación de sentencia.

Art. 503. Cuando la sentencia condene a rendir cuentas, el Juez señalará un término prudente al obligado para que las rinda y le indicará a quien debe rendirlas.

Art. 504. El obligado, en el término que se le fije y que no podrá prorrogarse sino por una vez por causa grave, a juicio del Tribunal, rendirá su cuenta presentando los documentos que tenga en su poder y los que el acreedor tenga en el suyo y que debe presentar poniéndolos a la disposición del deudor en la Secretaría.

Las cuentas deberán contener un preámbulo en el que se exponga sucintamente los hechos que dieron lugar a la gestión y la resolución judicial que ordene la rendición de cuentas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y el balance de las entradas y salidas, acompañando los documentos justificativos, como recibos, comprobantes de gastos y demás.

Art. 505. Si el deudor presenta sus cuentas en el término señalado, quedarán éstas por seis días a la vista de las partes en el Tribunal y dentro del mismo tiempo presentará sus observaciones determinando las partidas que no se consientan.

La impugnación de algunas partidas no impide que se despache ejecución, a solicitud de parte, respecto de las cantidades que confiese tener en su poder el deudor, sin perjuicio de que en el cuaderno respectivo se sustancie la oposición a las partidas objetadas. Las objeciones se sustanciarán como está prevenido para el incidente de liquidación de sentencias.

Art. 506. Cuando la sentencia condene a dividir una cosa común sin dar las bases, se convocará a los interesados a una junta para que en presencia del Juez las determinen y designen un partido; (sic )partidor?) y si hubiere acuerdo en una u otra cosa el Juez designará persona que haga la partición, la que será perito en la materia si fuere menester conocimientos especiales. Señalará a ésta el término prudente para que presente el proyecto partitorio.


Presentado el plan de participación, se pondrá en la secretaría a la vista de los interesados por seis días comunes para que formulen objeciones dentro de ese mismo tiempo; formuladas se correrá traslado al partidor y se sustanciará el incidente en la forma que se previene para la liquidación de sentencia. El juez, al resolver mandará hacer las adjudicaciones y extender las hijuelas, con una breve relación de antecedentes.

Art. 507. Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios al actor, quien tendrá el derecho de señalarlos para que por ellos se despache ejecución.

Art. 508. Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez deba entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma al actor o a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado.

Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al actor o al interesado que indique la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el ejecutor, quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras. En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se despachará ejecución por la cantidad que señale el actor, la que será moderada prudentemente por el juez, sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor. La oposición se sustanciará como se previene en el artículo 490.

Art. 509. Cuando la sentencia ordene entrega de personas, el juez dictará las disposiciones conducentes para que no quede frustrado el cumplimiento del fallo.

Art. 510. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad. Si la resolución fuere de otra naturaleza será procedente el recurso de apelación. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, N1 76).

Art. 511. Todos los gastos y costas de la ejecución serán a cargo del que fuere condenado en la sentencia.

Art. 512. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.

Art. 513. Contra la ejecución de la sentencia y convenios judiciales, no se admitirá más excepción que la de pago si dicha ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; si hubiere transcurrido más de un año, serán admisibles también, la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquiera otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, constar por instrumento publico, (sic )público?) por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial, y se sustanciarán en forma de incidente, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión.


Art. 514. Los términos fijados en el artículo anterior se contarán desde la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije el plazo para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso el término se computará desde el día en que venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de prestaciones periódicas.

Art. 515. DEROGADO. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 516. Si se tratare de sentencias contra la Hacienda Pública del Estado o Municipal, la autoridad judicial la comunicará directamente al Jefe de la Administración, para que éste, dentro de la órbita de sus facultades, proceda a cumplirlas, sin que en ningún caso pueda librarse mandamiento de ejecución o providencia de embargo.

Art. 517. Todo lo que en este Capítulo se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales.


CAPÍTULO II
DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y DEMÁS
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS TRIBUNALES
DE LOS ESTADOS, DE LOS TERRITORIOS
Y DEL EXTRANJERO

Art. 518. El Juez que reciba exhorto con las inserciones necesarias, conforme a derecho, para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga el Juez requirente siempre que lo que haya de ejecutarse no sea contrario a las leyes del Estado.

Art. 519. Los Jueces requeridos no podrán oír ni conocer de excepciones cuando fueren opuestas por alguna de las partes que litigan ante el Juez requirente, salvo el caso de competencia legalmente interpuesta por alguno de los interesados.

Art. 520. Si al ejecutar las resoluciones insertas en las requisitorias, se opusiere algún tercero, el Juez lo oirá incidentalmente y calificará las excepciones opuestas conforme a las reglas siguientes:

I. Cuando un tercero que no hubiere sido oído por el Juez requirente poseyere en nombre propio la cosa en que deba ejecutarse la sentencia, no se llevará adelante la ejecución, devolviéndose el exhorto con inserción del auto en que se dictare esa resolución y de las constancias en que se haya fundado;

II. Si el tercer opositor que se presente ante el Juez requerido, no probare que posee con cualquier título traslativo de dominio la cosa sobre que verse la ejecución del auto inserto en la requisitoria, será condenado a satisfacer las costas, daños y perjuicios a quien se los hubiere ocasionado. Contra esta resolución sólo se da el recurso de queja.


Art. 521. Los jueces requeridos sólo ejecutarán las sentencias cuando reúnan las siguientes condiciones:

I. Que versen sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente;

II. Que si tratan de derechos reales sobre inmuebles o de bienes inmuebles ubicados en el Estado, sean conforme a las leyes del mismo;

III. Si tratándose de derechos personales o del estado civil, la persona condenada se sometió expresamente o por razón de domicilio a la jurisdicción que la pronunció;

IV. Que la parte condenada haya sido emplazada personalmente para ocurrir al juicio.

Art. 522. El Juez que reciba despacho u orden de su Superior para ejecutar una diligencia, será mero ejecutor y, en consecuencia no dará curso a ninguna excepción que opongan los interesados, tomándose simplemente razón de sus respuestas en el expediente, antes de devolverlo.

Art. 523. La sentencia y demás resoluciones judiciales dictadas en países extranjeros, tendrán en el Estado la fuerza que establezcan los tratados respectivos. En su defecto se estará a la reciprocidad internacional.

Art. 524. Sólo tendrán fuerza en el Estado las ejecutorias extranjeras que reúnan las siguientes condiciones:

I. Que aparezcan cumplidas las formalidades prescritas para los exhortos del extranjero;

II. Que no contraríen alguna ley de orden público vigente en el Estado;

III. Que hayan sido dictadas a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

IV. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en él (sic )el?) Estado;

V. Que haya sido emplazado personalmente el demandado para ocurrir al juicio;

VI. Que sean ejecutorias, conforme a las leyes del país en que hayan sido dictadas;

VII. Que llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como auténticas.

Art. 525. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero, el Juez que lo seria (sic )sería?) para seguir el juicio en que se dictó.


Art. 526. Traducida la ejecutoria en la forma prevista por la ley, se presentará al Juzgado competente para su ejecución, pero previamente, con audiencia del Ministerio Público, se examinará su autenticidad y si conforme a las leyes nacionales debe o no ser ejecutada.

Art. 527. Ni el Juez inferior ni el Supremo Tribunal podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye; se limitarán a examinar su autenticidad y si debe o no ejecutarse conforme a las leyes del Estado.

Art. 528. Si se denegare el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria a la parte que la hubiere presentado; si se accediere a cumplirla, se procederá a la ejecución conforme a las disposiciones de este Código.


CAPÍTULO III
DE LOS EMBARGOS

Art. 529. Decretado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, el actuario requerirá el pago al deudor y no verificándolo éste en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas si se tratare de juicio ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia.

No es necesario el requerimiento de pago en la ejecución del embargo precautorio, ni en la ejecución de sentencias cuando no fuere hallado el condenado.

Art. 530. El derecho de designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor; y sólo que éste se rehúse a hacerlo o que esté ausente, podrá ejercerlo el actor o su representante, pero siempre sujetándose al siguiente orden:

I. Los bienes consignados como garantía de la obligación que reclama;

II. Dinero;

III. Créditos realizables en el acto;

IV. Alhajas;

V. Frutos y rentas de toda especie;

VI. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;

VII. Bienes raíces;

VIII. Sueldos o comisiones; y


IX. Créditos.

Art. 531. El actor o su representante pueden señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro, sin sujetarse al orden preestablecido:

I. Si para serlo estuvieren autorizados por el obligado en virtud del convenio expreso;

II. Si los bienes que señale el demandado no fueren bastantes o si no se sujeta al orden establecido en el artículo anterior;

III. Si los bienes estuvieren en diversos lugares; en este caso puede señalar los que se hallen en el lugar del juicio.

Art. 532. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal y las costas, incluyéndose en aquéllas los nuevos vencimientos y réditos hasta la total solución, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario.

Art. 533. Cualquier dificultad que se suscite en la diligencia de embargo no la impedirá ni la suspenderá; el ejecutor la allanará prudentemente a reserva de lo que determine el juez.

Art. 534. Cuando practicado el remate de los bienes consignados en garantía, no alcanzare su producto para cubrir la reclamación, el acreedor podrá pedir el embargo de otros bienes.

Art. 535. Podrá pedirse la ampliación del embargo:

I. En cualquier caso en que a juicio del juez no basten los bienes secuestrados para cubrir la deuda y las costas;

II. Si el bien secuestrado que se sacó a remate dejare de cubrir el importe de lo reclamado a consecuencia de las retazas que sufriere;

III. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparezcan o los adquieran;

IV. En los casos de tercería, conforme a lo dispuesto en este Código.

Art. 536. Desde que se practica el secuestro contra el deudor la obligación de depositario judicial de los bienes embargados. Si no quiere aceptarla, lo expresará así desde luego, o por escrito, dentro del tercer día, en cuyo caso se tendrá como depositario a la persona que bajo su responsabilidad nombre el actor, a la que se hará entrega de los bienes mediante formal inventario, después de (sic )de que?) haya caucionado su manejo.


Si el deudor nada expresare dentro del término, se entenderá que acepta continuar como depositario y si la práctica del secuestro no se entendiere con el ejecutado o su representante, los tres días que este artículo señala, comenzarán a contarse desde que se le hubiere hecho saber la diligencia.

Art. 537. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

I. El embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables que se efectúe en virtud de sentencia, porque entonces se hará entrega inmediata al actor en pago, en cualquier otro caso, el depósito se hará en los términos de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia;

II. El secuestro de bienes que hubiere (sic )hubieren?) sido objeto de embargo judicial anterior, en cuyo caso el depositario primero en tiempo, lo será respecto de todos los embargos subsecuentes mientras subsista el primero, a no ser que el embargo sea por virtud de cédula hipotecaria, derecho de prenda y (sic )u?) otro privilegio real, porque entonces éste prevalecerá si el crédito de que procede es de fecha anterior al primer secuestro;

III. El secuestro de alhajas y demás muebles preciosos, los que se depositarán en una Sociedad Nacional de Crédito. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 538. Quedan exceptuados de embargo:

I. Los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad en los términos que establece el Código Civil;

II. El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez.

III. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado;

IV. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados;

V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales;

VI. Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para éste conforme a las leyes relativas;


VII. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a juicio del juez;

VIII. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;

IX. El derecho de usufructo con las limitaciones que la ley establece;

X. Los derechos de uso y de habitación;

XI. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas; excepto la de aguas que es embargable independientemente;

XII. La renta vitalicia, en los términos establecidos en los artículos 2666 y 2668 del Código Civil;

XIII. Los sueldos y salarios de los trabajadores en los términos que lo establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias o de responsabilidad proveniente de delito;

XIV. Las asignaciones de los pensionistas del erario;

XV. Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su fraccionamiento corresponda a cada ejidatario; y

XVI. Los demás bienes en que así lo prevenga la ley.

En los casos de las fracciones III, IV, V y VII, el juez, en caso de duda, oirá el informe de un perito designado por él. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 539. DEROGADO. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 540. De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad, librándose al efecto por duplicado, copia certificada de la diligencia del embargo. Uno de los ejemplares, después de registrado, se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.


Art. 541. Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar al deudor o a quien deba pagarlos, que no verifique el pago, sino que retenga la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del juzgado, apercibido de doble pago en caso de desobediencia; y al acreedor contra quien se haya dictado el secuestro, que no disponga de esos créditos, bajo las penas que señala el Código Penal. Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título representa, y de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además a las obligaciones que impone el Código Civil en sus disposiciones relativas al secuestro.

Art. 542. Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará al juez de los autos respectivos, dándole a conocer el depositario nombrado, a fin de que éste pueda, sin obstáculo alguno, desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior.

Art. 543. Recayendo el secuestro sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, ni créditos, el depositario que se nombre sólo tendrá el carácter de simple custodio de los objetos puestos a su cuidado, los que conservará a disposición del juez respectivo. Si los muebles fueren fructíferos rendirá cuentas como se previene en este capítulo.

Art. 544. El depositario, en el caso del artículo anterior, pondrá en conocimiento del juzgado el lugar en que quede constituido el depósito y recabará la autorización para hacer, en caso necesario, los gastos del almacenaje. Si no pudiere el depositario hacer los gastos que demanda el depósito, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juez para que éste, oyendo a las partes en una junta que se celebrará dentro de tres días, decrete el modo de hacer los gastos, según en la junta se acordaren, o en caso de no haber acuerdo, imponiendo esa obligación al que obtuvo la providencia del secuestro.

Art. 545. Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, el depositario tendrá, además, la obligación de imponerse del precio que en plaza tengan los efectos confiados a su guarda, a fin de que si encuentra ocasión favorable para la venta, la ponga desde luego en conocimiento del juez, con objeto de que éste determine lo que fuere conveniente.

Art. 546. Si los muebles depositados fueren cosas fáciles de deteriorarse o demeritarse, el depositario deberá examinar frecuentemente su estado y poner en conocimiento del juez el deterioro o demérito que en ellos observe o tema fundadamente que sobrevengan, a fin de que dicte el remedio oportuno para evitar el mal, o acuerde su venta en las mejores condiciones, en vista de los precios de plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos secuestrados.

Art. 547. Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas o sobre éstas solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades y obligaciones siguientes:

I. Podrá contratar los arrendamientos, bajo la base de que las rentas no sean menores de las que al tiempo de verificarse el secuestro rindiere la finca o departamento de ésta que estuviere arrendado; para el efecto, si ignorare cuál era en ese tiempo la renta, lo pondrá en conocimiento del juez, para que recabe la noticia de la Oficina de Contribuciones Directas. Exigirá para asegurar el arrendamiento las garantías de estilo, bajo su responsabilidad, y si no quiere aceptar ésta, recabará la autorización judicial;


II. Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, en sus términos y plazos, procediendo en su caso contra los inquilinos morosos, con arreglo a la ley;

III. Hará sin previa autorización los gastos ordinarios de la finca, como pago de contribuciones y los de mera conservación, servicio y aseo, no siendo excesivo su monto, cuyos gastos incluirá en la cuenta mensual de que después se hablará;

IV. Presentará a la Oficina de Contribuciones, en tiempo oportuno, las manifestaciones que la ley de la materia prevenga, y de no hacerlo así, será responsable de los daños y perjuicios que por su omisión se originen;

V. Para hacer los gastos de reparación o de construcción ocurrirá al juez solicitando licencia, acompañando al efecto los presupuestos respectivos;

VI. Pagará previa autorización judicial, los réditos de los gravámenes reconocidos sobre la finca.

Art. 548. Pedida la autorización a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juez citará a una audiencia que se verificará dentro de tres días para que las partes, en vista de los documentos que se acompañen resuelvan de común acuerdo si se autoriza o no el gasto. No lográndose el acuerdo, el juez dictará la resolución que corresponda.

Art. 549. Si el secuestro se efectúa en finca rústica o en negociación mercantil o industrial, la administración continuará efectuándose bajo la responsabilidad y dirección del ejecutado y el depositario, que será mero vigilante de la contabilidad e interventor de la caja, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica en su caso, y las operaciones que en ellas respectivamente se hagan, a fin de que produzcan el mejor rendimiento;

II. Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los frutos y su venta y recogerá el producto de ésta;

III. Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo bajo su responsabilidad el numerario;

IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de los productos, en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos a su vencimiento;

V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica y cuidará de que la inversión de estos fondos se hagan convenientemente;

VI. Depositará el dinero que resultare sobrante después de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, como previene el artículo 537;

VII. Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar los abusos y malos manejos de los administradores, dando inmediata cuenta al juez para su ratificación y en su caso para que determine lo conducente a remediar el mal.

Art. 550. Si en cumplimiento de los deberes que el artículo 549 impone al interventor, éste encontrare que la administración no se hace convenientemente, o puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del juez para que oyendo a las partes y al interventor, determine lo conveniente.

Art. 551. Cuando los bienes embargados no queden bajo la responsabilidad del ejecutado, el depositario o interventor nombrados, para entrar en el ejercicio de su encargo, deberá acreditar que tiene bienes raíces bastantes, a juicio del juez, ubicados dentro del territorio jurisdiccional de éste, para responder del secuestro, o en su defecto otorgar garantía por la cantidad que se designe.

Los que tengan administración o intervención, presentarán al Juzgado, cada mes, una cuenta de los esquilmos y demás frutos de la finca y de los gastos erogados, no obstante cualquier recurso interpuesto en lo principal.

Art. 552. El Juez, con audiencia de las partes, aprobará o reprobará la cuenta mensual y determinará los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mandando depositar el sobrante líquido. Los incidentes relativos al depósito y a las cuentas se seguirán por cuerda separada.

Art. 553. Será removido de plano el depositario, en los siguientes casos:

I. Cuando se menoscaben o extingan las garantías a que se refiere el artículo 551;

II. Si dejare de rendir la cuenta mensual o la presentada no fuere aprobada;

III. Cuando no haya manifestado su domicilio o el cambio de éste;

IV. Cuando tratándose de bienes muebles no pusiere en conocimiento del Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas que siguen a la entrega el lugar en donde quede constituido el depósito.

Si el removido fuere el deudor, el ejecutante nombrará nuevo depositario. Si lo fuere el acreedor o la persona por él nombrada, la nueva elección se hará por el Juez.

Art. 554. Los depositarios o interventores percibirán los honorarios que señale el Arancel.


El depositario y el actor, cuando éste lo hubiere nombrado, son responsables solidariamente de los bienes.

Art. 555. Si los bienes en que se practica el secuestro ya estuvieren embargados con anterioridad, el reembargo sólo producirá efectos sobre el remanente que resulte líquido después de hecho el pago al primer embargante, salvo el caso de preferencia de derechos.

Art. 556. Luego que se acredite la existencia del primer embargo, el Juez reembargante suspenderá de oficio todo procedimiento de remate de los bienes reembargados y lo comunicará así al Juez embargante para que retenga, a disposición del primero el remanente del producto del remate si llegare a efectuarse, y, en el caso de que no llegare a practicarlo, lo haga saber al reembargante a fin de que continúe el procedimiento.

Art. 557. El que obtuvo el reembargo puede obligar al primer embargante a continuar el ejercicio de su acción hasta la práctica del remate. Para este efecto, podrá intervenir en el juicio del que primero embargó y pedir que señale a éste el Juez un plazo prudente para que continúe el procedimiento. Transcurrido el término señalado, si no lo continuare o lo dejare en suspenso sin justa causa, podrá pedir al Juez que saque a remate los bienes embargados y ponga a disposición del Juez que practicó el reembargo, el remanente.

La fijación del término a que este artículo se refiere, se hará con audiencia de la parte contraria y la resolución que se dicte sólo será recurrible en queja.

Art. 558. Lo dispuesto en este Capítulo es aplicable a todos los casos de secuestro judicial, salvo aquéllos en que disponga expresamente otra cosa, este Código.


CAPÍTULO IV
DE LOS REMATES

Art. 559. Toda venta que conforme a la ley deba hacerse en subasta o almoneda, se sujetará a las disposiciones contenidas en este Título, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario.

Art. 560. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el Juzgado en que actúe el Juez que fuere competente para la ejecución.


Art. 561. No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente conste certificado de libertad o de gravámenes del predio, expedido por el Registro Público de la Propiedad y sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado; éste comprenderá los últimos diez años, pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél, hasta la en que se anuncie la venta. En defecto de los datos que pueda ministrar el Registro Público de la Propiedad, deberá recabarse previamente constancia de la Oficina Catastral respectiva, para cerciorarse, al menos por ese medio, de que la persona contra quien se pretende fincar el remate, es la misma en cuyo favor estuviere empadronada la finca de que se trata; si esto no fuere así, el remate no se llevará a efecto. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 562. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de la ejecución para que intervengan en la subasta de los bienes, si les conviniere.

La citación de los acreedores se hará personalmente en su domicilio, que deberá indicar el ejecutante si le fuere conocido; en caso contrario, se llevará a efecto en las mismas convocatorias del remate.

Art. 563. Los acreedores citados, conforme al artículo anterior tendrán derecho:

I. Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estime oportunas para garantizar sus derechos;

II. Para recurrir el auto de aprobación del remate, en su caso; y

III. Cuando el estado de los autos lo permita, para nombrar a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado, practique el avalúo de la cosa. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, ni cuando la valorización se haga por otros medios.

Art. 564. El avalúo se practicará observando las reglas establecidas para la prueba pericial y si fueren más de dos los peritos valuadores no habrá necesidad de nombrar terceros en discordia.

Art. 565. Justipreciados los bienes, si fueren raíces, se anunciará su venta, señalando día y hora para la almoneda por medio de edictos que se publicarán por una sola vez en el Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@ y por dos veces, dentro de nueve días, en dos de los periódicos comerciales de mayor circulación, a juicio del juez. A petición de cualquiera de las partes y a su costa, el juez puede ordenar algún otro medio de publicidad para convocar postores.

El edicto de remate debe contener: la designación y el domicilio del tribunal que ejecuta; el nombre o denominación de las partes contendientes en juicio; el número del expediente en que se promueve; una descripción somera del inmueble objeto del remate y su ubicación; el importe de la postura legal, y el día, hora y lugar de la almoneda.

(Ref. por Dec. 433, publicado en el P.O. No. 153 de 20 de diciembre de 2000)

Art. 566. Antes de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes pagando principal y demás prestaciones que se encuentren debidamente liquidadas, consignando además la cantidad que prudentemente y en forma provisional califique el juez, para garantizar el pago de las que no lo estén. Después de aprobado quedará la venta irrevocable.


(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 567. Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares, en todos éstos se publicarán los edictos en la Secretaría de los Ayuntamientos correspondientes y en la tabla de avisos de los juzgados respectivos.

En el caso a que se refiere este artículo se ampliará el término de publicación de los edictos, concediéndose el que el juez estime necesario en atención a la distancia y a la dificultad de las comunicaciones.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 568. Será postura legal la que cubra dos terceras partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipotecada por los contratantes, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar el crédito o créditos que hubieren sido objeto del juicio y las costas.

Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el crédito o créditos y las costas, será postura legal dos terceras partes del avalúo dadas de contado.

Art. 569. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán presentar por escrito su postura y consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, a disposición del Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento efectivo de la postura legal para el remate, sin cuyos requisitos no serán admitidos.

Se devolverán las consignaciones o (sic )a?) sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la del mejor postor, que se conservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio de la venta.

Art. 570. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de presentar postura por escrito ni de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior, si el importe de su crédito, reconocido en la sentencia, cubre el diez por ciento a que el citado artículo se refiere. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 571. La postura deberá contener:

I. Las generales del postor;

II. El precio que se ofrezca por la finca y la forma de cubrirlo;

III. El interés que deba causar la suma que se queda reconociendo;

IV. La sumisión al Juez que practica el remate para que haga cumplir el contrato; y


V. La constancia de haberse hecho el depósito a que se refiere el artículo 569.

Art. 572. El postor no puede rematar para un tercero sino con poder y cláusula especial, quedando prohibido hacer posturas reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien se hizo.

Art. 573. Desde que se anuncia el remate y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos que hubiere y estarán a la vista los avalúos.

Art. 574. El Juez ejecutor decidirá de plano toda cuestión que se suscite durante la subasta y de sus resoluciones no se dará más recurso que el de responsabilidad, a menos que la ley disponga otra cosa.

Art. 575. El día del remate, a la hora señalada, el juez pasará lista de los postores presentados y revisará las posturas, desechando las que no cumplan con los requisitos del artículo 571. Enseguida declarará que va a procederse al remate y ya no admitirá nuevos postores. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 576. Calificadas de buenas las posturas, el Juez las leerá en alta voz por sí mismo o mandará que las lea el Secretario, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hubiere varias posturas legales el Juez decidirá cuál es la preferente.

Hecha la declaración de la postura preferente, el Juez preguntará si la mejora alguno de los licitadores. En caso de que dentro de los cinco minutos que sigan a la pregunta alguno la mejore, interrogará de nuevo si algún otro postor mejora la puja; y así sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier momento en que pasados cinco minutos de hecha la pregunta correspondiente, no se mejore la última postura o puja, declarará el Tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla.

Art. 577. Dentro de los tres días siguientes al en que se hubiere fincado el remate, el juez de oficio revisará el procedimiento de ejecución y dictará auto aprobando o no el remate. Contra esa resolución procede el recurso de apelación en ambos efectos, siempre que el interés que represente la postura legal exceda de cien días de salario mínimo general vigente en el Estado, pudiendo el tribunal de alzada en este caso suplir la deficiencia de los agravios, siempre que advierta una violación manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte gravemente los derechos del ejecutado. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 578. DEROGADO. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 579. No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pedir, en el acto de la diligencia o dentro de los tres días que sigan a su celebración, que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes del precio que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del diez por ciento de la tasación.


La segunda y ulteriores subastas se anunciarán mandando publicar un solo edicto y se celebrarán en igual forma que la anterior.

Art. 580. Si en las subsecuentes subastas, tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir o la adjudicación por el precio de la postura legal en la almoneda o que se le entreguen en administración los bienes para aplicar su producto al pago de los intereses y extinción del capital y de las costas.

Art. 580 Bis. Tratándose de embargo practicado conforme al artículo 549, si la explotación resultare incosteable, en base a los informes del interventor, previa solicitud de parte y con vista por tres días de la contraria, el juez podrá decretar que cesa la intervención, procediéndose al remate de lo embargado. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 581. Cualquier liquidación que tenga que hacerse de los gravámenes que afecten a los inmuebles vendidos, gastos de ejecución y demás, se regulará por el Juez con un escrito de cada parte y resolución dentro del tercer día.

Art. 582. Aprobado el remate, al mandar el Juez que se otorgue la escritura de adjudicación, y la entrega de los bienes, prevendrá al comprador que consigne, ya ante el propio Juez o ya ante el notario que va a autorizar la escritura respectiva, el precio del remate.

Si el comprador no consigna el precio en el plazo que el juez le señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si la anterior no se hubiere celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 569, que se aplicará en abono al crédito reclamado por el ejecutante. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 583. Una vez consignado el precio se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador apercibiéndolo que de no hacerlo, el juez lo hará en su rebeldía y haciéndolo constar así.

Art. 584. Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad, apremiando en su caso al deudor para que los entregue, y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador, dándose las órdenes necesarias, aun la de desocupación de fincas habitadas por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso de los bienes con arreglo al Código Civil. También se le dará a conocer como dueño a las personas que para el efecto designe.

Art. 585. Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance y si hubiere costas pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlas, hasta que sean aprobadas las que faltaren de pagarse; pero si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los ocho días siguientes al en que se hizo el depósito, a solicitud del ejecutado, podrá el juez ordenar la devolución.


Art. 586. Si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo acreedor hipotecario o de otro, de la misma especie, de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes, de que la finca rematada deba responder, se consignará ante el juzgado correspondiente y el resto se entregará sin dilación al ejecutante, si notoriamente fuere inferior a su crédito o lo cubriere.

Si excediere se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a disposición del deudor, a no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago de otras deudas.

Art. 587. El acreedor que se adjudique la cosa reconocerá a los demás hipotecarios preferentes sus créditos para pagarlos al vencimiento de sus escrituras y entregará al deudor, al contado, lo que resulte libre del precio, después de hecho el pago.

Art. 588. Cuando se hubiere seguido la vía de apremio en virtud de títulos al portador, con hipoteca inscrita sobre la finca vendida, si existieren otros títulos con igual derecho se prorrateará entre todos el valor líquido de la venta, entregando al ejecutante lo que le corresponda y se depositará la parte perteneciente a los demás títulos, hasta su cancelación.

Art. 589. En los casos a que se refieren los artículos 586 y 588, se mandará cancelar las inscripciones de las hipotecas a que estuviere afecta la finca vendida, expidiéndose para ello mandamiento en que se exprese que el importe de la venta no fue suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, y, en su caso, haberse consignado el importe del crédito del acreedor preferente o el sobrante, si lo hubiere, a disposición de los interesados.

En el caso del artículo 587, si el precio de la venta fuere insuficiente para pagar las hipotecas anteriores y las posteriores, so'lo se cancelarán éstas conforme a lo prevenido en la primera parte de este artículo.

Art. 590. Cuando conforme a lo prevenido en el artículo 580 el acreedor hubiere optado por la administración de las fincas embargadas, se observarán las siguientes reglas:

I. El juez mandará que se haga entrega de ellas bajo el correspondiente inventario y que se le dé a conocer a las personas que el mismo acreedor designe;

II. El acreedor y el deudor podrán establecer, por acuerdos particulares, las condiciones y términos de la administración, forma y época de rendir las cuentas. Si así no lo hicieren, se entenderá que las fincas han de ser administradas según la costumbre del lugar, debiendo el acreedor rendir cuentas cada seis meses;

III. Si las fincas fueren rústicas, podrá el deudor intervenir las operaciones de la recolección;

IV. La rendición de cuentas y las diferencias que con motivo de ellas surgieren, se sustanciarán como se previene para los incidentes;


V. Cuando el ejecutante se haya pagado su crédito, intereses y costas con los productos de las fincas, volverán a poder del ejecutado;

VI. El acreedor podrá cesar en la administración de la finca cuando lo crea conveniente, y pedir que continúen los procedimientos de remate con sujeción a este Código, sirviendo de postura legal la misma de la última almoneda celebrada.

Art. 591. Si en el contrato se fijó el precio en que una finca hipotecada haya de adjudicarse al acreedor, sin haberse renunciado la subasta, el remate se hará teniéndose como postura legal la que exceda del precio señalado para la adjudicación, y cubra, con lo que se entregue de contado, el valor de la sentencia. Si no hubiere postura legal, se llevará a efecto desde luego la adjudicación en el precio convenido.

Si en el contrato se ha fijado precio a la finca hipotecada, sin convenio expreso sobre la adjudicación al acreedor, no se hará nuevo avalúo y servirá de base para el remate el precio señalado, observándose en su caso lo dispuesto en la parte final del artículo 522.

Art. 592. En el remate de bienes muebles se observarán las disposiciones siguientes:

I. Se anunciará su venta por medio de edictos, que se publicarán fijándose diariamente durante tres días consecutivos, en la tabla de avisos del juzgado y en la Secretaría del Ayuntamiento, a menos que cualquiera de las partes pida que a su costa se haga también la publicación por algún otro medio. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

II. Si lo pidieren las partes, podrá dispensarse la publicación y mandar hacerse la venta por medio de comisionista o de casa de comercio que expenda objetos o mercancías similares, debiendo hacerse la realización a los precios corrientes en plaza. Si no se consigue dentro de diez días, el juzgado autorizará una rebaja de diez por ciento de los precios fijados y así sucesivamente, cada diez días, hasta lograr la venta. De ésta se deducirán preferentemente los gastos de comisión que serán de cuenta del deudor;

III. Se cuidará que los bienes estén a la vista y si fueren caldos, semillas u objetos semejantes, que se tenga en el juzgado, a disposición de los licitantes, una muestra. En todo caso estarán a la vista los avalúos;

IV. Si en la almoneda no hubiere postores, se adjudicarán al actor, por el importe de la postura legal, los bienes que elija y basten a cubrir su crédito y las costas; y si los bienes fueren de tal naturaleza, que la adjudicación no pueda hacerse sino de todos, también podrá pedirla el acreedor, pero deberá exhibir y entregar de contado el resto del precio, cubierto su crédito y las costas;


V. Si el actor no pidiere la adjudicación, se continuarán sacando a remate los bienes con la retasa correspondiente, anunciándose la venta, cada vez, por medio de un solo edicto;

VI. Efectuada la venta, se entregarán los bienes al adquirente, luego que exhiba el precio y se le extenderá la factura correspondiente, que firmará el ejecutado o el juez en su rebeldía. Lo mismo se observará en el caso de la fracción IV de este artículo;

VII. En todo lo demás se observarán, en lo conducente las disposiciones de este Capítulo.


TÍTULO IX
DE LOS INCIDENTES

CAPÍTULO I
DE LOS INCIDENTES EN GENERAL

Art. 593. La tramitación de los incidentes que se promuevan durante la sustanciación de un juicio o en ejecución de sentencia, si no está expresamente determinada por otras disposiciones, se regirá por lo que se establece en este Capítulo, observándose, en su caso, lo que se previene en el artículo 72.

Art. 594. Los incidentes que pongan obstáculo al curso del juicio se tramitarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto en suspenso aquél.

Art. 595. Los que no pongan obstáculo a la prosecución del juicio se tramitarán en pieza separada, que se formará con los escritos y documentos de las partes.

Art. 596. Impide el curso del juicio todo incidente sin cuya previa resolución es imposible de hecho o de derecho continuar su tramitación.

Art. 597. Promovido el incidente observando en lo relativo las prevenciones de los artículos 258 y 259, una vez formada en su caso la pieza correspondiente, se correrá traslado a la contraparte para que conteste dentro de tres días.

Art. 598. Vencido el término de la contestación, dentro de los tres días siguientes podrán las partes pedir que se reciba a prueba el incidente y en este caso, en la promoción deberán especificar los hechos que se proponen demostrar y las pruebas que ofrecen rendir.

Art. 599. Promovida la prueba o transcurrido el término para ofrecerla, el juez citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de cinco días y en ella recibirá las ofrecidas, oirá los alegatos y pronunciará su resolución.


Art. 600. La sentencia en los incidentes será apelable en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia en el juicio principal, salvo lo que en casos especiales disponga la ley.

CAPÍTULO II
DE LOS INCIDENTES CRIMINALES QUE
SURJAN EN LOS JUICIOS CIVILES

Art. 601. Cuando durante el juicio, antes de la citación para sentencia en el procedimiento ordinario o de que se proceda a dictarla en el sumario, se denuncien hechos delictuosos relacionados con el negocio, el juez o tribunal de los autos, los pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones.

Art. 602. Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento presentado al juicio al comunicar los hechos al Ministerio Público, se le remitirá original y sellado el documento argüido de falso, el cual rubricarán el juez y el secretario, dejando en los autos, en lugar de aquél, copia autorizada.

Art. 603. Si el Ministerio Público al recibir la denuncia o durante la averiguación, solicita que se suspenda el procedimiento civil, el juez o tribunal así lo acordará una vez que los autos llegaren a estado de citación para sentencia. Lo mismo harán el juez o tribunal si estiman que los hechos denunciados, por su naturaleza necesariamente deben influir en el fallo que se dicte.

Art. 604. Decretada la suspensión, surtirá efectos mientras el Ministerio Público no comunique que no ejercita acción penal o se pronuncia sentencia definitiva en la averiguación criminal.

Art. 605. Concluida la averiguación criminal continuará el curso de los autos civiles y si el procedimiento penal termina sin decidir sobre la falsedad o autenticidad del documento, el juez señalará a las partes un término prudente, que en ningún caso excederá de diez días, para que demuestren la eficacia probatoria del documento, reservándose la apreciación de estas pruebas para la sentencia definitiva.


TÍTULO X
DE LAS TERCERÍAS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 606. En un juicio seguido por dos o más personas podrán intervenir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio y distinto del que tenga actor o reo en la materia del juicio.

Art. 607. Las tercerías deberán promoverse ante el juez que conozca del negocio principal, en los términos prescritos para formular una demanda y se sustanciarán en pieza separada con los mismos trámites del juicio con relación al cual se hubieren interpuesto.


Art. 608. Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal de que aún no se hubiera pronunciado sentencia que cause ejecutoria.

Art. 609. Los terceros coadyuvantes se considerarán asociados a la parte cuyo derecho coadyuvan y, en consecuencia, podrán:

I. Salir al pleito en los términos del artículo anterior;

II. Hacer las promociones que estimen pertinentes dentro del juicio, cuando no se encuentren en los casos previstos para el nombramiento de representante común;

III. Continuar su acción y defensa aun cuando el principal se desistiere;

IV. Interponer los recursos procedentes.

Art. 610. El demandado debe denunciar el pleito al obligado a la evicción, observando lo dispuesto en los artículos 263 y 264.

Art. 611. La acción que deduzca el tercer coadyuvante deberá decidirse con la principal en una misma sentencia.

Art. 612. Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia; en el primer caso deberán fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que ejercita alegue el tercero; y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado.

No es lícito interponer tercería excluyente de dominio a aquél que consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación del demandado.

Art. 613. Las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio, cualquiera que sea su estado, con tal de que si son de dominio no se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor en su caso, por vía de adjudicación, y que si son de preferencia, no se haya hecho el pago al demandante.

Art. 614. Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interpongan. Si fueren de dominio, el juicio principal seguirá sus trámites hasta antes del remate y desde entonces se suspenderán sus procedimientos hasta que se decida la tercería.

Art. 615. Si la tercería fuere de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interpongan hasta la realización de los bienes, embargados, suspendiéndose el pago, para hacerlo al acreedor que tenga mejor derecho definida que quede la tercería. Entretanto se decide ésta, se depositará a disposición del juez, el precio de la venta.


Art. 616. No ocurrirán en tercería de preferencia:

I. El acreedor que tenga hipoteca u otro derecho real accesorio en finca distinta de la embargada, siempre que sea bastante para solventar el crédito;

II. El acreedor que sin tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución;

III. El acreedor a quien el deudor señale bienes bastantes a solventar el crédito;

IV. El acreedor a quien la ley lo prohíba en otros casos.

Art. 617. El tercero excluyente de crédito hipotecario, tiene derecho de pedir que se fije cédula hipotecaria y que el depósito se haga por su cuenta sin acumularse las actuaciones.

Art. 618. Cuando el ejecutante o el ejecutado estén conformes con la reclamación del tercer opositor, sólo seguirá la tercería contra el inconforme.

Si las dos partes en el juicio principal se allanan a la demanda de tercería, el Juez o Tribunal, sin más trámites, mandará cancelar los embargos si fuere excluyente de dominio o dictará la resolución definitiva, si fuere de preferencia.

Cuando alguna de las partes o ambas dejaren de contestar la demanda, se procederá como está previsto para los casos de rebeldía.

Art. 619. Cuando se presenten tres o más acreedores haciendo oposición, si estuvieren conformes, se seguirá un solo juicio graduando en una sola sentencia sus créditos; pero si no lo estuvieren, se seguirá el juicio de concurso necesario de acreedores, para determinar su preferencia.

Art. 620. Si son varios los opositores que reclaman el dominio se procederá en cualquier caso que sea, a decidir la controversia con las reglas del juicio sumario en unión del ejecutante y del ejecutado.

Art. 621. La interposición de una tercería excluyente autoriza al demandante para pedir que se mejore la ejecución en otros bienes del deudor.

Art. 622. Si sólo alguno de los bienes ejecutados fuere objeto de la tercería, los procedimientos del juicio principal continuarán hasta vender y hacer pago al acreedor con los bienes no comprendidos en la misma tercería.


Art. 623. En cualquier estado del juicio en que el tercero acredite por manifestación auténtica del Registro Público de la Propiedad que los bienes que reclama están inscritos a su nombre, el Juez o Tribunal sobreseerá todo procedimiento y mandará hacer entrega de los bienes al reclamante, salvo que la acción se hubiere dirigido contra el mismo tercero, como causahabiente del que aparece dueño en el Registro.

Art. 624. No podrán proponerse en tercería otras cuestiones distintas de las previstas en este Capítulo.

Art. 625. Si la tercería, cualquiera que sea, se interpone ante un Juez Menor y el interés de ella excede del que la ley respectivamente somete a la jurisdicción de estos jueces, aquél ante quién se interponga remitirá lo actuado en el negocio principal y tercería, al Juez que designe el tercer opositor y sea competente para conocer del negocio que represente mayor interés. El Juez designado correrá traslado de la demanda entablada y decidirá la tercería, sujetándose en la sustanciación a lo prevenido en los artículos anteriores.

Art. 626. La recusación interpuesta y admitida en una tercería, inhibe al Juez recusado del conocimiento de ella y del juicio principal.


TÍTULO XI
DE LOS NEGOCIOS DE TRAMITACIÓN ESPECIAL

CAPÍTULO I
DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA

Art. 627. En toda clase de juicios, cerciorado el juzgador que el emplazamiento se ha hecho con apego a derecho y una vez declarada la rebeldía del litigante, las resoluciones que se pronuncien en juicio y citaciones que resulten, se le notificarán por lista de acuerdos, excepto la misma declaración de rebeldía y la sentencia, que se notificarán por instructivo fijado en la tabla de avisos del juzgado, las que surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación. En caso de que el declarado rebelde ya hubiere señalado domicilio para recibir notificaciones, el auto respectivo deberá serle notificado personalmente, observándose por lo demás lo previsto en el artículo 118 de este Código. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 628. Se tendrá por rebelde al litigante que después de citado en forma no comparezca al juicio, en los términos de los artículos 133 y 271 de este Código. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 629. Cuando se ignore el lugar y habitación en que resida la persona que debe ser notificada, los autos que ordenen que el negocio se reciba a prueba o señalen día para la audiencia de pruebas y alegatos, así como los puntos resolutivos de sentencia, se notificarán como se previene en la parte relativa del artículo 119.


Art. 630. La parte que obtenga una declaración de rebeldía contra el otro litigante podrá pedir y obtener del Juzgado o Tribunal la retención de los bienes muebles y el embargo de los inmuebles cautelarmente, la (sic )a?) condición de (sic )de que?) tal aseguramiento los (sic )lo?) justifique ante el juzgador por razones análogas y en los términos previstos por el Código para decretar el embargo precautorio. (Decreto N1 294 de 28-I-1956, P.O. de 3-III-1956).

Art. 631. La sentencia que recaiga en un juicio de rebeldía, cuando el emplazamiento se hubiere hecho por edictos en los términos del Artículo 119, se ejecutará siempre que el actor otorgue fianza como se previene en el Artículo 695. (Decreto N1 294 de 28-I-1956, P.O. de 3-III-1956).

Art. 632. Cuando en cualquier estado del pleito comparezca el litigante rebelde, será admitido como parte y continuará entendiéndose con él la tramitación en el estado que guarde el juicio.

Art. 633. Sólo en el caso de que el constituido en rebeldía no hubiere sido emplazado personalmente al juicio, si se presenta dentro del término probatorio en la primera instancia y acredita haber estado impedido por fuerza mayor no interrumpida durante todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento para comparecer en el juicio, podrá oponer al presentarse las excepciones perentorias que tuviere y promover que se le reciban las pruebas pertinentes.

Si compareciere después del término expresado o durante la segunda instancia, se le recibirán en ésta las pruebas si acreditare el impedimento.

Art. 634. El impedimento deberá acreditarse en incidente que se tramitará por cuerda separada y contra la resolución que en éste se pronuncie no procederá más recurso que el de responsabilidad.


CAPÍTULO II
DEL JUICIO ARBITRAL

Art. 635. Las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral.

Art. 636. El compromiso puede celebrarse antes de que haya juicio, durante éste y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre.

Art. 637. El compromiso debe celebrarse en escritura pública cuando el interés del pleito exceda de cinco mil pesos y si no llegare a esa cantidad puede celebrarse en escrito privado ante dos testigos o en acta ante el juez.

Art. 638. Todo el que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, puede comprometer en árbitros sus negocios.

Los tutores no pueden comprometer los negocios de los incapacitados ni nombrar árbitros sino con aprobación judicial, salvo el caso de que dichos incapacitados fueren herederos de quien celebró el compromiso o estableció cláusula compromisoria. Si no hubiere designación de árbitros, se hará siempre con la intervención judicial como se previene en los medios preparatorios del juicio arbitral.


Art. 639. Los albaceas necesitan del consentimiento unánime de los herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para nombrar árbitros, salvo el caso de que se tratare de cumplimentar el compromiso o cláusula compromisoria pactados por el actor. En este caso, si no hubiere árbitro nombrado se hará necesariamente con intervención judicial.

Art. 640. Los síndicos de los concursos sólo pueden comprometer en árbitros con unánime consentimiento de los acreedores.

Art. 641. No se podrán comprometer en árbitros, los siguientes negocios:

I. El derecho de recibir alimentos;

II. Los divorcios, en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias puramente pecuniarias;

III. Las acciones de nulidad de matrimonio;

IV. Los concernientes al estado civil de las personas, con la excepción contenida en el artículo 340 del Código Civil;

V. Los demás en que lo prohíba expresamente la ley.

Art. 642. El compromiso designará el negocio o negocios que se sujeten a juicio arbitral y el nombre de los árbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial.

Cuando las partes no hayan designado los árbitros, se entiende que se reservan para hacerlo con intervención judicial, como se previene en los medios preparatorios.

Art. 643. El compromiso será válido aunque no se fije el término del juicio arbitral y en este caso la misión de los árbitros durará cien días, si se tratare de juicio ordinario y sesenta días si el negocio fuere sumario. El plazo se contará desde que se acepta el nombramiento.

Art. 644. Durante el plazo del arbitraje, los árbitros no podrán ser removidos sino con el consentimiento unánime de las partes.

Art. 645. Las partes y los árbitros seguirán en el procedimiento los plazos y las prórrogas establecidos para los tribunales, si las partes no hubieren convenido otra cosa. Aun cuando existiere pacto en contrario, los árbitros siempre estarán obligados a recibir pruebas y a oír alegatos, si cualquiera de las partes lo pidiere.

Las partes podrán renunciar a la apelación.


Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en grado de apelación, la sentencia arbitral será definitiva sin ulterior recurso.

Art. 646. El compromiso produce las excepciones de incompetencia y litispendencia, si durante él se promueve el negocio en un tribunal ordinario.

Art. 647. Cuando haya árbitro único las partes son libres de nombrarle un secretario y si dentro del tercer día contado desde aquél en que deba de actuar, no se han puesto de acuerdo, el árbitro lo designará y a costa de los mismos interesados desempeñará sus funciones.

Cuando fueren varios los árbitros, entre ellos mismos se elegirán el que funja como secretario, sin que por esto tenga derecho a mayores emolumentos.

Art. 648. El compromiso termina:

I. Por muerte del árbitro electo en el compromiso o en cláusula compromisoria si no tuviere sustituto. En caso de que no hubieren las partes designado el árbitro sino por intervención del tribunal, el compromiso se extinguirá y se proveerá al nombramiento del sustituto en la misma forma que para el primero;

II. Por excusa del árbitro o árbitros, que sólo puede ser por enfermedad comprobada que les impida desempeñar su oficio;

III. Por recusación con causa, declarada procedente, cuando el árbitro hubiere sido designado por el Juez, pues al nombrado de común acuerdo no se le puede recusar;

IV. Por haber recaído en el árbitro nombramiento de Magistrado, Juez Propietario o Interino por más de tres meses. Lo mismo se entenderá de cualquier otro empleo de la administración de justicia que impida de hecho o de derecho la formación de arbitraje;

V. Por la expiración del plazo estipulado o del legal a que se refiere el artículo 643.

Art. 649. Los árbitros sólo serán recusables por las mismas causas que lo fueren los demás jueces.

Art. 650. Siempre que haya de reemplazarse un árbitro se suspenderán los términos mientras se hace nuevo nombramiento.

Art. 651. El laudo será firmado por cada uno de los árbitros y en caso de haber más de dos, si la minoría rehusare hacerlo, los otros lo harán constar y la sentencia tendrá el mismo efecto que si hubiere sido firmada por todos. El voto particular no exime de la obligación a que este artículo se refiere.


Art. 652. En caso de que los árbitros estuvieren autorizados para nombrar un tercero en discordia y no lograren ponerse de acuerdo, acudirán al Juez de Primera Instancia.

Art. 653. Cuando el tercero en discordia fuere nombrado faltando menos de quince días para la expiración del término del arbitraje y las partes no lo prorrogaren, podrá disponer de diez días más que se sumarán a dicho término para pronunciar el laudo.

Art. 654. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que en el compromiso o en la cláusula se les encomiende la amigable composición o el fallo en conciencia.

Art. 655. De las resoluciones y excusas de los árbitros conocerá el juez ordinario conforme a las leyes y sin ulterior recurso.

Art. 656. Los árbitros podrán conocer de los incidentes sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal. También podrán conocer de las excepciones perentorias, pero no de la reconvención, sino en el caso de que se oponga compensación hasta la cantidad que importe la demanda o cuando así se haya pactado expresamente.

Art. 657. Los árbitros podrán condenar en costas, daños y perjuicios a las partes y aun imponer multas; pero para emplear los medios de apremio ocurrirán al Juez Ordinario.

Art. 658. Notificado el laudo, se pasarán los autos al Juez Ordinario para su ejecución, a no ser que las partes pidieren aclaración de sentencia.

Para la ejecución de autos y decretos se acudirá también al Juez de Primera Instancia.

Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el juez que recibió los autos y remitirá éstos al Supremo Tribunal, sujetándose en todos sus procedimientos a lo dispuesto para los juicios comunes.

Art. 659. Es competente para todos los actos relativos al juicio arbitral, en lo que se refiere a jurisdicción que no tenga el árbitro, y para la ejecución de la sentencia y admisión de recursos el juez designado en el compromiso; faltando la designación, el del lugar del Tribunal de Arbitraje, y, si hubiere varios jueces de lo civil, el de número más bajo.

Art. 660. Los jueces ordinarios estarán obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros.

Art. 661. La apelación sólo será admisible conforme a las reglas del derecho común.

Art. 662. El juez deberá compeler a los árbitros a cumplir con sus obligaciones.


CAPÍTULO III

DE LA MODIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ACTAS
DE ESTADO CIVIL Y DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO
(Decreto N1 167 de 2-IV-1982, P.O. Núm. 47 de 19-IV-1982).

Art. 663. Es Juez competente para conocer de los juicios sobre convalidación, reposición y rectificación de actas de Registro Civil, el de Primera Instancia de la comprensión en que pasó o debió de haber pasado el acta, y se tramitarán conforme a las disposiciones de este Capítulo. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 664. En el escrito de demanda de modificación de actas del estado civil, se ofrecerán las pruebas y con el auto de admisión del mismo se dará vista al Ministerio Público y se correrá traslado al Registro Civil por el término de cinco días para que produzca su contestación.

Se publicará un extracto de la demanda por dos veces, en un lapso de tres días, en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario de mayor circulación, a juicio del juez, llamando a los interesados a oponerse, quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo, mientras no exista sentencia ejecutoria.(Ref. según Dec. 363 de 25 de julio de 2006, publicado en el P.O No. 095 de 09 de agosto de 2006)

Art. 665. Si transcurrido el término señalado en el artículo anterior, el oficial del Registro Civil no hubiere contestado la demanda se le tendrá por contestada en sentido afirmativo.

Art. 666. Una vez contestada la demanda o dada por contestada en los términos prevenidos, se citará a las partes para el desahogo de pruebas y alegatos debiendo señalarse la audiencia en un plazo no mayor de diez días a partir del en que se tenga por contestada la demanda.

Concluido el desahogo de las pruebas, se presentarán los alegatos en la misma audiencia y previa citación de oficio, se pronunciará sentencia definitiva dentro del término de seis días, la cual será apelable en ambos efectos. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 667. En los juicios de rectificación de acta se enviará al Oficial del Registro Civil y al Archivo Estatal del Registro Civil copia certificada de la sentencia ejecutoriada para que efectúe anotación de la misma en el acta ya sea que se conceda o niegue la rectificación.

Art. 668. El registro de nacimiento efectuado después de los plazos establecidos por este Código se tramitarán ante las autoridades del Registro Civil, según el procedimiento establecido en el Reglamento respectivo. (Decreto N1 167 de 2-IV-1982, P.O. Núm. 47 de 19-IV-1982).


CAPÍTULO IV
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO


Art. 669. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse en los términos del último párrafo del artículo 272 del Código Civil, deberán ocurrir al tribunal competente presentando el convenio que se exige en el artículo 273 del Código citado, así como una copia certificada del acta de matrimonio y de las de nacimiento de los hijos menores.

Art. 670. Hecha la solicitud, citará el tribunal a los cónyuges y al representante del Ministerio Público a una junta en la que se identificarán plenamente, que se efectuará después de los ocho y antes de los quince días siguientes, y si asistieren los interesados los exhortará para procurar su reconciliación; si no logra avenirlos, aprobará provisionalmente, oyendo al representante del Ministerio Público, los puntos del convenio relativos a la situación de los hijos menores o incapacitados a la separación de los cónyuges y a los alimentos de aquellos y de los que un cónyuge deba dar a otro mientras dure el procedimiento, dictando las medidas necesarias de aseguramiento. (Decreto N1 24 de 9-V-1975, P.O. Tomo LXVII, Núm. 61 de 21-V-1975).

Art. 671. Si insistieren los cónyuges en su propósito de divorciarse, citará el tribunal a una segunda junta que se efectuará después de los ocho y antes de los quince días de solicitada; y en ella volverá a exhortar a aquéllos con el propio fin que en la anterior.
Si tampoco se lograre la reconciliación y en el convenio quedaren bien garantizados los derechos de los hijos menores o incapacitados, el tribunal, oyendo el parecer del representante del Ministerio Público sobre este punto, dictará sentencia en que quedará disuelto el vínculo matrimonial y decidirá sobre el convenio presentado.

Art. 672. El cónyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.

Art. 673. Los cónyuges no pueden hacerse representar por procurador en las juntas a que se refieren los artículos 670 y 671, sino que deben comparecer personalmente, y en su caso, acompañados del tutor especial.

Art. 674. En cualquier caso en que los cónyuges dejaren pasar más de tres meses sin continuar el procedimiento, el tribunal declarará sin efecto la solicitud y mandará archivar el expediente.

Art. 675. En caso de que el Ministerio Público se oponga a la aprobación del convenio, por considerar que viola los derechos de los hijos o que no quedan bien garantizados, propondrá las modificaciones que estime procedentes y el tribunal lo hará saber a los cónyuges para que dentro de tres días manifiesten si aceptan las modificaciones.

En caso de que no las acepten, el tribunal resolverá en la sentencia lo que proceda con arreglo a la ley, cuidando de que en todo caso queden debidamente garantizados los derechos de los hijos.

Cuando el convenio no fuere de aprobarse, no podrá decretarse la disolución del matrimonio.

Art. 676. La sentencia que decrete el divorcio por mutuo consentimiento, es apelable en el efecto devolutivo. La que lo niegue es apelable en ambos efectos.


Art. 677. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el tribunal mandará remitir copia de ella al Oficial del Registro Civil de su jurisdicción, al del lugar en que el matrimonio se efectuó y al del nacimiento de los divorciados, para los efectos de los artículos 114, 116 y 291 del Código Civil.


TÍTULO XII
DE LOS RECURSOS

CAPÍTULO I
DE LA REVOCACIÓN

Art. 678. Las sentencias no podrán revocarse por el Juez o tribunal que las dicte.

Art. 679. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado.

Art. 680. La revocación debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impone, dándose vista a la contraparte por un término igual y la resolución del juez deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 681. DEROGADO. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 682. DEROGADO. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).


CAPÍTULO II
DE LA APELACIÓN Y REVISIÓN

Art. 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada.

El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de la expresión de agravios, tratándose de menores de edad o mayores incapacitados en cuestiones de orden familiar, cuando se advierta que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. No es suplible la falta de agravios.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 684. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial.

No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también.

Art. 685. El procurador podrá apelar y continuar el recurso, aunque el poder no tenga cláusula especial para ello.

Art. 686. La parte que venció puede adherirse a la apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación, si se tratare de sentencia definitiva, o dentro de tres en cualquier otro caso, expresando las razones que en su opinión debe atender el tribunal de segunda instancia, acompañando una copia del escrito respectivo para el expediente, cuya omisión motivará que la adhesión se tenga por no interpuesta. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 687. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución, dentro de ocho días si fuere sentencia definitiva, o dentro de cinco si fuere auto o interlocutoria. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 688. El litigante, al interponer la apelación, debe usar de moderación, absteniéndose de denostar al juez; de lo contrario quedará sujeto a las correcciones disciplinarias previstas en los artículos 61 y 62. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 689. Al interponerse la apelación se precisará la parte de la resolución que motiva la inconformidad, se designará domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, y se expresarán los agravios que en concepto del apelante le irroga la resolución impugnada.

Por expresión de agravios se entienden los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de ella.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 690. El apelante deberá exhibir una copia del escrito de apelación para el expediente, y otra para el traslado a cada una de las partes apeladas. En caso de que en el escrito apelatorio no se formulen agravios, el juez tendrá por no interpuesto el recurso. (Ref. por Dec. 433, publicado en el P.O. No. 153 de 20 de diciembre de 2000)

Art. 691. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y suspensivo, o sólo en el primero. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 692. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución apelada.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, remitiéndose el expediente original al tribunal de segunda instancia.


Si se tratare de auto o interlocutoria, en el de admisión se mandará remitir al tribunal copia de la resolución apelada, de sus notificaciones y de las constancias que el juez estime conducentes.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 693. La apelación admitida en ambos efectos suspende la ejecución de la sentencia o del auto, hasta que se resuelva el recurso; entretanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieran a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos, o versando, se trate de la conservación de bienes perecederos, en cuyo caso el juez podrá adoptar las medidas necesarias que tiendan a evitar su pérdida o menoscabo. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 694. Salvo los casos expresamente exceptuados en este Código, las sentencias dictadas en juicio cuyo interés exceda de cien días de salario mínimo general vigente en el Estado, son apelables en ambos efectos. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 695. Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. La apelación en estos casos será admisible en el efecto o efectos en que lo fuere la que proceda contra la sentencia definitiva, excepto lo que establezca este Códi¬go.

Se dice que el auto tiene fuerza definitiva, cuando cause un gravamen que no pueda repararse en la sentencia.

En los casos en que sea procedente el recurso de apelación en contra del auto admisorio de demanda, conforme a las reglas de este Código, será admisible en efecto devolutivo.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 697. Admitida la apelación en sólo el efecto devolutivo, no se ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza conforme a las reglas siguientes:

I. La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el juez quien se sujetará, bajo su responsabilidad, a las disposiciones del Código Civil, oyendo previamente al colitigante;


II. La fianza otorgada por el actor comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca el fallo;

III. La otorgada por el demandado, comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en caso de que la sentencia condene a hacer o a no hacer;

IV. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en ejecución de sentencia.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 698. Interpuesta la apelación el juez la admitirá si procede legalmente, mandando correr traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios para que los conteste, dentro del término de cinco días si se tratare de sentencia definitiva, o de tres en cualquier otro caso, previniéndola para que señale domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 699. Una vez transcurrido el término anterior, dentro de los tres días siguientes el juez remitirá al superior los autos originales o las constancias relativas, así como los escritos de apelación y de contestación de agravios, en su caso. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 700. Recibidas las constancias apelatorias por el tribunal de segunda instancia, se declarará de oficio si la resolución es o no apelable y de serlo, si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, así como si el escrito respectivo contiene o no expresión de agravios. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 701. Cuando se declare que la resolución no es apelable, o que no fue interpuesto en tiempo el recurso, no será necesario decidir respecto a la expresión de agravios. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 702. Si se declara que la resolución recurrida no es apelable o que no fue interpuesto el recurso en tiempo, se devolverán al tribunal que conoce del negocio los autos que hubiere enviado, con testimonio del fallo, para que continúe la tramitación, o para que se proceda a su cumplimiento, en su caso. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 703. Si se determina que el escrito del apelante no contiene expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme la resolución apelada. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 704. Si la apelación admitida en efecto devolutivo se declara admisible en ambos efectos, se prevendrá al tribunal que conoció del negocio que envíe los autos originales.


Cuando la apelación admitida en ambos efectos se declare admisible sólo en el devolutivo, si la resolución recurrida fuere sentencia, se enviará al juzgado de procedencia la copia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 692; si fuere auto se devolverán los originales, dejándose en el tribunal copia de las constancias que éste considere necesarias. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 705. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, dentro de los ocho días siguientes al en que quedaren notificadas las partes de la formación del toca, la Sala pronunciará sentencia. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 706. Si las partes pretendieren pruebas para la segunda instancia, deberán ofrecerlas en sus escritos de expresión y contestación de agravios, ante el propio juez del conocimiento. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 707. Sólo podrá otorgarse la admisión de pruebas en la segunda instancia:

I. Cuando por cualquiera causa no imputable al que solicitare la prueba, no hubiere podido practicarse en la primera instancia toda o parte de la que se hubiere propuesto;

II. Cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe excepción superveniente.

(Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 708. En su primer resolución el tribunal de alzada decidirá respecto de la admisibilidad de las pruebas ofrecidas; de rechazarse se procederá en términos del artículo 705; de admitirse, se proveerá su preparación y desahogo, concluido el cual, se concederá a las partes un plazo de tres días para que aleguen, pronunciándose sentencia dentro de los ocho días siguientes. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 709. DEROGADO. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 710. DEROGADO. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 711. DEROGADO. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 712. DEROGADO. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 713. En toda sentencia de segunda instancia se declarará expresamente si hay condenación en costas y quién deba pagarlas. Para los efectos de la fracción III del artículo 141 de este Código, se entiende por condenado a la parte que no obtenga en las dos sentencias a que dicha fracción se refiere. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).



CAPÍTULO III
DE LA QUEJA

Art. 714. El recurso de queja procederá contra la resolución que niega admitir una apelación. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 715. En todos los demás casos en que este Código dispone expresamente que procede el recurso de queja, se tendrá como procedente el recurso de apelación. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 716. El recurso de queja se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado, expresando los motivos del agravio.

Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al Juez presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante.

El Juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al Superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, lo que cuidará el Juez de asentar en el expediente y en el informe, podrá ocurrir al mismo Superior expresando lo que a su derecho convenga.

Recibido el informe del juez, dentro de los tres días siguientes el tribunal decidirá declarando fundada o infundada la queja. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 717. DEROGADO. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 718. DEROGADO. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).

Art. 719. Si el Juez no rinde el informe a que se refiere este Capítulo, siendo que su falta sea porque quien interpuso el recurso no cumplió con el segundo párrafo del artículo 716, se declarará por este solo hecho la queja infundada. Si la falta del informe fuere por hecho imputable al Juez, el Tribunal compelerá a su inferior, por los medios de apremio establecidos, a la rendición del debido informe. (Decreto N1 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76).


CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL


Art. 720. La responsabilidad civil en que puedan incurrir Jueces y Magistrados, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en juicio ordinario y ante el inmediato Superior del que hubiere incurrido en ella.

La demanda sólo podrá promoverse cuando hubiere quedado firme la resolución en que se estime causado el agravio.

Art. 721. Cuando la demanda se dirija contra los Jueces Menores, conocerá de ella el Juez de Primera Instancia de la jurisdicción.

El Supremo Tribunal conocerá en única instancia, de las demandas de responsabilidad que se promuevan contra los Jueces de Primera Instancia o los Menores de la Capital.

El Tribunal pleno conocerá, también en única instancia, de las demandas que se enderecen contra los Magistrados.

Las sentencias que se dicten en estos casos no tendrán recurso alguno.

Art. 722. La demanda de responsabilidad debe entablarse dentro del año siguiente al día en que se hubiere dictado la resolución firme que puso término al pleito. Transcurrido este plazo, quedará prescrita la acción.

Art. 723. No podrá entablar el juicio de responsabilidad civil contra un funcionario judicial, el que no haya utilizado a su tiempo los recursos legales ordinarios contra la resolución en que se estime causado el agravio.

Art. 724. Toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse con certificación o testimonio que contenga:

I. La sentencia, auto o resolución en que se estime causado el agravio;

II. Las actuaciones que en concepto de la parte conduzcan a demostrar la infracción de la ley, trámite o solemnidad mandados observar por la misma bajo pena de nulidad y que a su tiempo se entablaron los recursos o reclamaciones procedentes;

III. La sentencia o auto que haya puesto término al pleito o causa.

Art. 725. La sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad civil condenará en costas al demandante, y las impondrá a los demandados cuando en todo, o en parte, se acceda a la demanda.

Art. 726. En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil, alterará la sentencia firme que hubiere recaído en el pleito en que se ocasionó el agravio.


TÍTULO XIII

DE LOS CONCURSOS

SECCIÓN I
REGLAS GENERALES

Art. 727. El concurso de un deudor no comerciante puede ser voluntario o necesario:

Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentando por escrito una solicitud acompañada de un estado de su activo y pasivo, con expresión del nombre y domicilio de sus deudores y acreedores y de las causas que motivan su presentación en concurso. Sin estos requisitos no se admitirá la solicitud. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan ser embargados.

Es necesario, cuando dos o más acreedores de plazo cumplido han demandado y ejecutado ante un mismo o diversos jueces a su deudor común y no hay bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costas.

Art. 728. Admitida la solicitud del deudor o tan pronto como los acreedores justifiquen que aquél está comprendido dentro de lo dispuesto en el párrafo último del artículo anterior, el Juez declarará el estado de concurso y resolverá:

I. Notificar personalmente al deudor y a sus acreedores que residan en el lugar del juicio, la formación del concurso;

II. Hacer saber a los acreedores que no residan en el lugar del juicio, la información del concurso por edictos que se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación, a juicio del Juez;

III. Nombrar Síndico provisional;

IV. Decretar el aseguramiento de todos los bienes del deudor susceptibles de embargo, así como de sus libros, correspondencia y documentos, ya se encuentren en su despacho, en sus almacenes o en su domicilio. La diligencia deberá practicarse en el día, manteniéndose selladas las puertas de los lugares donde se encuentren los bienes, entre tanto se terminan los inventarios y se da posesión de ellos al síndico;

V. Mandar registrar la declaración del concurso, el nombramiento de síndico y ordenar al correo que la correspondencia del concursado sea entregada al síndico;

VI. Hacer saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado y la orden a éste de entregar los bienes al Síndico, bajo el apercibimiento de segunda paga a los primeros y de procederse penalmente contra el deudor que ocultare cosas de su propiedad;


VII. Señalar un término no menor de ocho días ni mayor de veinte para que los acreedores presenten en el Juzgado los títulos justificativos de sus créditos, con copia para ser entregados al síndico;

VIII. Señalar día y hora para la junta de rectificación y graduación de créditos que deberá celebrarse diez días después de que expire el plazo fijado en la fracción anterior. El día de esta junta y el nombre y domicilio del síndico se harán saber al notificarse la formación del concurso;

IX. Pedir a los Jueces ante quienes se tramiten pleitos contra el concursado, los envíen para su acumulación al juicio universal. Se exceptúan los juicios que procedan de créditos hipotecarios que estén pendientes y los de esta misma naturaleza que se promuevan después, así como los juicios que hubieren sido fallados en primera instancia; éstos se acumularán una vez que se decidan definitivamente. Se exceptúan también los que procedan de créditos prendarios y los que no sean acumulables por disposición expresa de la Ley.

Art. 729. El deudor puede oponerse al concurso necesario dentro del tercer día de su declaración. La oposición se sustanciará en incidente por cuerda separada, sin suspender las medidas a que se refiere el artículo anterior. La resolución que se pronuncie será apelable en el efecto devolutivo.

Art. 730. Los acreedores, aun los garantizados con privilegio, hipoteca o prenda, podrán pedir por cuerda separada que se revoque la declaración del concurso, aun cuando el concursado hubiere manifestado ya su estado o consentido el auto judicial respectivo.

Art. 731. En caso de revocación del concurso, el perdidoso será siempre condenado en costas.

Art. 732. El concursado que haya hecho cesión de bienes, no podrá pedir la revocación de la declaración respectiva, a no ser que alegue algún error en la apreciación de sus negocios.

En este caso y en el previsto en el artículo 730, la revocación se tramitará como lo previene el artículo 729.

Art. 733. Mientras los acreedores ausentes se presentan, serán representados por el Ministerio Público.

Art. 734. El concursado, en el caso de concurso forzoso, deberá presentar al juzgado, dentro de los cinco días de la notificación del auto que lo declare, un estado detallado de su activo y pasivo, con nombres y domicilios de acreedores y deudores privilegiados y valistas; si no lo presentare lo hará el síndico.


SECCIÓN II
DE LA RECTIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS


Art. 735. Todo acreedor podrá, hasta tres días antes de la fecha designada para la reunión de la junta, presentarse por escrito impugnando todos o algunos de los créditos reconocidos por el deudor o denunciando cualquier acto culpable o fraudulento y, al hacerlo, ofrecerá, precisándolos, las pruebas de su dicho.

Todo acreedor que no haya sido incluido en el estado de créditos exhibido por el deudor, podrá ocurrir al juzgado dentro del término que fija la fracción VII del artículo 728, expresando el monto, origen y naturaleza de su crédito y presentando, en su caso, la prueba de sus afirmaciones.

Los acreedores podrán examinar los papeles y documentos del concursado en la Secretaría, antes de la rectificación de créditos.

Art. 736. La junta de rectificación y graduación será presidida por el Juez, procediéndose al examen de los créditos, previa lectura, por el síndico, de un breve informe sobre el estado general del activo y pasivo y de los documentos que prueben la existencia de cada uno de ellos. En este informe del síndico estarán contenidos los dictámenes que rinda sobre cada uno de los créditos presentados y de los cuales con anticipación se le hubiere corrido traslado.

En el informe deberá también clasificar los créditos de acuerdo con sus privilegios según el Código Civil.

Art. 737. Si el síndico no presentare el informe al principiar la junta, perderá el derecho de cobrar honorarios; será removido de plano y se le impondrá además, multa en los términos del Artículo 62, fracción II. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 738. El acreedor cuyo crédito no resultare del estado, libros o papeles del deudor, será admitido en la junta siempre que dentro del término fijado en la fracción VII del artículo 728 haya presentado al Juzgado los justificantes del mismo.

El concursado podrá asistir por sí o por apoderado a toda junta que se celebre, debiendo para ello citársele siempre personalmente.

Art. 739. Los acreedores podrán hacerse representar por apoderado o procurador, siendo bastante también el poder ordinario de administración. Las mayorías se computarán por capital; pero quien represente a más de un acreedor sólo podrá tener cinco votos como máximo. Si un solo acreedor representa mayoría de capital, para que los acuerdos tengan validez, se requerirá además el voto aprobatorio de otro de los acreedores.

Art. 740. Los créditos no objetados por el síndico, por el concursado o por acreedor que no represente la mayoría del artículo anterior, se tendrán por buenos y verdaderos y se inscribirán en la lista de los créditos reconocidos.


Esta lista contendrá los nombres de los acreedores y el importe de cada crédito. El crédito verificado puede ser objetado por cualquier acreedor a su costa, siguiéndose, por cuerda separada, el trámite establecido para los incidentes.

Art. 741. Si uno o más de los créditos admitidos por la mayoría fuesen objetados por el deudor, por el síndico o por alguno de los acreedores, se tendrán por verificados provisionalmente, sin perjuicio de que en incidente y por cuerda separada, pueda decidirse la cuestión sobre legitimidad del crédito.

Si los objetantes fuesen acreedores, ellos deberán seguir el incidente a su costa sin perjuicio de ser indemnizados hasta la concurrencia de la suma en que su gestión hubiere enriquecido el concurso.

Art. 742. El síndico debe sostener las resoluciones de la mayoría y de las del Juez, cuando fueren impugnadas por algún acreedor, por un tercero o por el deudor.

Art. 743. Si el síndico ha votado en contra de la resolución de la mayoría, el Juez nombrará uno de los individuos de ésta para que sostenga lo acordado; y si aquél impugna la resolución de la mayoría, cesará en su cargo.

Art. 744. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable al interventor respecto de los acuerdos de la minoría.

Art. 745. Los acreedores que no presenten los documentos justificativos de sus créditos, no serán admitidos a la masa sin que proceda la rectificación de sus créditos, que se hará judicialmente a su costa, por cuerda separada y en incidente. Sólo tomarán parte en los dividendos que estuviesen aún por hacerse en el momento de presentar su reclamación, sin que les sea admitido en ningún caso reclamar su parte en los dividendos anteriores.

Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus créditos, estuviese ya repartida la masa de bienes, no serán oídos salvo, su acción personal contra el deudor, la cual debe reservárseles.

Art. 746. Si en la primera reunión no fuere posible rectificar todos los créditos presentados, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla al día siguiente, haciéndolo constar en el acta sin necesidad de una nueva convocatoria.

Art. 747. En la misma junta, una vez terminada la rectificación y graduación, los acreedores, por mayoría de créditos y de personas asistentes a la junta, designarán síndico definitivo. En su defecto, lo designará el Juez.

Podrán también, por unanimidad y a solicitud del concursado, celebrar arreglos con éste o pedir todos los acreedores comunes cuyos créditos hayan sido verificados, la adjudicación en copropiedad de los bienes del concursado, dándole carta de pago a éste y debiendo pagar previamente las costas y los créditos privilegiados.


Si el deudor común se opusiere, se sustanciará la oposición incidentalmente.

Art. 748. Igualmente podrá la mayoría de acreedores celebrar convenios con el deudor respecto de todos los bienes, garantizando a la minoría sus créditos, en los términos en que aquél estuviere obligado.

Art. 749. Después de la junta a que se refiere el artículo 747 y en ausencia de convenios, resueltas las apelaciones y oposiciones que se hubieren suscitado, el síndico procurará la venta de los bienes del concursado y el Juez mandará hacer la de los muebles conforme a lo prevenido en el artículo 592, sirviendo de base para la venta el precio que conste en inventario, con un quebranto de veinte por ciento. Si no hubiere valor en los inventarios, se mandarán tasar por un corredor titulado si lo hubiere y, en su defecto, por comerciante acreditado.

Los inmuebles se sacarán a remate conforme a las reglas respectivas, nombrando el Juez el perito valuador.

Art. 750. El producto de los bienes se distribuirá proporcionalmente entre los acreedores, de acuerdo con su privilegio y graduación.

Si al efectuarse la distribución hubiere algún crédito pendiente de verificarse, su dividendo se depositará en el establecimiento designado al efecto por la ley, hasta la resolución definitiva del juicio.

Art. 751. El acreedor hipotecario, el prendario y el que tenga privilegio especial respecto del que no haya habido oposición, así como el que hubiere obtenido sentencia firme, no estará obligado a esperar el resultado final del concurso general y será pagado con el producto de los bienes afectados a la hipoteca o privilegio, sin perjuicio de obligarlo a dar caución de acreedor de mejor derecho.

Si antes de establecido el derecho de preferencia de algún acreedor, se distribuye un dividendo, se considerará como acreedor común reservándose el precio del bien afectado hasta la concurrencia del importe de su crédito, por si esa preferencia quedase reconocida.

Art. 752. Cuando se hubiese pagado íntegramente a los acreedores, celebrando convenio, o adjudicando los bienes del concurso se dará éste por terminado. Si el precio en que se vendieren los bienes no bastare a cubrir todos los créditos, se reservarán los derechos de los acreedores para cuando el deudor mejore de fortuna.

Art. 753. Los acreedores listados en el estado del deudor o que presentaren sus documentos justificativos, tienen derecho de nombrar interventor que vigile los actos del síndico, pudiendo hacer al Juez y a la junta de acreedores en su oportunidad, las observaciones que estimen pertinentes.


Art. 754. Cuando al hacerse una cesión de bienes sólo hubiere acreedores hipotecarios, se observarán las disposiciones contenidas en el Título Primero, Tercera Parte, del Libro Cuarto del Código Civil, siendo forzosamente el síndico o el acreedor hipotecario primero en tiempo, quien litigará en representación de los demás acreedores, sin perjuicio de que también se observe lo dispuesto en los artículos procedentes.


SECCIÓN III
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO

Art. 755. Luego que el síndico acepte el cargo, se procederá a darle posesión de los bienes, libros y papeles del deudor, por riguroso inventario. Si éstos se encuentran fuera del lugar del juicio, la diligencia se llevará a efecto con intervención de la autoridad judicial que se exhortará para ese fin y con citación del deudor.

El dinero se depositará en el establecimiento designado al efecto por la ley, quedando en poder del síndico lo indispensable para atender los gastos de administración.

Art. 756. El síndico es el representante del concurso en lo judicial y extrajudicialmente tendrá todas las facultades de un apoderado aun aquéllas que requieran poder o cláusula especial; pero no podrá transigir, comprometer en árbitros, dejar de interponer un recurso cuando proceda, reconocer un crédito y absolver posiciones sobre hechos propios del deudor, sino con la debida autorización de los acreedores o del juez cuando así corresponda.

Ejecutará personalmente las funciones de su encargo, a menos que tuviere que desempeñarlas fuera del asiento del Juzgado, caso en el cual podrá valerse de mandatarios.

Art. 757. Los parientes del concursado o del Juez dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no podrán ser síndicos; tampoco podrán serlo sus amigos íntimos, socios, enemigos o aquéllos con quienes tenga comunidad de intereses.

El que se halle en alguno de estos casos deberá excusarse y ser substituido inmediatamente.

Art. 758. El síndico deberá otorgar fianza dentro de los quince días que sigan a la aceptación del cargo.

Art. 759. Si el síndico provisional comprendiere que hay necesidad de realizar bienes porque pudieran perderse, disminuir su precio, deteriorarse o porque fuere muy costosa su conservación, podrá enajenarlos con autorización del Juez, quien la dará con audiencia del Ministerio Público, en el plazo que le señale según la urgencia del caso.

Lo mismo se hará cuando fuere estrictamente indispensable para cubrir gastos urgentes de administración y conservación.


Art. 760. El síndico deberá presentar al juzgado dentro de los primeros diez días de cada mes, pasado en el que fue puesto en posesión de los bienes, en cuaderno por separado, un estado de la administración, previo depósito en el establecimiento respectivo del dinero que hubiere percibido. Esas cuentas estarán a disposición de los interesados hasta al fin del mes, dentro de cuyo término podrán ser objetadas. Las objeciones (sic )se?) sustanciarán con la contestación del síndico y la resolución judicial dentro del tercer día. Contra ella procede la apelación en el efecto devolutivo.

Art. 761. El síndico será removido de plano si dejare de rendir la cuenta mensual o de caucionar su manejo.

Será también removido por los trámites establecidos para los incidentes, por mal desempeño de su cargo o por comprobarse alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 757.

Art. 762. El síndico percibirá como único honorario por sus trabajos, siendo de su cuenta las retribuciones de sus abogados o procuradores, las cantidades siguientes:

I. Seis por ciento sobre el importe del activo del concurso, si este (sic )éste?) no excediera del monto de 300 veces el salario mínimo;

II. Si sobrepasase la cuantía prevista en la fracción anterior, además del honorario que allí se establece, el cinco por ciento hasta el monto de 1500 veces el salario mínimo;

III. Cuatro por ciento de la cantidad comprendida entre 1501 y 3000 veces el salario mínimo, además del que expresan las dos fracciones anteriores;

IV. Tres por ciento de la cantidad que exceda 3001 veces el mencionado salario, y además el señalado en las fracciones anteriores.

Se tendrá como activo del concurso el producto de la venta de todos los bienes que hubieren entrado al mismo o el en que se estimen al aplicarlos en pago a los acreedores. Cuando sólo una parte se venda y la otra se aplique en pago, el activo será la suma de lo que se obtenga de la venta, más el precio de aplicación. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 763. Cuando el cargo de síndico fuere desempeñado sucesivamente por distintas personas, los honorarios se cubrirán con arreglo al artículo anterior, aplicándolos en proporción a la importancia de los trabajos realizados por cada uno de ellos.

Art. 764. En el caso de revocación del concurso el síndico sólo percibirá honorarios de procurador en proporción a los trabajos realizados.


SECCIÓN IV
DEL DEUDOR COMÚN

Art. 765. El deudor es parte para litigar en los incidentes relativos a la rectificación de los créditos, pero no en las cuestiones referentes a la graduación.

Es también parte en las cuestiones relativas a enajenación de los bienes. En todas las demás será representado por el síndico, aun en los juicios hipotecarios.

Art. 766. El deudor de buena fe tiene derecho a alimentos cuando el valor de los bienes exceda del importe de los créditos.

Si en el curso del juicio se hace constar que los bienes son inferiores a los créditos, cesarán los alimentos, pero el deudor no devolverá lo que hubiere percibido.


TÍTULO XIV
DE LAS SUCESIONES

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 767. Inmediatamente que el Juez tenga conocimiento de la muerte del autor de una herencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 205 del Código Civil, y mientras se presentan los interesados, procederá con intervención del Ministerio Público a asegurar los bienes:

I. Si el difunto no era conocido o estaba de transeúnte en el lugar;

II. Cuando haya menores interesados;

III. Cuando haya peligro de que se oculten o dilapiden los bienes.

Art. 768. Como medidas urgentes, en los casos del artículo anterior el Juez deberá:

I. Reunir los papeles del difunto, los que cerrados y sellados se depositarán en el secreto del Juzgado;

II. Ordenar a la Administración de Correos que le remita la correspondencia que venga para el autor de la sucesión, con la cual hará lo mismo que con los demás papeles;

III. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley.

Art. 769. Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión no se presenta el testamento; si en éste no está nombrado el albacea o si no se denuncia el intestado, el Juez nombrará un interventor que reúna los requisitos siguientes:

I. Ser mayor de edad;

II. De notoria buena conducta;


III. Estar domiciliado en el lugar del juicio;

IV. Otorgar fianza judicial para responder de su manejo.

La fianza deberá otorgarse en un plazo de diez días contados desde la aceptación del cargo, bajo pena de remoción.

Art. 770. Una vez otorgada la fianza, el interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y las que se refieran al pago de las deudas mortuorias, con autorización judicial.

Si los bienes estuvieran situados en lugares diversos o a larga distancia, para la formación del inventario bastará con que se haga mención en él, de los títulos de propiedad, si existen entre los papeles del difunto o la descripción de aquéllos según las noticias que se tuvieren.

Art. 771. Mientras el interventor no se haga cargo de los bienes, tendrá la vigilancia de ellos el Ministerio Público.

Art. 772. El interventor cesará en su cargo luego que se nombre o se dé a conocer el albacea y entregará a éste los bienes sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto ni aun por razón de mejoras o de gastos de manutención o de reparación.

Art. 773. Al promoverse el juicio sucesorio, debe presentarse la partida de defunción del autor de la herencia, y cuando esto no sea posible, otro documento o prueba bastante.

Art. 774. Cuando con fundamento en la declaración de ausencia o de presunción de muerte de un ausente, se haya abierto sucesión si durante la secuela del juicio se hace constar la fecha de la muerte, desde ella se entenderá abierta la sucesión y cesando en sus funciones el representante, se procederá al nombramiento del interventor o albacea con arreglo a derecho.

Art. 775. En los juicios sucesorios en que haya herederos o legatarios menores e incapacitados, que no tuvieren representante legítimo, se procederá desde luego a designarlo con arreglo a derecho.

Art. 776. Los tutores nombrados conforme al artículo anterior tendrán el carácter de interinos y especiales para el juicio sucesorio.

Art. 777. Si el tutor o cualquier representante legítimo de heredero, legatario o interesado, tienen interés en la herencia, lo reemplazará el Juez, con un tutor especial para el juicio o hará que lo nombren los que tengan facultad para ello. En este caso y en los demás análogos, aceptado el cargo por el nombrado, entrará al ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que tuviere que otorgar garantía, lo que hará conforme a la ley.


Art. 778. La intervención del tutor especial se limitará a aquello en que el tutor propietario o representante legítimo tenga incompatibilidad y únicamente en el juicio sucesorio para el que fue nombrado.

Art. 779. En las sucesiones de extranjeros se dará a los cónsules o agentes consulares la intervención que les concede la ley.

Art. 780. Son acumulables a los juicios sucesorios:

I. Todos los pleitos incoados contra el finado antes de su fallecimiento, pendientes en primera instancia: (sic );?)

II. Todas las demandas ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del difunto en su calidad de tales, después de denunciado el intestado;

III. Los juicios que sigan los herederos deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento o la capacidad de los herederos presentados o reconocidos, o ya exigiendo su reconocimiento, siempre que esto último acontezca antes de hecha la adjudicación;

IV. Las acciones de los legatarios reclamando sus legados, siempre que sean posteriores a la formación de los inventarios y anteriores a la adjudicación, exceptuando los legados de alimentos, de pensiones, de educación, y de uso y habitación.

Art. 781. En los juicios sucesorios el Ministerio Público representará a los herederos ausentes mientras no se presenten o no acrediten su representante legítimo, a los menores o incapacitados que no tengan representantes legítimos y a la beneficencia pública cuando no haya herederos legítimos dentro de los grados que fija la ley y mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos.

Art. 782. El albacea, dentro de los tres días siguientes al en que se le haga saber su nombramiento, deberá manifestar al juzgado si lo acepta o no, si no lo acepta se procederá a hacer nueva designación; y si lo acepta y entra en la administración, le prevendrá el Juez que dentro de tres meses deberá garantizar su manejo con sujeción a lo dispuesto en los artículos 1593 y 1594 del Código Civil, salvo que todos los interesados le dispensen de esa obligación.

Si no garantiza su manejo dentro del término señalado, se le removerá de plano.

Art. 783. Toda persona que a la muerte de otra tuviere en su poder bienes de ésta, por cualquiera circunstancia, deberá manifestarlo al Juez de la sucesión o al representante del Ministerio Público tan luego como tenga noticias del fallecimiento, siendo responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan por tal omisión.


Art. 784. Los herederos o legatarios que no se presenten al juicio de sucesión, tienen derecho de pedir su herencia o legado mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no hubiere concluido, o a los que hubieren adquirido los bienes sucesorios, si ya se hubiere verificado la partición.

Art. 785. Las resoluciones que el Juez dicta en los juicios hereditarios, mientras no estén satisfechos los intereses fiscales se notificarán también a los representantes de la Hacienda Pública Federal y del Estado, para que promuevan lo que competa al ejercicio de sus atribuciones.

Art. 786. Si durante la tramitación de un intestado apareciere el testamento, se sobreseerá aquélla; para abrir el juicio de testamentaría, a no ser que las disposiciones testamentarias se refieran sólo a una parte de los bienes hereditarios. En este caso se acumularán los juicios bajo la representación del ejecutor testamentario y la liquidación y partición serán siempre comunes; los inventarios lo serán también cuando los juicios se acumularen antes de su formación.


SECCIÓN II
DE LAS TESTAMENTARÍAS

Art. 787. El que promueva el juicio de testamentaría, a más de acreditar el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, como lo dispone el artículo 773, deberá presentar el testamento del difunto. Cumplido lo anterior, el Juez tendrá por radicado el juicio y en el mismo auto mandará convocar a los interesados a una junta para darles a conocer el testamento y el albacea nombrado si lo hubiere o para que procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en los artículos 1567, 1568, 1569 y 1573 del Código Civil, si no apareciere nombrado.

Art. 788. La junta se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación, si la mayoría de los herederos reside en el lugar del juicio. Si la mayoría residiere fuera del lugar del juicio, el Juez señalará el plazo que crea prudente, atendidas las distancias. La citación se hará por cédula o por correo con acuse de recibo.

Art. 789. Si hubiere herederos cuyo domicilio se ignore, se les citará por medio de edictos que se mandarán fijar por diez días en el lugar del juicio, en los sitios de costumbre, en el último domicilio del finado y en el de su nacimiento. Además, se mandarán publicar por tres veces, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación a juicio del Juez.

Art. 790. Si hubiere herederos menores o incapacitados que tengan tutor, se citará a éste para la junta.

Si los herederos menores no tuvieren tutor, se les nombrará con arreglo a derecho.

Respecto al declarado ausente se entenderá la citación con el que fuere su representante legítimo.


Art. 791. Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el Juez en la misma junta reconocerá como herederos a los que estén nombrados, en las porciones que les corresponda.

Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se sustanciará el juicio ordinario correspondiente con el albacea o heredero, respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición.

Art. 792. En la junta prevenida por el artículo 787 podrán los herederos nombrar interventor conforme a la facultad que les concede el artículo 1613 del Código Civil y se nombrará precisamente en los casos previstos en el artículo 1616 del mismo Código.


SECCIÓN III
DE LOS INTESTADOS

Art. 793. Quien promueva un intestado, deberá presentar con la denuncia los justificantes de la muerte del autor de la herencia y los que acrediten su parentesco con éste si lo tuviere; además, bajo protesta de decir verdad expresará los nombres y domicilios de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite o a falta de ellos el de los colaterales dentro del cuarto grado de que tenga conocimiento y, de serle posible, presentará también certificado de las partidas del registro civil, que demuestren el parentesco.

Además, acompañará copia del escrito de denuncia y de los demás documentos.

Art. 794. Hecha la denuncia con los requisitos que expresa el artículo anterior, el Juez, una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, como se dispone en este Capítulo, cuando así proceda, tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubieren señalado como interesadas, haciéndole saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen y la fecha y lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y justificar sus derechos a la herencia y a hacer el nombramiento del albacea.

En todo caso se mandarán fijar y publicar edictos como se dispone en el artículo 789, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior.

Art. 795. El Juez podrá ampliar prudentemente el plazo que señala el artículo anterior, cuando por el origen del difunto u otra circunstancia, se presuma que puede haber parientes fuera de la República.


Art. 796. Fijados los edictos y hechas las publicaciones a que se refiere el artículo 794, lo cual certificará en los autos el Secretario, una vez transcurrido el término concedido a los interesados para presentarse a deducir y justificar sus derechos, que se computará desde el día siguiente a la última publicación, el Juez dictará auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados o la denegará con reserva de sus derechos a los que la hubieren pretendido, para que los hagan valer en juicio ordinario.

Este auto será apelable en el efecto devolutivo.

Art. 797. Al hacerse la declaración de herederos de acuerdo con los artículos precedentes, el Juez en el mismo auto citará a los declarados, a una junta que deberá verificarse dentro de los ocho días siguientes, para que en ella designen al albacea. Se omitirá la junta cuando el heredero fuere único o si los interesados, desde su presentación emitieren ya su voto por escrito o en comparecencia. El Juez aprobará el nombramiento en favor del que obtuviere mayoría o hará la designación que corresponda con arreglo al Código Civil.

El albacea nombrado tendrá carácter de definitivo.

Art. 798. Los herederos inconformes con el nombramiento del albacea podrán nombrar interventor con arreglo al Código Civil.

Art. 799. Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o el que en su defecto se nombre.

Art. 800. Si el Ministerio Público o cualquier pretendiente se opone a la declaración de herederos o alega incapacidad de alguno de ellos, se sustanciará en juicio ordinario el pleito a que la oposición dé lugar, con el albacea o heredero, respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición.

Art. 801. Después de los plazos a que se refieren los artículos 794 y 795, no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero tendrán a salvo su derecho para hacerlo valer en los términos de ley contra los que fueren declarados herederos.

Art. 802. Al albacea se le entregarán los bienes sucesorios, así como los libros y papeles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 205 del Código Civil, debiendo rendirle cuentas el interventor.

Art. 803. Si nadie se presenta reclamando la herencia o si no fuere reconocido el derecho de los presentados, se declarará heredero a la Beneficencia Pública.


SECCIÓN IV
DEL INVENTARIO Y AVALÚO


Art. 804. Dentro de los diez días siguientes a la aceptación de su cargo, el albacea deberá proceder simultáneamente a la formación del inventario y del avalúo de los bienes de la sucesión. Para el efecto, dará aviso al juzgado, a fin de que éste prevenga a los interesados se pongan de acuerdo en el nombramiento de un perito valuador que asesore en sus labores al albacea y los aperciba de que si no hacen saber su acuerdo al Juzgado dentro del término de seis días o el propuesto no acepta el cargo, el Juez hará la designación.

Si cuando menos la mayoría de los interesados manifiesta su conformidad con que el avalúo sea hecho bajo la responsabilidad del albacea, no se hará designación de perito y el albacea fijará a los bienes el valor que estime justo, pudiendo consultar con peritos de su confianza, quienes en su caso firmarán también el avalúo.

Al hacerse el nombramiento de peritos en el caso previsto en el párrafo primero, el Juez hará también la designación de un tercero para el caso de que hubiere oposición entre el albacea y su asesor nombrado.

Art. 805. Para los efectos del artículo anterior, se reputan interesados:

I. El cónyuge que sobreviva;

II. Los demás herederos;

III. Los legatarios.

Art. 806. Con excepción de los casos señalados en el artículo que sigue, el inventario y avalúo se practicarán por memorias simples y extrajudicialmente.

Art. 807. El inventario será solemne:

I. Si la mayoría de los herederos y legatarios así lo solicitan;

II. Cuando los establecimientos de Beneficencia tuvieren interés en la sucesión como herederos o legatarios;

III. Cuando habiendo menores interesados, el Ministerio Público lo solicite;

IV. En los demás casos que expresamente lo prevenga este Código.

Art. 808. El inventario solemne se formará con intervención del Ministerio Público, por Notario designado por la mayoría de los interesados y en su defecto o cuando no se pongan de acuerdo en su nombramiento dentro del término que para el efecto señale el Juez, por el Secretario del Juzgado, pudiendo intervenir personalmente el Juez cuando lo estime necesario.

Art. 809. Antes de iniciarse la formación de inventarios, deberá citarse a los interesados en la sucesión, por medio de cédula o correo con acuse de recibo.


Art. 810. En el inventario y avalúo se listarán los bienes señalándolos con toda precisión y claridad, en el orden siguiente:

I. Dinero efectivo;

II. Alhajas;

III. Efectos de comercio o de industria;

IV. Semovientes;

V. Frutos;

VI. Muebles;

VII. Bienes raíces;

VIII. Créditos;

IX. Los documentos, escrituras y papeles de importancia que se encuentren.

Art. 811. Respecto de los créditos, títulos y demás documentos se expresará la fecha, el nombre de la persona obligada, el del Notario ante quien se otorgaron y la clase de obligación.

Art. 812. En el mismo inventario deberán figurar los bienes litigiosos, expresándose esa circunstancia, la clase de juicio que se siga, el Juez que conozca de él, la persona contra quien se litiga y la causa del pleito.

Art. 813. Si el difunto tenía en su poder bienes ajenos prestados o en depósito, en prenda o por cualquier otro título, también se harán constar en el inventario con expresión de la causa.

Art. 814. Si hubiere legados de cosa determinada, ésta se listará con expresión de su calidad especial.

Art. 815. Cuando el albacea o los peritos juzguen conveniente razonar sobre alguno de los valores que hubieren fijado, lo harán por medio de notas al pie del inventario, refiriéndose al número que en él tengan los objetos de cuyo valor se trate.

Art. 816. Todos los objetos deberán estimarse según su estado y valor actuales.


Art. 817. El albacea deberá concluir las operaciones de inventario y avalúo dentro de sesenta días contados desde el nombramiento del perito valuador o desde que se hubiere manifestado conformidad con que el avalúo sea hecho bajo su responsabilidad conforme al artículo 804. Si los bienes se encuentran ubicados a grandes distancias o si por la naturaleza de los negocios no se creyere bastante el término concedido, el Juez podrá ampliarlo prudentemente hasta por otros sesenta días.

Art. 818. Si pasados los términos que señalan los artículos 804 y 867, el albacea no promueve o no concluye el inventario y avalúo, se estará a lo dispuesto en los artículos 1636 y 1637 del Código Civil.

La remoción a que se refiere el último precepto, se hará de plano.

Art. 819. Presentados el inventario y avalúo, se correrá traslado de ellos por cinco días a cada uno de los interesados que no lo hubieren suscrito y transcurrido este término, si manifiestan su conformidad o no se evacuaron los traslados, el Juez sin más trámite los aprobará o reprobará, con la reserva, en el primer caso, de que si aparecieren nuevos bienes se listarán en el lugar respectivo.

Art. 820. Si se dedujere oposición contra el inventario o avalúo, se sustanciará la que se presente en forma incidental, debiendo ser común la audiencia si fueren varias las oposiciones, y a ella concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización, para que con las pruebas rendidas se discuta la cuestión promovida.

Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de la objeción del inventario o avalúo.

Art. 821. En la tramitación de este incidente cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos.

Si dejaren de presentarse los peritos perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados.

Art. 822. Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común en la audiencia como lo previene el artículo 53.

Art. 823. La interlocutoria que se dicte en el caso del artículo 820 será apelable en el efecto devolutivo si por su cuantía procede tal recurso.

Art. 824. A los avalúos sólo puede hacerse oposición:

I. Por error en la cosa objeto del avalúo o sus condiciones y circunstancias esenciales;

II. Por cohecho a los peritos o inteligencias fraudulentas entre ellos o alguno de los interesados, para aumentar o disminuir el valor de cualesquiera de los bienes.

Art. 825. Si hubiere motivo fundado para creer que el cohecho o la inteligencia fraudulenta para el avalúo han tenido lugar, se procederá criminalmente contra los culpables, a cuyo efecto se remitirá testimonio de lo conducente al Agente del Ministerio Público.

Art. 826. El inventario hecho por el albacea o por herederos, aprovecha a todos los interesados aunque no hubieran sido citados, incluso a los sustitutos y a los herederos por intestado.

El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron.

Aprobados el inventario y el avalúo por el juez, no podrán reformarse sino por error o dolo declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio sumario.

Art. 827. Los gastos de inventario y avalúo serán a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa.


SECCIÓN V
DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 828. El cónyuge supérstite tendrá la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal, con intervención del albacea, conforme al artículo 205 del Código Civil y será puesto en ella en cualquier momento en que lo pida, aunque antes la haya tenido el albacea u otra persona, sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna.

Contra el auto que otorgue la posesión y administración al cónyuge, no se admitirá ningún recurso; contra el que la niegue habrá el de apelación en ambos efectos.

Art. 829. En el caso del artículo anterior, la intervención del albacea se concretará a vigilar la administración del cónyuge y en cualquier momento en que observe que no se hace convenientemente, dará cuenta al tribunal, quien citará a ambos a una audiencia para dentro de los tres días siguientes y dentro de otros tres resolverá lo que proceda.

Art. 830. Si la falta de herederos de que trata el artículo 1572 del Código Civil, depende de que el testador declare no ser suyos los bienes o de otra causa que impida la sucesión por intestado, el albacea judicial durará en su encargo hasta que se entreguen los bienes a su legítimo dueño.

Art. 831. Si la falta de herederos depende de incapacidad legal del nombrado o de renuncia, el albacea judicial durará en su encargo el tiempo señalado en el artículo 1574 del Código Civil.

Art. 832. Si por cualquier motivo no hubiese albacea después de un mes de iniciado el juicio sucesorio, podrá el interventor, con autorización del tribunal, intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la sucesión y contestar las que contra ésta se promuevan.


Art. 833. El interventor no podrá deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras, manutención o reparación tenga contra la testamentaría o el intestado, sino cuando haya hecho estos gastos con autorización previa.

Art. 834. El interventor tendrá el dos por ciento del importe de los bienes, si no excede de 600 veces el salario mínimo; si excede de dicha suma pero no de 3000 veces el mismo salario, tendrá además el uno por ciento sobre el exceso; y si excediere de este último monto, tendrá además el medio por ciento sobre la cantidad excedente.

Si el interventor fuere abogado y ejerciere funciones de su profesión en los casos del Artículo 832 tendrá además los honorarios que señale el Arancel. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 835. El Juez abrirá toda la correspondencia que venga dirigida al difunto, en presencia del Secretario y del interventor, en los períodos que se señalen, según las circunstancias. El interventor recibirá la que tenga relación con el caudal, dejándose testimonio en los autos, y el Juez conservará la restante para darle en su oportunidad el destino que corresponda.

Art. 836. Todas las disposiciones relativas al interventor regirán respecto al albacea judicial.

Art. 837. Durante la sustanciación del juicio sucesorio, no se podrán enajenar los bienes inventariados sino en los casos del artículo 1602 del Código Civil, y en los siguientes:

I. Cuando los bienes puedan deteriorarse;

II. Cuando sean de difícil y costosa conservación;

III. Cuando para la enajenación de los frutos se presenten condiciones ventajosas.

Art. 838. Los libros de cuentas y papeles del difunto se entregarán al albacea y hecha la partición a los herederos reconocidos, observándose respecto de los títulos, lo que se prescribe en la sección siguiente. Los demás papeles quedarán en poder del que hubiere desempeñado el albaceazgo.

Art. 839. Si nadie se presenta alegando derechos a la herencia o por no haber sido reconocidos los que se presentaron, se declarará heredera a la Beneficencia Pública, se entregarán a ésta los bienes y los libros y papeles que tengan relación con la herencia. Los demás se archivarán con los autos del intestado en cubierta cerrada y sellada, que rubricarán el Juez, el representante del Ministerio Público y el Secretario.

Art. 840. El dinero y alhajas se depositarán en el establecimiento destinado por la ley para ese efecto; pero el Juez dispondrá que se entreguen al interventor las sumas que crea necesarias para los gastos más indispensables, si ya hubiere otorgado la garantía correspondiente.


Art. 841. Aprobados el inventario y el avalúo de los bienes y terminados los incidentes a que uno u otro hubieren dado lugar, se procederá a la liquidación del caudal.


SECCIÓN VI
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 842. El interventor, el cónyuge en el caso del artículo 828 y el albacea, ya sea provisional, judicial o definitivo, están obligados a rendir dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su cargo, la cuenta de su administración correspondiente al año anterior, pudiendo el Juez de oficio exigir el cumplimiento de este deber.

Art. 843. Las cantidades que resulten líquidas se depositarán, a disposición del Juzgado, en el establecimiento destinado (sic )designado?) por la ley.

Art. 844. La garantía otorgada por el interventor o por el albacea no se cancelará si no hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración.

Art. 845. Cuando el que administre no rinda sus cuentas dentro del término legal, podrá ser removido a solicitud de parte legítima; la remoción se tramitará en forma de incidente. También podrá ser removido a juicio del Juez y a solicitud de cualquiera de los interesados cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad.

Art. 846. Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea deberá no obstante dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios.

Art. 847. Concluidas las operaciones de liquidación, dentro de los quince días siguientes presentará el albacea su cuenta general del albaceazgo; si no lo hace se le apremiará por los medios legales; siendo aplicables las reglas de ejecución de sentencia.

Art. 848. Presentadas las cuentas de administración se pondrán en la Secretaría del Juzgado a disposición de las partes, por un término de diez días para que se impongan de ellas y hagan las observaciones que estimen oportunas.

Art. 849. Si todos los interesados aprobaren las cuentas o no las impugnaren, el Juez las aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no estuvieren conformes, se tramitará el incidente respectivo, pero será indispensable para que se le dé curso, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común.

El auto que apruebe o repruebe las cuentas, será apelable en el efecto devolutivo.

Art. 850. Concluidas y aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, el albacea procederá a la liquidación de la herencia.



SECCIÓN VII
DE LA LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA HERENCIA

Art. 851. El albacea, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario, presentará al Juzgado un proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deba entregarse a los herederos y legatarios, en proporción a su haber. La distribución de los productos se hará en efectivo o en especie.

Art. 852. Presentado el proyecto mandará el Juez ponerlo a la vista de los interesados, por cinco días. Si éstos están conformes o nada exponen dentro del término de la vista, el Juez lo aprobará mandando abonar a cada uno la porción que le corresponda. La inconformidad expresa se sustanciará en forma incidental.

Art. 853. Cuando los productos de los bienes variaren de bimestre a bimestre, el albacea presentará su proyecto de distribución por cada uno de los períodos indicados. En este caso deberá presentarse el proyecto dentro de los primeros cinco días del bimestre.

Art. 854. Aprobada la cuenta general de administración dentro de los quince días siguientes presentará el albacea el proyecto de partición de bienes, observando para ello lo que dispone el Código Civil y con sujeción a este Capítulo, y si no pudiere hacer por sí mismo la partición lo manifestará al Juez dentro de los tres días de aprobada la cuenta, a fin de que se nombre contador que la haga.

Art. 855. Los interesados, además de los casos ya previstos, podrán pedir, en el incidente respectivo, la separación del albacea, en los siguientes casos:

I. Si no presentare el proyecto de partición dentro del término indicado en el artículo anterior o dentro de la prórroga que le conceden los interesados por mayoría de votos;

II. Cuando no haga la manifestación a que se refiere la parte final del artículo anterior, dentro de los tres días que sigan a la aprobación de la cuenta;

III. Si no presentare el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios dentro de los plazos legales;

IV. Cuando durante dos bimestres consecutivos, sin justa causa, deje de cubrir a los herederos o legatarios la porción de frutos que les corresponda.

Art. 856. Tienen derecho de pedir la partición de la herencia:


I. El heredero que tenga la libre disposición de sus bienes, en cualquier tiempo en que lo solicite, siempre que hubieren sido aprobados los inventarios y rendida la cuenta de administración; puede sin embargo, hacerse la partición antes de la rendición de cuentas o de su aprobación, si así lo conviniere la mayoría de los interesados;

II. Los herederos bajo condición, luego que se haya cumplido ésta;

III. El cesionario del heredero y el acreedor de un heredero que hubiere trabado ejecución en los derechos que tenga en la herencia, siempre que obtenida sentencia de remate, no haya otros bienes con que hacer el pago;

IV. Los coherederos del heredero condicional, siempre que aseguren el derecho de éste para el caso de que se cumpla la condición, hasta saberse que ésta ha faltado o que no podrá ya cumplirse y sólo por lo que respecta a la parte en que consista el derecho pendiente y a las cauciones con que se hayan asegurado. El albacea o el contador partidor, en su caso, procederán al aseguramiento del derecho pendiente;

V. Los herederos del heredero que muere antes de la partición.

Art. 857. Cuando el albacea no haga la partición por sí mismo, promoverá dentro del tercer día de aprobada la cuenta la elección de un contador o abogado con título oficial registrado, para que haga la división de los bienes. El Juez convocará a los herederos, por medio de cédula o por correo con acuse de recibo, a una junta dentro de los tres días siguientes, a fin de que se haga en su presencia la elección.

Si no hubiere mayoría el juez nombrará partidor eligiéndolo entre los propuestos.

El cónyuge aunque no tenga el carácter de heredero será tenido como parte, si entre los bienes hereditarios los hubiere de la sociedad conyugal.

Art. 858. El Juez pondrá a disposición del partidor los autos y, bajo inventario, los papeles y documentos relativos al caudal, para que proceda a la partición concediéndole el término que solicite, siempre que no exceda de sesenta días, para que presente el proyecto partitorio, bajo el apercibimiento de perder los honorarios que devengare, ser separado de plano de su encargo y ser multado de acuerdo con lo previsto por el Artículo 62, Fracción II. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 859. El partidor pedirá a los interesados las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estén de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones.

Podrá ocurrir al juez para que por correo o por cédula los cite a junta, a fin de que en ella los interesados fijen de común acuerdo las bases de la partición, que se considerará como un convenio. Si no hubiere conformidad el partidor se sujetará a los principios legales.


En todo caso, al hacerse la división, se separarán los bienes que correspondan al cónyuge que sobreviva, conforme a las capitulaciones matrimoniales o a las disposiciones que regulan la sociedad conyugal.

Art. 860. El proyecto de partición, se sujetará en todo caso a la designación de partes que hubiere hecho el testador.

A falta de convenio entre los interesados, se incluirán en cada porción bienes de la misma especie si fuere posible.

Si hubiere bienes gravados se especificarán los gravámenes, indicando el modo de redimirlos o de dividirlos entre los herederos.

Art. 861. Concluido el proyecto de partición el juez lo mandará poner a la vista de los interesados en la Secretaría por un término de diez días. Vencido este término sin hacerse oposición o cuando se presente el proyecto suscrito de conformidad por todos los interesados, el juez lo aprobará y dictará sentencia de adjudicación mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el Secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación.

Art. 862. Si se dedujere oposición contra el proyecto se sustanciará en forma incidental, procurando, si fueren varios los opositores, que la audiencia sea común y concurran los interesados y el partidor para que se discutan las cuestiones promovidas y se reciban pruebas.

Para dar curso a la oposición, será indispensable expresar concretamente el motivo de la inconformidad y las pruebas que se invoquen como base de la oposición.

Si los que se opusieron dejaren de concurrir a la audiencia, se les tendrá por desistidos.

Art. 863. Si la reclamación fuere relativa a la clase de bienes asignados y no hubiere convenio, los bienes que se discutan se venderán observándose lo dispuesto en los artículos 867 a 873.

Art. 864. Todo heredero o legatario de cantidad tiene derecho a pedir que se le adjudiquen en pago bienes de la herencia y la aplicación se hará por el precio que tengan en el avalúo.

Art. 865. En el caso del artículo anterior, la elección será del que deba pagar la herencia o el legado, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa.

Art. 866. Los bienes que fueren indivisibles o que desmerezcan mucho con la división, podrán adjudicarse a uno de los herederos con la condición de abonar a los otros el exceso, en dinero.


Art. 867. Si no pudiere realizarse lo dispuesto en el artículo anterior y los herederos no convinieren en usufructuar los bienes en común u otra manera de pago, se procederá a su venta, prefiriéndose al heredero que haga mejor postura.

Art. 868. La venta se hará en pública subasta admitiendo licitadores extraños, siempre que haya menores o que alguno de los herederos lo pida.

Art. 869. La diferencia que hubiere en el precio aumentará o disminuirá la masa hereditaria. En estos casos la partición deberá modificarse.

Art. 870. Si se suscitare cuestión sobre si los bienes admiten cómoda división, el juez oyendo a un perito que él nombre, decidirá lo que proceda en justicia.

Art. 871. Si verificadas tres almonedas no hubiere postor para los bienes que no admitan cómoda división, se sortearán y al que designe la suerte se adjudicarán por la mitad de su valor.

Art. 872. Lo que en el caso del artículo anterior exceda de la cuota del heredero adjudicatario, será reconocido por éste, salvo convenio en otro sentido, durante seis años al nueve por ciento, con hipoteca de la cosa adjudicada a favor de la persona a quien corresponda según la partición.

Art. 873. Si la cosa adjudicada no cubriere la cuota del heredero adjudicatario y no pudiere completarse ésta con otros bienes, la diferencia se reconocerá sobre otro inmueble en los términos establecidos en el artículo anterior.

Art. 874. Si varios herederos pretenden una misma cosa de la herencia, se licitará entre ellos y lo que se diere de más sobre su precio legítimo, entrará al fondo común.

Art. 875. Si hubiere alguna cosa que todos rehusaren recibir, se observará lo dispuesto en el artículo 863 y los que en él se citan.

Art. 876. Cualquier heredero puede, aun después de sorteada la cosa, en los casos de los artículos 871 y 875 evitar la adjudicación por la mitad del precio aumentado éste; y si hubiere varios pretendientes habrá lugar a la licitación.

Art. 877. La escritura de partición deberá contener:

I. El nombre y apellido de todos los herederos y legatarios;

II. Los nombres, medidas y linderos de los predios adjudicados, con expresión de la parte que cada heredero adjudicatario tenga obligación de devolver si el precio de la cosa excede al de su porción, o qué recibir si falta;


III. La garantía especial que para la devolución del exceso constituya el heredero en el caso de la fracción que precede;

IV. La enumeración de los muebles o cantidades repartidas;

V. Noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas;

VI. Expresión de las cantidades que algún heredero quede reconociendo a otro de la garantía que haya constituido;

VII. La firma de todos los interesados.

Art. 878. Cuando en un mismo título estén comprendidas fincas adjudicadas a diversos coherederos o una sola, pero dividida entre dos o más, el título hereditario quedará en poder del que tenga mayor interés representado en la finca o fincas, dándose a los otros copias fehacientes a costa del caudal hereditario.

Art. 879. Si el título fuere original, deberá también aquél en cuyo poder quedare, exhibirlo a los demás interesados cuando fuere necesario.

Art. 880. Si todos los interesados tuvieren igual porción en las fincas, el título quedará en poder del que designe el juez, si no hubiere convenio entre los partícipes.

Art. 881. Pueden oponerse a que se lleve a efecto la partición:

I. Los acreedores hereditarios legalmente reconocidos mientras no se pague su crédito si ya estuviere vencido y, si no lo estuviere, mientras no se les asegure debidamente el pago;

II. Los legatarios de cantidad, de alimentos, de educación y de pensiones, mientras no se les pague o se les garantice legalmente el derecho.

Art. 882. La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que por su cuantía la ley exige para su venta. El notario ante el que se otorgue la escritura será designado por el albacea.

Art. 883. La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos cuando el caudal exceda de cien días de salarios general vigente en el Estado. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).


SECCIÓN VIII
DE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA DEL
PATRIMONIO FAMILIAR


Art. 884. En todo lo relativo a la sucesión de los bienes del patrimonio familiar, se observarán las disposiciones de este título, que no se opongan a las siguientes reglas:

I. Con la certificación de la defunción del autor de la herencia, se acompañarán los comprobantes de la constitución del patrimonio familiar y su registro, así como el testamento o la denuncia del intestado;

II. El inventario y avalúo se harán por el cónyuge que sobreviva o el albacea si estuviere designado y, en su defecto, por el heredero que sea de más edad; el avalúo deberá ser firmado por un perito oficial o, en su defecto, por cualquier comerciante de honorabilidad reconocida;

III. El Juez convocará a junta a los interesados, nombrando en ella tutores especiales a los menores que tuvieren representante legítimo o cuando el interés de éstos fuere opuesto al de aquéllos y procurará ponerlos de acuerdo sobre la forma de hacer la partición. Si no logra ponerlos de acuerdo, nombrarán un partidor entre los contadores oficiales que presten servicios al Erario, para que en el término de cinco días presente el proyecto de partición que dará a conocer a los interesados en una nueva junta a que serán convocados por cédula o correo. En esa misma audiencia oirá y decidirá las oposiciones, mandando hacer la adjudicación; excepción hecha de lo previsto por el artículo 740 Bis (sic )del Código Civil?), en cuyo caso se estará a lo dispuesto por este último precepto. (Decreto N1 28 de 14-10-1975, P.O. de 24-10-1975).

IV. Todas las resoluciones se harán constar en actas y no se requieren peticiones escritas de parte interesada para la tramitación del juicio, con excepción de la denuncia del intestado que se hará con copia para dar aviso al Fisco;

V. El acta o actas en que consten las adjudicaciones pueden servir de título a los interesados;

VI. La transmisión de los bienes del patrimonio familiar, está exenta de contribuciones, cualquiera que sea su naturaleza.


SECCIÓN IX
DE LA TRAMITACIÓN POR NOTARIOS

Art. 885. Una vez radicada la sucesión hecha la declaratoria de herederos, cuando todos éstos sean mayores de edad o lo sea la mayoría y estuvieren debidamente representados los menores, o cuando hubiere un solo heredero, aunque éste sea menor de edad, podrá continuar tramitándose la sucesión extrajudicialmente, ante los Notarios Públicos del Estado, mientras no se suscite controversia.


Art. 886. El albacea y los herederos comparecerán ante el Notario y exhibiendo copia certificada de la resolución judicial que les hubiere reconocido su carácter, así como testimonio del testamento, cuando lo hubiere, le manifestarán su conformidad de que él continúe extrajudicialmente el procedimiento. El Notario hará constar en su protocolo la declaración y la dará a conocer publicándola por una vez en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, a su juicio.

También avisará al Juzgado que previno, por medio de oficio, para que se siente razón en los autos y a los representantes del Fisco, si no estuvieren cubiertos los impuestos, para los efectos relativos.

Art. 887. Practicadas las operaciones de inventario y avalúo por el albacea y satisfechos los impuestos correspondientes, estando conformes todos los herederos, aquél los presentará al Notario para su protocolización.

Art. 888. Formado por el albacea, con aprobación de los herederos, el proyecto de partición de la herencia, lo exhibirá al Notario para su protocolización.

Art. 889. Cuando se suscite controversia, el Notario suspenderá su intervención y a costa de los interesados se remitirá testimonio de lo practicado por él al Juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste.


SECCIÓN X
DEL TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO

Art. 890. Para la apertura del testamento cerrado, los testigos reconocerán separadamente sus firmas y el pliego que lo contenga. El representante del Ministerio Público asistirá a la diligencia.

Art. 891. Cumplido lo prescrito en sus respectivos casos en los artículos del Código Civil números 1440 a 1445, el Juez, en presencia del Notario, testigos, representante del Ministerio Público y Secretario, abrirá el testamento, lo leerá para sí y después le dará lectura en voz alta, omitiendo lo que deba permanecer en secreto.

En seguida firmarán al margen del testamento las personas que hayan intervenido en la diligencia, con el Juez y el Secretario, y se le pondrá el sello del Juzgado, asentándose acta de todo ello.

Art. 892. Será preferida para la protocolización de todo testamento cerrado, la Notaría del lugar en que haya sido abierto, y si hubiere varias, se preferirá la que designe el promovente.

Art. 893. Si se presentaren dos o más testamentos cerrados de una misma persona, sean de la misma fecha o de diversa, el Juez procederá respecto a cada uno de ellos como se previene en este capítulo y los hará protocolizar en un mismo oficio para los efectos a que haya lugar en los casos previstos por los artículos 1392 y 1394 del Código Civil.



SECCIÓN XI
DE LA DECLARACIÓN DE SER FORMAL EL
TESTAMENTO OLÓGRAFO

Art. 894. El Tribunal competente para conocer de una sucesión, que tenga noticia de que el autor de la herencia depositó su testamento ológrafo como se dispone en el artículo 1451 del Código Civil, dirigirá oficio al Encargado del Registro Público en que se hubiere hecho el depósito, a fin de que le remita el pliego cerrado en que el testador declaró que se contiene su última voluntad.

Art. 895. Recibido el pliego procederá el Tribunal como se dispone en el artículo 1459 del Código Civil.

Art. 896. Si para la debida identificación fuere necesario reconocer la firma por no existir los testigos de identificación que hubiesen intervenido o por no estimarse bastante sus declaraciones, el Tribunal nombrará un perito para que confronte la firma con las indubitadas que existen del testador y, teniendo en cuenta su dictamen, hará la declaración que corresponda.

Art. 897. En el caso del artículo 1460 del Código Civil, se procederá como se dispone en los artículos anteriores, una vez que el Encargado del Registro correspondiente remita copia certificada del asiento que previene el artículo 1455 del mismo Código.


SECCIÓN XII
DE LA DECLARACIÓN DE SER FORMAL EL
TESTAMENTO PRIVADO

Art. 898. A instancia de parte legítima podrá elevarse a escritura pública el testamento privado, sea que conste por escrito o sólo de palabra.

Art. 899. Es parte legítima para los efectos del artículo anterior:

I. El que tuviere interés en el testamento;

II. El que hubiere recibido en él algún encargo del testador.

Art. 900. Hecha la solicitud se señalarán día y hora para el examen de los testigos que hayan concurrido al otorgamiento.

Para la información se citará al representante del Ministerio Público, quien tendrá obligación de asistir a las declaraciones de los testigos y repreguntarlos para asegurarse de su veracidad.

Los testigos declararán al tenor del interrogatorio respectivo que se sujetará estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1472 del Código Civil.


Recibidas las declaraciones el Tribunal procederá conforme al artículo 1473 del Código Civil.

Art. 901. De la resolución que niegue la declaración solicitada pueden apelar el promovente y cualquiera de las personas interesadas en la disposición testamentaria; de la que acuerde la declaración puede apelar el representante del Ministerio Público.

Art. 902. Las constancias que de lo actuado expida el Juez, hacen las veces de testamento para iniciar el juicio hereditario respectivo. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).


SECCIÓN XIII
DEL TESTAMENTO MILITAR

Art. 903. Luego que el Tribunal reciba, por conducto del Secretario de la Defensa Nacional, el parte a que se refieren los artículos 1479 y 1480 del Código Civil, citará a los testigos que estuvieren en el lugar y, respecto de los ausentes, mandará exhorto al Tribunal del lugar donde se hallen.

Art. 904. De la declaración judicial se remitirá copia autorizada al Secretario de la Defensa Nacional.

En lo demás se observará lo dispuesto en el Capítulo que antecede.


TÍTULO XV
DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 905. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, exceptuándose los actos de posesión en los que sólo intervendrá el Juez, cuando así lo exija la ejecución de una sentencia o en los demás casos en que la ley expresamente lo autorice o disponga.

Art. 906. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los Jueces de Primera Instancia, salvo los casos en que especialmente la ley disponga otra cosa.


Art. 907. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan por tres días las actuaciones en la Secretaria (sic )Secretaría?) del Juzgado para que se imponga de ellas y se señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella su falta de asistencia.

Art. 908. Se oirá precisamente al Ministerio Público:

I. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos;

II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados;

III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente;

IV. Cuando lo dispusiere la ley.

Art. 909. Se admitirán cualquiera documentos que se presenten e igualmente las justificaciones que se ofrecieren sin necesidad de citación ni de ninguna otra solemnidad.

Art. 910. Si a la solicitud promovida se opusiere persona con interés jurídico suficiente, el juez declarará improcedente la vía de jurisdicción voluntaria y reservará los derechos de los interesados para que los ejerzan en la forma que procediere. (Decreto N1 602 de 4-VII-1995, P.O. de 21-VII-1995, Núm. 87).

Art. 911. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa.

No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción.

Art. 912. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos y si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias y sólo en el efecto devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación.

Art. 913. La sustanciación de las apelaciones en jurisdicción voluntaria se sujetará a los trámites establecidos para la de los incidentes.

Art. 914. Los actos de jurisdicción voluntaria de que no se hiciere mención especial en este Código, se sujetarán a lo dispuesto en este Capítulo.


Art. 915. Los actos de que tratan los capítulos siguientes se sujetarán a las reglas que en ellos se establecen y a las contenidas en el presente, en cuanto no se opongan a lo establecido en sus respectivos capítulos.


CAPÍTULO II
DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO; DEL NOMBRAMIENTO
DE TUTORES Y CURADORES; DEL DISCERNIMIENTO
DE ESTOS CARGOS Y DE LAS CUENTAS
DE LA TUTELA

SECCIÓN I
DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO

Art. 916. La declaración de estado de minoridad puede pedirse:

I. Por el mismo menor que ha cumplido dieciséis años;

II. Por su cónyuge;

III. Por sus presuntos herederos legítimos;

IV. Por el ejecutor testamentario;

V. Por el Ministerio Público y los Consejos de Tutelas.

Art. 917. Si a la petición de declaración de minoridad se acompaña la certificación del Registro Civil, se hará la declaración de plano. En caso contrario se citará a una audiencia que se verificará dentro del tercer día, a la que concurrirá el menor si fuere posible y el Ministerio Público; en ella, con o sin la asistencia de éste y por las certificaciones del Registro Civil si hasta este momento se presentaron, por el aspecto del menor y a falta de aquéllas o de la presencia de éste, por medio de información de testigos, se hará o denegará la declaración correspondiente.

Art. 918. La declaración de incapacidad por causa de demencia, idiotismo, imbecilidad, embriaguez habitual o toxicomanía, podrá pedirse:

I. Por el cónyuge;

II. Por los presuntos herederos legítimos;

III. Por el ejecutor testamentario;

IV. Por el Ministerio Público, que en todo caso será oído;


V. Por el Consejo de Tutelas.

Art. 919. En todos los casos del artículo anterior, presentada la solicitud de interdicción el Tribunal proveerá auto para que, dentro de los tres días siguientes, sea reconocido el incapacitado por tres médicos que nombrará; la diligencia de reconocimiento se practicará en presencia del Tribunal, del Ministerio Público y de la persona que solicitó la interdicción, levantándose acta en que conste el resultado.

Art. 920. Si del dictamen pericial resultare comprobada la demencia o por lo menos duda fundada acerca de la incapacidad de la persona cuya interdicción se pide, el Tribunal dictará las siguientes medidas:

I. Nombrará tutor y curador interinos, sujetándose a las disposiciones de este Capítulo, pero sin que pueda ser nombrada la persona que haya promovido la interdicción;

II. Pondrá los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor interino, y los de la copropiedad, si los hubiere, bajo la administración del otro cónyuge;

III. Proveerá legalmente a la patria potestad o tutela de las personas que tuviere bajo su guarda el presunto incapacitado.

Del auto en que se dicten estas providencias no procederá apelación sino en el efecto devolutivo.

Art. 921. Dictadas las providencias que establece el artículo anterior y previo nuevo reconocimiento del presunto incapacitado, que deberá practicarse como se dispone en el artículo 919 dentro de un término que en ningún caso excederá de cuarenta días, el Juez citará a junta en la cual, si estuvieren conformes el tutor y el Ministerio Público, dictará su resolución declarando o no el estado de interdicción, según el sentido en que hayan emitido su dictamen la mayoría de los peritos. Si hubiere oposición, se sustanciará el respectivo juicio ordinario entre el que pide la interdicción y el opositor u opositores. En el juicio será oído el presunto incapacitado si lo pidiere y durante la tramitación subsistirán las medidas decretadas conforme al artículo 920.

Art. 922. En todo procedimiento para declarar la interdicción, se observarán las siguientes reglas:

I. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización judicial;


II. El estado de demencia puede probarse por testigos o documentos; pero en todo caso se requiere certificación de tres médicos, por lo menos, que nombrará el Juez, sin perjuicio de la prueba pericial que las partes promuevan. El tutor puede nombrar un médico para que tome parte en el reconocimiento o reconocimientos que se practiquen y se oiga su dictamen;

III. El que promueva dolosamente la interdicción incurrirá en las penas que la ley impone por falsedad y calumnia y sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra, deberá pagar una multa de cincuenta a mil pesos, que se distribuirá por mitad entre el supuesto incapacitado y el tutor interino;

IV. Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, el Juez llamará al ejercicio de la tutela a las personas a quienes corresponda conforme a la ley, o hará el nombramiento de tutor en los casos que para ello esté legalmente facultado. Cuando el cargo de tutor definitivo deba recaer en el tutor interino, bastará confirmar el nombramiento anterior; lo mismo se observará para el nombramiento de curador definitivo.

Art. 923. El procedimiento que tenga por objeto hacer cesar la interdicción, se seguirá en todo caso como el que la declaró, observándose en lo conducente las disposiciones de los artículos anteriores.

Art. 924. La declaración de estado de los sordomudos se hará mediante el dictamen unánime de tres facultativos que reconozcan al incapaz, en presencia del Juez y del Ministerio Público.

Art. 925. Las sentencias que declaren la interdicción y las que le pongan término, se publicarán en el Periódico Oficial y en el diario de mayor circulación en el Estado, a juicio del Juez, por tres veces de tres en tres días.


SECCIÓN II
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y DEL
DISCERNIMIENTO DE ESTE CARGO

Art. 926. Ninguna tutela podrá conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella.

Art. 927. Acreditado el nombramiento de tutor hecho por el que ejerce patria potestad, en última disposición, se discernirá el cargo por el Juez sin exigir fianza al nombrado, si se le hubiere dispensado de ella, salvo lo dispuesto en el artículo 522 del Código Civil.

Art. 928. No habiendo relevación de garantía se exigirá ésta proporcionada al caudal que haya de administrarse y con entera sujeción a lo prescrito en el Código Civil.


Art. 929. Si el que no está en ejercicio de la patria potestad nombra tutor con arreglo al artículo 474 del Código Civil, se discernirá el cargo con relevo de garantía, si así lo hubiere dispuesto el testador en cuanto al caudal que deje. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 522 del Código Civil.

Art. 930. Siempre que corresponda al Juez el nombramiento de tutor conforme a lo prevenido en el Capítulo VI, Título Undécimo, Libro Primero del Código Civil deberá recibir información sumaria de estar el menor en alguno de los casos del artículo 496 del mismo Código, y convocará por edictos publicados tres veces en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, a juicio del Juez, a los parientes del incapacitado a quienes pueda corresponder la tutela legítima.

Art. 931. Cuando expire el término de los edictos sin que se presente algún pariente del incapacitado, se procederá al nombramiento de tutor dativo. Se hará lo mismo en casos de suma urgencia, aun cuando no haya concluido dicho término.

Art. 932. El menor podrá oponerse al nombramiento de tutor hecho por la persona que no siendo ascendiente lo hubiere instituido heredero o legatario; cuando tuviere dieciséis años o más.

Art. 933. Siempre que el tutor nombrado no reúna los requisitos que la Ley exige para ser tutor o curador, el Juez denegará el discernimiento del cargo y proveerá el nombramiento en la forma y términos prevenidos por el Código Civil.

Art. 934. Si sobre el nombramiento de un tutor se empeñare cuestión, se sustanciará ésta en la vía sumaria y en el pleito que se siga representará al menor un tutor interino, que el Juez nombrará para este solo efecto.

Art. 935. Todo tutor, cualquiera que sea su clase, deberá aceptar previamente y prestar las garantías que exige el Código Civil para que se le discierna el cargo.

El tutor deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de los cinco días que sigan a la notificación de su nombramiento. En igual término deberá proponer sus impedimentos o excusas, disfrutando de un día más por cada cuarenta kilómetros que medien entre su domicilio y el lugar de la residencia del juez competente.

Cuando el impedimento o la causa legal de la excusa ocurrieren después de la admisión de la tutela, los términos correrán desde el día en que el tutor conoció el impedimento o la causa legal de la excusa.

La aceptación o el transcurso de los términos en su caso importan renuncia de la excusa.

Art. 936. El importe de la garantía se determinará con audiencia del Ministerio Público.

Art. 937. También se dará audiencia al Ministerio Público para la apreciación y aprobación de la garantía que se otorgue.


Art. 938. Para facilitar y asegurar el otorgamiento de la garantía, los jueces nombrarán desde luego curador en los casos en que conforme al Código Civil les corresponda hacer el nombramiento, o confirmarán el que haya hecho el autor de la herencia, o el menor en su caso.

Art. 939. El tutor interino que en estos casos deba nombrarse conforme al artículo 533 del Código Civil, presentará dentro del término que designe el juez con presencia de los datos que existan en los libros de la testamentaría o del intestado, un cómputo aproximado de la cuantía de los bienes, productos y rentas, cuya administración y manejo deba garantizar con arreglo al referido Código.

Art. 940. De este cómputo se dará traslado al Ministerio Público y en vista de su respuesta se determinará el otorgamiento de la garantía.

Art. 941. Previa la aceptación del tutor designado y la prestación de la garantía en la forma que queda prevenida, se le discernirá el encargo, proveyendo auto en que se le faculte para ejercerlo con sujeción a la ley. De este auto se le darán los testimonios que pidiere para acreditar su personalidad.

Art. 942. No se exigirá fianza a los tutores interinos cuando no tengan administración de bienes.

Art. 943. En todo caso en que se nombre al menor, tutor interino, se le designará curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si teniéndolo se halla impedido.

Art. 944. La oposición de intereses a que se refieren los artículos 441 y 458 del Código Civil, se calificará siempre con audiencia del Ministerio Público y sólo que éste pida de conformidad, se nombrará el tutor interino.

Art. 945. En todo auto de discernimiento del cargo de tutor, deberá el juez expresar el tanto por ciento que, con arreglo a lo prevenido en el artículo 586 del Código Civil, le corresponda al nombrado, o la pensión o legado que por el desempeño de su encargo le hubiere asignado el autor de la herencia.

Art. 946. Los autos de nombramiento de tutor y de discernimiento del cargo, a más de comunicarse como dispone el artículo 89 del Código Civil, se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Estado.

Art. 947. Si al deferirse la tutela se encontrare el incapaz fuera de su domicilio, el Juez de Primera Instancia, y en su falta el Juez Menor de la población en que se hallare, hará inventariar y depositar los bienes muebles que el incapaz tenga en su poder y lo avisará inmediatamente al juez del domicilio remitiéndole testimonio de estas diligencias.

Art. 948. Esta misma obligación tendrá en el caso de quedar vacante la tutela por cualquiera causa.

Art. 949. De las resoluciones que se dicten conforme a los dos artículos anteriores no se admitirá apelación más que en el efecto devolutivo.

Art. 950. El Ministerio Público será oído siempre que el juez deba interponer su autoridad en los negocios relativos a tutela, sean de la clase que fueren.


SECCIÓN III
DEL NOMBRAMIENTO DE CURADOR Y DEL
DISCERNIMIENTO DE ESTE CARGO

Art. 951. Una vez acreditado el nombramiento de curador, hecho por la persona facultada para ello por la ley u otorgado por el juez en los casos en que deba hacerlo, se hará saber la designación al nombrado y se procederá a discernirle el cargo, observándose en lo conducente las disposiciones de la sección anterior.


SECCIÓN IV
DE LA VIGILANCIA Y CUENTAS DE LA TUTELA

Art. 952. En los Juzgados de Primera Instancia, bajo el cuidado y responsabilidad del juez, se llevará un registro de los discernimientos que se hicieren de los cargos de tutor y de curador. En este registro, que estará siempre a disposición del Consejo de Tutelas y demás interesados, se insertará copia autorizada por el Secretario, de los autos de discernimiento y se anotarán los demás actos que afecten el desempeño de la tutela.

Art. 953. Dentro de los ocho primeros días de cada año, los jueces, en audiencia pública, con citación del Consejo de Tutelas y del Ministerio Público, procederán a examinar dicho registro y en su vista dictarán, de las medidas siguientes, las que correspondan:

I. Si resultare haber fallecido algún tutor, hará que sea reemplazado con arreglo a la ley;

II. Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para darle destino determinado, harán que desde luego tengan cumplido efecto las prescripciones del Código Civil;

III. Exigirán también que rindan cuentas los tutores que deban darlas y que por cualquier motivo no hubieren cumplido con la prescripción expresa del artículo 591 del Código Civil;

IV. Obligarán a los tutores a que depositen en el establecimiento público destinado al efecto, los sobrantes de las rentas o productos del caudal de los menores, después de cubiertas las sumas señaladas con arreglo a los artículos 540, 555 y 556 del Código Civil, y de pagado el tanto por ciento de administración;

V. Si los jueces lo creyeren conveniente, decretarán el depósito cuando se presenten dificultades insuperables para el inmediato cumplimiento de los artículos 558 y 559 del Código Civil;


VI. Pedirán al efecto, las noticias que estimen necesarias del estado en que se halle la gestión de la tutela y adoptarán las medidas que juzguen convenientes para evitar los abusos y remediar los que puedan haberse cometido.

Art. 954. Los tutores al rendir sus cuentas deberán hacer una exposición sucinta que comprenda la administración de los bienes en el período a que se refieran; y listarán por riguroso debe y haber los ingresos y egresos precisando el saldo y presentarán los documentos justificativos, a excepción de los de aquéllas partidas que no excedan de cinco pesos.

Se tendrán como justificativos:

I. La autorización para hacer el gasto contenido en cada partida, sea la general dada al principio de la administración, sea la especial posterior;

II. El documento que pruebe que realmente se hizo el gasto.

Art. 955. Cuando fueren muchos los libros y documentos que deban cotejarse, bastará que se presente la cuenta en extracto si estuvieren conformes el curador y el Ministerio Público, quienes tendrán derecho de examinar por sí mismos los libros originales; el juez podrá cuando alguno de ellos lo pida, nombrar un perito que glose la cuenta.

Art. 956. El tutor cuyo cargo ha concluido puede, al hacer la entrega que previenen los artículos 605 y 609 del Código Civil, retener los documentos para formar su cuenta, previo consentimiento del curador o del pupilo, si salió ya éste de la menor edad y autorización judicial, a fin de presentarlos con ella.

Art. 957. Presentada la cuenta en los términos que quedan establecidos, mandará el Juez correr traslado de ella al curador y al Ministerio Público, por un término que no podrá exceder en ningún caso, de diez días para cada uno de ellos.

Art. 958. Si al presentar la cuenta el tutor, la suscribe también el curador, no se correrá a éste el traslado que previene el artículo precedente; pero se exigirá la ratificación de las firmas y sólo se entenderá el traslado con el Ministerio Público.

Art. 959. Si ni el Ministerio Público ni el curador hacen observaciones, el Juez dictará dentro de diez días su auto de aprobación, salvo que del examen que por sí mismo verifique resulte que deben hacerse algunas rectificaciones o aclaraciones, las que mandará se practiquen en un término prudente.

Art. 960. Si el curador o el Ministerio Público hacen observaciones relativas sólo a la forma de la cuenta, la mandará el Juez enmendar o reponer en un plazo que no excederá de cinco días.


Art. 961. Si hacen observaciones relativas al fondo de la cuenta o se objetan de falsas o de no justificadas algunas partidas, se sustanciará la oposición en vía sumaria.

Art. 962. El Ministerio Público y el curador podrán apelar de la resolución que apruebe las cuentas, si las hubieren impugnado; los mismos y el tutor podrán apelar de la que las desapruebe.

Art. 963. Cuando del examen de la cuenta resulten motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de separación que se seguirá en la vía sumaria; si de las primeras diligencias resultaren confirmadas las sospechas, se nombrará desde luego un tutor interino, sin perjuicio de proceder a la instrucción de la respectiva causa.

Art. 964. En todos los casos en que el tutor necesite para algún acto de la licencia del Juez o de su aprobación, se requerirá la previa audiencia del curador, con el cual, en caso de oposición, se sustanciará juicio sumario. En este Juicio se decidirá solamente la diferencia entre el tutor y el curador y no se admitirá ni de las sentencias definitivas ni de las interlocutorias, apelación ni otro recurso que el de responsabilidad. De la denegación de la licencia que haya pedido el tutor con aprobación del curador, se admitirán los recursos que correspondan según derecho, a los negocios de mayor interés.


CAPÍTULO III
DE LA DISPOSICIÓN DE BIENES DE MENORES,
INCAPACITADOS Y AUSENTES Y DE LA TRANSACCIÓN
SOBRE SUS DERECHOS

Art. 965. Será necesario obtener licencia judicial para disponer de los bienes que pertenezcan exclusivamente a menores, incapacitados y ausentes, que correspondan a las clases siguientes:

I. Bienes raíces;

II. Derechos reales sobre muebles;

III. Alhajas y muebles preciosos;

IV. Acciones de compañías industriales y mercantiles, cuyo valor exceda de cinco mil pesos.


Art. 966. Para decretar la venta de bienes se necesita que al pedirse se exprese el motivo de la enajenación y el objeto a que deba aplicarse la suma que se obtenga y que se justifique la absoluta necesidad o la evidente utilidad de la enajenación.

Si fuere el tutor quien solicita la venta deberá proponer al hacer la promoción las bases del remate, en cuanto a la cantidad que deba darse de contado, el plazo, intereses y garantías del rematante.

La solicitud del tutor se sustanciará en forma de incidente con el curador y el Ministerio Público. La sentencia que se dicte será apelable en ambos efectos.

Los peritos que se designen para hacer el avalúo, serán nombrados por el Juez.

Art. 967. Respecto de las alhajas y muebles preciosos se observará lo que acerca de ellos dispone el artículo 564 del Código Civil.

Si se decreta la subasta se observarán en lo relativo las disposiciones de este Código.

El remate de los inmuebles se hará conforme al título octavo capítulo IV y en él no podrá admitirse postura que baje de las dos terceras partes del avalúo pericial ni la que no se ajuste a los términos de la autorización judicial.

Si en la primera almoneda no hubiere postor, el Juez convocará a solicitud del tutor o del curador, a una junta dentro del tercer día, para ver si son de modificarse o no las bases del remate, señalándose nuevamente las almonedas que fueren necesarias.

Art. 968. Para la venta de acciones y títulos de venta, se concederá la autorización sobre la base de que no se haga por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta y por conducto de comerciante establecido y acreditado.

Art. 969. El precio de la venta se entregará al tutor si las fianzas o garantías que tuviere prestadas son suficientes para responder de él, o si estuviere relevado de prestarlas conforme a las fracciones I y III del artículo 521 del Código Civil.

El Juez señalará un término prudente al tutor para que justifique la inversión del precio de lo enajenado.

Art. 970. El Juez cuidará, bajo su responsabilidad, de que se dé al precio que se haya obtenido, la aplicación indicada al solicitar la autorización.

Art. 971. Si el tutor no estuviese relevado de dar garantía y faltare ésta o no fuere suficiente la que hubiere dado, el precio se depositará conforme al artículo 537 de este Código.


Art. 972. Para la venta de los bienes inmuebles del hijo o de los muebles preciosos, requerirán los que ejerzan la patria potestad autorización judicial en los mismos términos señalados en el artículo 966. El incidente se sustanciará con el Ministerio Público y un tutor especial que para el efecto nombrará el Juez desde las primeras diligencias. La autorización se dará para que se verifique la venta fuera de subasta, pero nunca en menos de la cantidad que hubiere de servir de base para el remate.

También requerirán los padres autorización judicial para gravar los bienes inmuebles de sus hijos o consentir la extinción de derechos reales, observándose en lo relativo las disposiciones del párrafo anterior, para obtenerla.

Art. 973. Para recibir dinero prestado en nombre del menor o incapacitado, necesita el tutor la autorización judicial, que sólo podrá concederse con audiencia del curador.

Art. 974. Para transigir sobre derechos de menores o incapacitados, deberán observarse en lo relativo las disposiciones de los artículos anteriores, teniendo presente que la autorización deberá recaer sobre las bases de la transacción propuesta, observándose en su caso lo que se dispone en los artículos 565 y 569 del Código Civil.

Art. 975. Cuando en virtud de la transacción reciba el menor alguna cantidad, se observará lo dispuesto en este capítulo.

Art. 976. Lo dispuesto en los artículos que proceden (sic )preceden?) se aplicará el (sic )al?) gravamen y enajenación de los bienes de ausentes, así como el (sic )al?) arrendamiento por más de cinco años de bienes de los ausentes, menores o incapacitados.

Art. 977. La venta de los bienes indivisos pertenecientes a mayores y menores de edad, se hará con sujeción a este Capítulo teniendo en cuenta lo que se dispone en el artículo 565 del Código Civil.


CAPÍTULO IV
DE LA ADOPCIÓN

Art. 978. El que pretenda adoptar deberá acreditar los requisitos señalados por el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, debiéndose observar lo siguiente:

I. En la solicitud se deberá manifestar el tipo de adopción que se promueve, el nombre, edad y si lo hubiere, el domicilio de la niña o niño o persona con incapacidad que se pretende adoptar; el nombre, edad y domicilio de quienes en su caso ejerzan sobre él la patria potestad o tutela, o de la persona o institución de asistencia social, pública o privada, que lo haya acogido.


A la solicitud se acompañará certificado médico de buena salud, estudios socio económicos y psicológicos del o de los pretensos adoptantes. Dichos estudios serán realizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa o por institución que a juicio del juez sea suficiente;

II. Cuando el menor hubiere sido acogido por una institución de asistencia social, pública o privada, el presunto adoptante o la institución según sea el caso, recabarán constancia del tiempo de la exposición o abandono para los efectos del artículo 445, fracción IV, del Código Civil;

III. Si hubieran transcurrido menos de seis meses de la exposición o abandono, se decretará el depósito de quien se pretende adoptar con el presunto adoptante, entre tanto se consuma dicho plazo;

IV. Si no se conociera el nombre de los padres o no hubiere sido acogido por institución de asistencia social, pública o privada, se decretará la custodia con el presunto adoptante, por el término de seis meses para los mismos efectos, siempre y cuando ello, sea en beneficio del pretenso adoptado.

En los supuestos en que el menor haya sido entregado a dichas instituciones por quienes ejerzan en él la patria potestad, para promover su adopción en cualquiera de sus dos formas, no se requerirá que transcurra el plazo de seis meses a que se refiere el presente artículo, y

V. Tratándose de extranjeros se deberá acreditar su legal estancia o residencia en el país y así como la autorización para adoptar.

Los extranjeros con residencia en otro país deberán presentar certificado de idoneidad expedido por la autoridad competente de su país de origen que acredite que el solicitante es considerado apto para adoptar; constancia de que el menor que se pretende adoptar ha sido autorizado para entrar y residir permanentemente en dicho Estado; autorización de la Secretaría de Gobernación para internarse y permanecer en el país con la finalidad de realizar una adopción.

La documentación que presenten los solicitantes extranjeros en idioma distinto al español, deberá acompañarse de la traducción oficial, la misma deberá estar apostillada por el Cónsul mexicano.

(Ref. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 979. Rendidas las constancias que se exigen en el artículo anterior y obtenido el consentimiento de las personas que deben darlo, conforme al Código Civil, el juez resolverá dentro de cinco días, lo que proceda sobre la adopción.
Ref. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)


Art. 980. Cuando el adoptante y el adoptado pidan que la adopción simple sea revocada, el juez los citará a una audiencia verbal, para que dentro de los tres días siguientes, se resuelva conforme a lo dispuesto en el artículo 408 del Código Civil.
(Ref. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 980 Bis. Si el adoptado fuere menor de edad, para resolver sobre la revocación se oirá previamente a las personas que prestaron su consentimiento conforme al Código Civil, cuando fuere conocido su domicilio o, en su caso, se oirá al Ministerio Público.
(Adic. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 980 Bis-1. Para acreditar cualquier hecho relativo a la revocación, las partes podrán ofrecer toda clase de pruebas, conforme a las disposiciones de este Código.
(Adic. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 980 Bis-2. Cuando el adoptante o adoptantes soliciten la conversión de la adopción simple a plena y se reúnan los requisitos previstos en el artículo 405 del Código Civil, el juez los citará a una audiencia verbal dentro de los ocho días siguientes con la intervención del Ministerio Público, luego de la cual se resolverá lo conducente, en el término de ocho días.
(Adic. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 981. Los procedimientos de revocación en materia de adopción simple, se seguirán por la vía ordinaria.
(Ref. por Dec. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

Art. 982. Cuando se apruebe la adopción o se deje sin efecto el Juez cumplirá lo que previenen los artículos 402 y 411 del Código Civil.


CAPÍTULO V
DE LAS INFORMACIONES AD PERPÉTUAM

Art. 983. Las informaciones Ad perpétuam podrán decretarse cuando sólo tenga interés el promovente y se trate:

I. De justificar algún hecho o acreditar algún derecho;

II. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble;

III. Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real.


La información se recibirá siempre con citación del Ministerio Público; en los casos de las fracciones primera y segunda, con citación también de los colindantes y del Encargado del Registro de la Propiedad de la comprensión donde estuviere ubicado el inmueble, y los comprendidos en la fracción tercera con audiencia del propietario y de los demás partícipes del derecho real, cuando los haya.

Art. 984. Cuando se pretenda acreditar la posesión de bienes inmuebles para los efectos del artículo 2904 del Código Civil, la solicitud deberá contener la descripción precisa del inmueble, que abarcará sus dimensiones y colindancias y todos los demás datos necesarios para su exacta identificación. Deberá acompañarse el certificado mediante el cual se demuestre que el promovente no está en el caso del artículo 1154 del Código Civil. En caso de que este certificado no se acompañe o de que la descripción del inmueble no sea precisa se desechará de plano la solicitud.

Asimismo se acompañará a la solicitud, si se trata de una finca o solar urbano, una fotografía de la misma. Si se trata de finca rústica deberá acompañarse un plano.

Presentada la solicitud, se mandará publicar por tres veces, de diez en diez días, un edicto que contenga un extracto de ella, en el Periódico Oficial y en otro de los de mayor circulación que se edite en el lugar más cercano al de la ubicación de los bienes, citando a los que se crean con derecho para que se presenten a oponerse. También se publicará el edicto fijándolo durante veinte días, cuando menos, en la puerta del juzgado y en los demás sitios públicos de costumbre. En el edicto se hará saber al público que la fotografía o el plano del inmueble está expuesto en los estrados del Juzgado.

A las personas que aparezcan como colindantes en la solicitud, tan pronto como ésta sea admitida en el juzgado se les remitirá copia de la misma. Si no se conoce su domicilio las copias serán entregadas a las personas encargadas de los inmuebles colindantes. Igualmente deberá remitirse copia de la solicitud a la Oficina Recaudadora que corresponda a la ubicación de los bienes. Esta oficina dentro del término de quince días deberá informar al Juzgado si aparece o no registrada a favor de otra persona en su totalidad o una parte de ella. En caso de estar registrada deberá ser citado personalmente el interesado a la audiencia en que se reciba la información para que exponga lo que a su derecho convenga. (Decreto N1 103 del 13-V-1948, P.O. 15-V-1948, tomo XL, Núm. 56).

Art. 985. Una vez satisfechos los requisitos que establece el artículo que antecede, de lo cual se pondrán constancias en autos, si no se hubiere presentado opositor, el juez señalará día y hora para recibir la información testimonial. Esta no se recibirá si no se cuenta con la presencia personal del Agente del Ministerio Público y del respectivo registrador de la propiedad.

Para la práctica de esta diligencia no se presentarán interrogatorios por escrito. (Decreto N1 103 del 13-V-1948, P.O. 15-V-1948, tomo XL, Núm. 56).

Art. 986. Los testigos serán por lo menos tres, cuyo arraigo en el lugar de ubicación de los bienes deberá certificar la más alta Autoridad Municipal que corresponda a dicho lugar.


Tanto el juez, como el Agente del Ministerio Público y el encargado del Registro Público de la Propiedad tienen obligación de cerciorarse de la idoneidad de los testigos y hacerles cuantas preguntas sean necesarias para indagar si conocen los bienes de que se trata y les consta que el promovente ha poseído con todos los elementos necesarios para que opere la prescripción adquisitiva y en general sobre la veracidad de su dicho. Para aquellos testigos que no sean conocidos por el Juez o por el Secretario, se exigirá la presentación de dos que abonen a cada uno de aquéllos.

El Ministerio Público y las personas con cuya citación se reciba la información, podrán tachar a los testigos por circunstancias que afecten a su credibilidad.

Cuando haya datos o indicios que inclinen a sospechar que el promovente trata, mediante la información, de despojar inmuebles, o defraudar al Fisco, o de cometer cualquiera otro delito, el Juez, a petición del Ministerio Público, suspenderá la información, en cualquier estado en que se encuentre, hasta en tanto se efectúen las investigaciones que estime pertinente el Ministerio Público.

No se recibirá la información si no fueron citados debidamente los colindantes. (Decreto N1 103 del 13-V-1948, P.O. 15-V-1948, tomo XL, Núm. 56).

Art. 987. Recibida la información, el Juez, sin hacer declaración alguna, mandará que se protocolice en la Notaría que designe el promovente, quien recibirá el testimonio respectivo para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

En los demás casos ordenará que se entreguen originales las actuaciones al promovente.

La resolución que no admita o niegue la solicitud de información será apelable en ambos efectos. (Decreto N1 103 del 13-V-1948, P.O. 15-V-1948, tomo XL, Núm. 56).

Art. 988. Si hubiere oposición y se fundare en título debidamente registrado con anterioridad, sin más trámite el Juez declarará sin lugar la información.

Art. 989. No tendrá valor la información cuando se hubiere recibido habiendo juicio pendiente o anunciado, aun cuando se pretenda que se ratifique ante el juez.


CAPÍTULO VI
DEL APEO Y DESLINDE

Art. 990. El apeo y deslinde tendrán lugar cuando no se hayan fijado los límites que separan un fundo de otro u otros y cuando hay motivo fundado para creer que no son exactos ya porque naturalmente se hayan confundido, ya porque se hayan destruido las señales que los marcaban, ya porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.

Art. 991. Tienen derecho de promover el apeo:

I. El propietario;


II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio;

III. El usufructuario.

Art. 992. La petición de apeo deberá contener:

I. El nombre y posición de la finca que debe deslindarse;

II. La parte o partes en que el acto deba de ejecutarse;

III. Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo;

IV. El sitio en donde están y donde deban colocarse las señales; y si éstas no existen, el lugar en donde estuvieron;

V. La designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento.

Con la solicitud se presentarán los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia.

Art. 993. Recibida la promoción la mandará el Juez hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión, nombren perito si quisieren hacerlo y señalará día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde.

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno a la hora de la diligencia.

Art. 994. El día y hora señalados, el Juez, acompañado del Secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la practicará conforme a las reglas siguientes:

I. Verificará el apeo asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren los interesados;

II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar, es de su propiedad.

III. El Juez, al ir demarcando los límites del punto deslindado, otorgará posesión al promovente de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando;


IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el Tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo.

Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer en juicio ordinario;

V. El Juez mandará que se fijen las señales con mojoneras convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales.

Los puntos respecto de los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente.

Art. 995. Los gastos de apeo se harán a prorrata por el que lo promueva y los propietarios colindantes; pero el Juez podrá a su arbitrio eximir de la obligación de contribuir a los gastos, a los colindantes que sean notoriamente pobres.


CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES RELATIVAS A OTROS ACTOS
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Art. 996. Se tramitará en forma de incidente que habrá de seguirse con el Ministerio Público en todo caso:

I. La autorización judicial que soliciten los emancipados por razón del matrimonio, para enajenar o gravar bienes raíces, o para comparecer en juicio, en este último caso se les nombrará un tutor especial;

II. El permiso para que los cónyuges celebren contratos entre ellos o para obligarse solidariamente o ser fiador uno del otro, en los casos del artículo 175 del Código Civil.

III. La calificación de la excusa de la Patria Potestad en los casos a que se refiere el artículo 449 del Código Civil. (Decreto N1 122 de 2 IV 1970, P. O. de 9 IV 1970 y Decreto N1 24 del 9-V-1975, P.O. de 21-V-1975, tomo LXVII, Núm. 61).

Art. 997. Para (sic )Podrá?) decretarse el deposito: de menores o incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o a tutela y que fueren maltratados por sus padres o tutores; reciban de éstos ejemplos perniciosos a juicio del Juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las leyes; de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieren.

El menor de edad que deseando contraer matrimonio necesita acudir a la autoridad competente para suplir el consentimiento de sus padres, puede solicitar al Juez determine sobre su custodia.

En ambos casos no son necesarias formalidades de ninguna clase, asentándose solamente en una o más actas las diligencias del día. (Decreto N1 24 de 9-V 1975, P.O. de 21 V 1975, tomo LXVII, Núm. 61).


TÍTULO XVI
DEL PROCEDIMIENTO EN LOS NEGOCIOS DE LA
COMPETENCIA DE LOS JUECES MENORES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 998. Los Jueces menores tendrán la competencia que determine el Supremo Tribunal de Justicia, en los términos del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado.

Se sujetarán a las disposiciones de este título y en lo no previsto, a las reglas del juicio ordinario y el desahogo de las pruebas en forma oral. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 999. Para estimar el interés del negocio se atenderá a lo que el actor demande. Los réditos, daños y perjuicios, no serán tenidos en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda aun cuando se reclamen en ella.

Cuando se trata de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo.

Art. 1000. El Juez menor, en cualquier estado del juicio en que encuentre que no es de su competencia, ya sea por cuantía, territorio o materia, suspenderá el procedimiento y remitirá lo actuado al competente. (Decreto N1 795 de 19-IV-1989, P.O. de 3-V-1989).

Art. 1001. En estos juicios las partes no tienen derecho de recusar al Juez, pero éste, bajo su responsabilidad, deberá inhibirse de su conocimiento si concurre alguna de las causas a que se refieren los artículos 170 y 171.

Art. 1002. La demanda podrá formularse por escrito o verbalmente y bastará que se expresen los hechos que la motivan, el interés de la reclamación y lo que se pida del demandado, para que se le dé curso. Si se funda en documentos deberán desde luego presentarse.

Art. 1003. Cuando la demanda se formule verbalmente, el interesado comparecerá ante el Juez y de la exposición que haga de lo que reclama del demandado y de los hechos en que se funde, se levantará acta que firmarán el mismo promovente y el Juez y Secretario del Juzgado.


Cuando el compareciente no sepa firmar se hará constar esta circunstancia y al margen del acta imprimirá sus huellas digitales.

Art. 1004. Presentada la demanda y los documentos en que se funde o una vez levantada y autorizada el acta cuando aquélla se formule verbalmente, el mismo día dispondrá el Juez que se corra traslado de ella a la parte demandada, emplazándola para que la conteste y además citará a las partes fijándoles día y hora para que se presenten personalmente a la audiencia de contestación y de avenimiento.

Esta audiencia deberá verificarse a más tardar seis días después de presentada la demanda, salvo que el demandado resida fuera del lugar del juicio, en cuyo caso el Juez hará la citación atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones, sin que el retardo exceda de otros seis días.

Art. 1005. El emplazamiento y citación deberán notificarse el mismo día en que se dicten, pudiendo hacerlo aun el mismo Juez, el comisario del Juzgado o la persona encargada de ello o bien el gendarme de punto, en el domicilio señalado en la demanda o en el lugar que indique verbalmente el interesado cuando acompañe al que deba hacer la notificación, si así lo solicita el promovente.

Art. 1006. Siempre se entregará a la parte demandada copia simple de la demanda y de los documentos en que se funde y se le dejará cédula aun cuando se le haya encontrado personalmente. En el reverso de dicha cédula se insertará el texto de los artículos 1007, 1008, 1011, 1015 y 1018, o cuando menos la síntesis de los mismos.
Cuando la demanda se hubiere formulado verbalmente, el Juez ordenará la expedición de la copia del acta en que se hizo constar para los efectos del párrafo anterior.

Art. 1007. La reconvención no se admitirá en estos juicios sino cuando la acción en que se funde estuviere también sujeta a la competencia de los Jueces Menores.

Art. 1008. El día y hora señalados para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 1004, principiará ésta ordenando al (sic )el?) Juez, en presencia de las partes, que se dé lectura a la demanda y a la contestación si ésta se hubiere producido con anterioridad. Cuando la contestación no se hubiere producido o no se refiera a cada uno de los hechos de la demanda, el Juez concederá la palabra al demandado para que la conteste, previniéndole que se refiera a todos los puntos de ella y apercibiéndolo de que se le tendrá por conforme con los hechos a que deje de referirse.

El Juez podrá conceder el uso de la palabra hasta por dos veces a cada una de las partes y si se formula reconvención, se le concederá precisamente al actor para que la conteste sujetándose a las disposiciones de este artículo.


Art. 1009. Oídas la demanda y la contestación el Juez procurará que las partes lleguen a un avenimiento. Si lo obtuviere, después de hacer constar los términos del mismo condenará a aquéllas a estar y pasar por lo que hubieren convenido, con efectos de cosa juzgada y dará por concluido el negocio.

Art. 1010. Si no se logra el avenimiento prevendrá luego el Juez a las partes que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes rendir para demostrar las acciones y excepciones que respectivamente hubieren hecho valer; resolverá sobre la admisión de las pruebas, en el mismo acto; dará luego por concluida la audiencia y señalará día y hora para que las partes se presenten a una nueva audiencia, que deberá tener lugar dentro de los ocho días siguientes; previniéndoles que en ellas se recibirán sus pruebas, y se oirán sus alegatos a efecto de pronunciar la sentencia que corresponda.

Art. 1011. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se observaran (sic )observarán?) las reglas siguientes:

I. Las partes deberán concurrir a absolver personalmente las posiciones que se les articulen, para lo cual se les citará una vez con el apercibimiento de tenerlas por confesas si no concurren a absolverlas y para hacer la declaración bastará con que así lo solicite la contraparte;

II. Principiará el Juez recibiendo las pruebas ofrecidas por la parte actora y, terminadas, recibirá las de la demandada;

III. Las pruebas deberán referirse a los hechos citados en la demanda y su contestación, que no hayan sido confesados por la parte a la que perjudiquen;

IV. Las partes podrán hacerse mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos, los que deberán presentar en el acto de la audiencia. La parte que objete un documento manifestará precisamente el motivo por qué lo objeta y lo justificará si no acepta la objeción la contraria. En general se procederá a recibir y practicar las pruebas que se ofrezcan a menos que con causa justificada se suspenda la audiencia o el Juez así lo disponga, en cuyo caso se señalará nuevo día y hora para reanudarla y recibir o practicar en ella exclusivamente las pruebas pendientes;

V. El Juez podrá hacer libremente las preguntas que juzgue convenientes a cuantas personas estuvieren presentes en la audiencia, carear a las partes entre sí o con los testigos y a éstos los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos;

VI. Iniciada la recepción de las pruebas admitidas no se admitirán otras a menos que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin demostrar tachas;


VII. El Juez oirá las alegaciones de las partes, para lo cual concederá hasta diez minutos a cada una y en seguida podrá pronunciar su fallo en presencia de ellas, de una manera clara y sencilla. En caso contrario pronunciará la sentencia dentro de los tres días siguientes.

Art. 1012. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo pronunciamiento. Si de lo que expongan o prueban las partes resultare demostrada la procedencia de alguna de las excepciones de incompetencia o de falta de personalidad en el actor, el Juez resolverá lo procedente y dará por terminada la audiencia.

Art. 1013. Antes de pronunciar el fallo el Juez exhortará de nuevo a las partes a una composición amigable y si logra la avenencia, dará por terminado el juicio observando en lo conducente lo que dispone el artículo 1009.

Art. 1014. Si a la hora señalada para la celebración de la audiencia a que se refieren los Artículos 1004 y 1008 no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa de veinticinco a doscientos cincuenta pesos, que se aplicará al reo por vía de indemnización y sin que se justifique haberse hecho el pago no se citará de nuevo para el juicio. (Decreto N1 170 de 3-III-1977, P.O. de 7-III-1977, Núm. 28).

Art. 1015. En el caso del artículo anterior, si el que dejó de concurrir fuere el demandado, y no hubiere contestado la demanda, si consta que fue debidamente notificado el emplazamiento, de lo que se cerciorará el Juez con especial cuidado, se presumirá contestada la demanda en sentido afirmativo y continuará el juicio por sus demás trámites. Cuando el reo se presente en el curso del juicio se continuará con su intervención según el estado en que se halle, bien sea que se hubiere contestado la demanda o bien que no se hubiere hecho.

Art. 1016. Si al anunciarse el despacho del negocio no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no expedida la cita y podrá expedirse de nuevo si el actor lo pidiere.

Lo mismo sucederá cuando no concurra el demandado y aparezca que no se le citó debidamente o que el emplazamiento no fue hecho por lo menos con anticipación de veinticuatro horas a la celebración de la audiencia prevenida por el artículo 1004.

Art. 1017. En el acta de cada audiencia constará un resumen de lo expuesto por las partes, lo relativo a las pruebas que se hubieren recibido, las resoluciones pronunciadas en ella y todo lo que el Juez juzgue necesario.

Art. 1018. Si alguna de las partes no concurre o se retira antes de que concluya cualquiera audiencia, se le tendrá por notificada de las resoluciones que allí se dicten, se entenderá que renuncia a los derechos que estando presente hubiere podido ejercitar y por confesa respecto de las posiciones previamente formuladas que en ella debiera de absolver y la diligencia se continuará con la sola intervención de la parte que se hallare presente, sin perjuicio de las disposiciones relativas de este Código.

Art. 1019. Cuando fuere necesario suspender la audiencia por haberse ofrecido pruebas fuera del lugar del juicio, el Juez, tomando en cuenta la distancia, señalará día para la reanudación, y lo hará saber al Juez exhortado para que con toda oportunidad disponga la recepción de las pruebas y devuelva el exhorto y al reanudarse la audiencia se dará cuenta con las pruebas practicadas.

Art. 1020. Ninguna suspensión se concederá por término mayor de tres días para reanudar la audiencia, excepto en el caso de que sea motivada por la necesidad de recibir pruebas fuera del lugar del juicio.

Art. 1021. Cuando se ejercite acción ejecutiva fundada en título que motive ejecución, con arreglo al artículo 434, despachada ésta y practicado el requerimiento y embargo de bienes o cuando el actor se reserve el derecho de señalarlos, en el caso del artículo 459 se ordenará el emplazamiento del demandado y continuará el juicio por sus demás trámites. Esto mismo se observará cuando se ejercite la acción hipotecaria una vez que se fije la cédula respectiva, y cuando se trate de juicios de desocupación fundados en la falta de pago de las rentas, después de observar lo que previene el artículo 476 y sin perjuicio de acatar también, en lo relativo, las disposiciones de los artículos 477 y siguientes del Capítulo.

Art. 1022. Los términos establecidos por disposiciones que aun cuando no comprendidas en este capítulo deban observarse y que no excedan de tres días, se tendrán por fijados en sus respectivos casos; los que excedan, se reducirán a la mitad, para cuyo efecto los que fueren de un número impar de días se aumentarán en un día más, pero de manera que en ningún caso la mitad que se tome pueda exceder de ocho días.

Art. 1023. Los incidentes que se promuevan en estos juicios se resolverán juntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlos antes o que se promuevan después de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo, sino que se decidirán de plano.

Si se promueve revocación se fallará de plano.

Art. 1024. En estos juicios no habrá condenación en costas, pero los gastos de ejecución serán siempre a cargo del demandado.

Art. 1025. Contra las sentencias dictadas en estos juicios sólo procederá el recurso de revisión para el único efecto de que el superior resuelva si se violaron o no las reglas del procedimiento. Contra las demás resoluciones se concederá el recurso de revocación si se interpone en el momento de conocerlas.

Art. 1026. La revisión deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia o de la fecha en que deba surtir sus efectos. Interpuesto el recurso, el Juez remitirá desde luego los autos al de Primera Instancia correspondiente, y éste, dentro de los tres días siguientes al en que reciba el expediente, resolverá si fue interpuesto en tiempo o fuera de éste el recurso.


En el primer caso, dentro del mismo término revisará de oficio los autos y si encuentra que no hubo violación sustancial del procedimiento que hubiere dejado sin defensa el (sic )al?) recurrente, así lo declarará y devolverá los autos al inferior para que ejecute el fallo. Si encontrare alguna violación dispondrá se devuelva el expediente para que el inferior reponga el procedimiento desde el punto en que se hubiere cometido.

En el segundo caso, cuando encuentre que no ha procedido la revisión por haberse interpuesto el recurso extemporáneamente, también dentro de los tres días así lo declarará y devolverá los autos para la ejecución.

Art. 1027. Contra las resoluciones que se pronuncien por el Juez de Primera Instancia, en los casos del artículo anterior, no se dará recurso alguno.

Art. 1028. Las sentencias se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según los jueces lo creyeren debido en conciencia.

Art. 1029. Los jueces tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto dictarán todas las medidas necesarias, en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes, sin contrariar las reglas que siguen:

I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, las interrogará el Juez acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto;

II. El condenado podrá proponer fianza de persona abonada para garantizar el pago y el Juez, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza según su arbitrio y si la aceptare, podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aun mayor tiempo si el que obtuvo estuviere conforme en ello. Si vencido el plazo, el condenado no hubiere cumplido, se procederá de plano contra el fiador, que no gozará de beneficio alguno;

III. Llegado el caso, el ejecutor, asociado de la parte que obtuvo y sirviendo de mandamiento en forma de (sic )la?) sentencia condenatoria, procederá al secuestro de bienes conforme a las reglas generales contenidas en este Código.

Art. 1030. El tercero que considere perjudicados sus derechos al ejecutarse la sentencia en estos juicios, ocurrirá al Juez presentando sus pruebas, y éste con audiencia inmediata de las partes resolverá si subsiste o no el secuestro o el acto de ejecución practicado, sin decidir sobre la propiedad de la cosa ni sobre los hechos controvertidos.


TÍTULO XVII
DE LA CONCILIACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

1031 al 1045. DEROGADOS. (Los artículos del 1031 al 1045 fueron derogados por Decreto N1 81 de 29-VI-1984, P.O. Núm. 78 de 29-VI-1984).


TRANSITORIOS

Art. 11. Este Código entrará en vigor el día primero de diciembre del corriente año.

Art. 21. La sustanciación de los negocios de jurisdicción contenciosa que estén pendientes en primera o única Instancia al entrar en vigor este Código, se sujetarán a las disposiciones del anterior, hasta pronunciarse sentencia. La tramitación de la apelación contra el fallo que se dicte en esos negocios, se sujetará a este Código; pero para la procedencia del recurso regirán las disposiciones del Código anterior.

La sustanciación de los negocios de jurisdicción voluntaria, se acomodará desde luego a las disposiciones de este Código.

Art. 31. La tramitación y resolución de las apelaciones pendientes al entrar en vigor este Código, se sujetarán a las prescripciones de la ley anterior.

Art. 41. En los casos definidos por los dos artículos anteriores, procederá la caducidad de la instancia en los términos fijados por este Código.

Art. 51. Si para la interposición de un recurso o para el ejercicio de algún otro derecho en la tramitación de los negocios pendientes al expedirse este Código, estuviere corriendo un término y el señalado en él fuere menor que el fijado en la ley anterior, se observará lo dispuesto en esta última.

Art. 61. Los interventores, en los concursos que estén pendientes al expedirse esta Ley, serán nombrados conforme a ella en la primera junta de acreedores que se efectúe, salvo que el nombramiento deba hacerse por el Tribunal al procederse al de síndico provisional.

Art. 71. Los síndicos que estén nombrados en los concursos, garantizarán su manejo dentro del plazo de tres meses, contados desde el día siguiente al de la vigencia de este Código, bajo pena de ser removidos de plano si no lo hacen, y salvo que la mayoría de acreedores los dispensen de tal obligación.

Art. 81. Los interventores que estén nombrados en los juicios sucesorios y que administren bienes, garantizarán su manejo dentro del plazo de tres meses, contados desde el día siguiente al de la vigencia de este Código, si no lo hubieren hecho ya, so pena de ser removidos de plano.

Art. 91. Para la regulación y liquidación de las costas en los negocios pendientes al entrar en vigor esta Ley, se observarán las disposiciones de la misma si con su aplicación no se violan derechos adquiridos; en caso contrario regirán las disposiciones anteriores.


Art. 10. Con respecto a los albaceas regirá lo dispuesto por el artículo 4o. Transitorio del Código Civil.

Art. 11. La Ley Orgánica del Poder Judicial queda derogada en todo lo que se oponga al presente Código.

Art. 12. Cuando el Código Civil o alguna otra ley establezca un procedimiento especial, se seguirá éste en todo lo que no contradiga las disposiciones de la presente Ley.

Art. 13. El Supremo Tribunal de Justicia en Pleno y por mayoría de votos, acordará las disposiciones reglamentarias pertinentes a hacer efectivas las disposiciones de la presente Ley.

Art. 14. Salvo lo dispuesto en estos Artículos Transitorios, queda derogado el Código anterior de Procedimientos Civiles, sus reformas y las leyes de la materia en todo lo que se opongan al presente Código.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta.

JUSTINO RUBÍ
Diputado Presidente

ROBERTO LIZÁRRAGA J. MIGUEL CECEÑA
Diputado Secretario Diputado Secretario

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa, a los nueve días del mes de octubre del año de mil novecientos cuarenta.

El Gobernador Constitucional del Estado,
CNEL. ALFREDO DELGADO

El Secretario General de Gobierno,
LIC. ALFREDO CRISTERNA


TRANSITORIOS:
(Del Decreto No. 602, publicado en el P. O. No. 87 de 21 de julio de 1995)

ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reformas iniciarán su vigencia a los treinta días de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos de revocación y apelación que procedan en contra de las resoluciones dictadas en fecha anterior a la de entrada en vigor del presente Decreto, serán tramitados conforme a las reglas procesales contenidas en las disposiciones legales que dejan de tener vigencia.

(Del Decreto No. 433, publicado en el P.O. No. 153 de 20 de Diciembre de 2000)

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

(Del Decreto No. 454, publicado en el P.O. No. 015 de 02 de febrero de 2001)

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las adopciones que se encuentren en trámites, a la fecha de publicación de las presentes reformas, se resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- No obstante, si en las adopciones que actualmente se tramitan hubiere la voluntad del adoptante de obtener la adopción plena, podrá seguirse el procedimiento establecido por el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO.- Las adopciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto podrán convertirse a plenas, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por este Decreto.
(Del Decreto No. 358, publicado en el P.O. No. 097 de 13 de Agosto de 2003)

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

(Del Decreto No. 664, publicado en el P.O. No. 100 de 20 de agosto de 2004)

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.


(Del Decreto No. 363, publicado en el P.O No. 095 de 09 de agosto de 2006)

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.